Resolución 1144/2015

Fecha de la disposición: 2 de Julio de 2015
 
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Resolución 1144/2015Bs. As., 02/07/2015

VISTO el Código Procesal Penal aprobado por Ley N° 27.063 y su Ley de Implementación N° 27.150, la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa N° 27.149, el “Régimen para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio Público de la Defensa” aprobado por Resolución DGN N° 230/11 —modificado por Resolución DGN N° 416/14—, el “Reglamento de locaciones de inmuebles” aprobado por Resolución DGN N° 564/07 —modificado por Resolución DGN N° 416/2014—.

CONSIDERANDO:

  1. Que mediante Ley N° 27.063, sancionada el 4 de diciembre de 2014, se aprobó el nuevo Código Procesal Penal de la Nación (Anexo I), aplicable a la investigación de los hechos delictivos que sean cometidos a partir de su entrada en vigencia (artículo 4).

    Que el artículo 3 de dicha ley dispuso que el Código aprobado entraría en vigencia “...en la oportunidad que establezca la ley de implementación correspondiente, la que deberá contener las previsiones orgánicas pertinentes tanto con relación a los órganos jurisdiccionales como a aquellos otros encargados de su aplicación”.

    Que en lo que aquí interesa, el Anexo II de la Ley Nº 27.063 estableció un Programa de Capacitación en el ámbito de la Procuración General de la Nación y de esta Defensoría General de la Nación, dedicado a la formación de empleados y funcionarios que integran ambos organismos, para la correcta implementación del Código (artículo 1).

    Que asimismo, en dicho Anexo II se dispone la creación de veinte (20) Defensorías Públicas Oficiales en diferentes jurisdicciones (artículos 15 a 32), junto con la creación de los cargos de Magistrados, funcionarios y empleados que demande el funcionamiento de las mismas (conforme Anexo II.II de la Ley).

    Que finalmente, el artículo 35 del Anexo II establece que este Ministerio Público de la Defensa deberá adoptar las medidas necesarias para la cobertura de los cargos previstos y para el cumplimiento de los demás efectos derivados de su implementación.

  2. Que así las cosas, con fecha 10 de junio de 2015, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 27.150 de implementación del Código Procesal Penal de la Nación.

    Que dicha ley establece que el Código se implementará en forma progresiva de acuerdo a sus disposiciones.

    Que en este sentido, el artículo 2 dispone que, en el ámbito de la Justicia Nacional, el Código entrará en vigencia a partir del 1° de marzo de 2016, mientras que en el ámbito de la Justicia Federal la implementación se efectuará en forma progresiva de conformidad con el cronograma que establezca la Comisión de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación que funciona en el ámbito del Congreso de la Nación (creada por la Ley N° 27.063).

  3. Que no puede dejar de señalarse que el día 10 de junio del corriente, el Congreso de la Nación también sancionó la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal —N° 27.148— y, en lo que aquí resulta relevante, la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa N° 27.149.

    Que la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 18 de junio de 2015, fue dictada en consonancia con las reformas que instaura el Código aprobado por la Ley N° 27.063, en tanto y en cuanto establece un sistema adversarial de enjuiciamiento.

    Que por otro lado, de acuerdo a los fundamentos del proyecto elevado a consideración del Poder Ejecutivo Nacional, la norma “...incorpora los estándares alcanzados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y regula las relevantes funciones del organismo como institución de defensa y protección de derechos humanos; garantizando el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral en casos individuales y colectivos”.

    Que cabe poner también en resalto que dicha Ley Orgánica regula, entre otras cosas, lo atinente a las estructuras orgánicas del Ministerio Público de la Defensa de la Nación e incorpora un Consejo Asesor a integrarse con Magistrados de éste Ministerio, un representante de una Organización no Gubernamental y un representante de un Colegio Público de Abogados (conf. artículo 4).

    Que por su parte, la norma dispone la transformación de cargos del fuero penal nacional y federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y federal del interior del país, la cual “...entrará en vigencia de manera progresiva en la medida en que lo disponga la ley de implementación del Código Procesal Penal de la Nación” (artículo 75).

    Que en esta misma tesitura, en virtud de la puesta en marcha progresiva del sistema acusatorio establecido en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación y la necesaria igualdad de armas entre las partes del proceso —aunado a la falta de equiparación existente entre las actuales fiscalías y defensorías en la justicia penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los fueros Criminal, Correccional, de Menores y de Ejecución— el artículo 76 de la Ley dispone la creación de “...cincuenta y cuatro (54) Defensorías Públicas Oficiales de Instancia Única en lo Penal Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, seis (6) Defensorías Públicas Oficiales de Instancia Única en lo Penal de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tres (3) Defensorías Públicas Oficiales de Instancia Única en la Ejecución de la Pena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

    Que asimismo, el artículo 77 dispone la creación de los cargos de Magistrados, funcionarios y empleados para el funcionamiento de las dependencias aludidas en el Considerando precedente.

    Que finalmente, el artículo 79 establece la creación de cargos de funcionarios y empleados para todas las Defensorías Públicas Nacionales y Federales de primera instancia de todo el país con competencia penal existentes hasta el momento de la aprobación de la Ley.

  4. Que como bien puede vislumbrarse, las normas aludidas precedentemente conllevan a una reestructuración de trascendental importancia de este Ministerio Público de la Defensa, que requiere de la articulación de mecanismos adecuados, excepcionales y eficientes a efectos de dotarse de los bienes necesarios para una correcta implementación del Código Procesal Penal de la Nación.

    Que sólo de ese modo podrá alcanzarse una efectiva satisfacción de las necesidades por las que —en forma inminente— atravesará este ministerio (tanto de recursos humanos, como de bienes materiales e inmateriales), circunstancia que imparta directamente sobre el efectivo ejercicio y goce del derecho de defensa en juicio, tutelado por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos incorporados a la Carta Magna.

  5. Que por lo expuesto en el considerando que precede, y a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones mencionadas más arriba, resulta imprescindible la implementación de una reglamentación especial de contrataciones, acorde a la aplicación inminente del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que permita a este organismo adquirir los bienes y servicios que resulten necesarios, como así también efectuar las adecuaciones edilicias pertinentes, bajo el pleno respeto de los principios de transparencia, eficiencia y eficacia.

    Que, asimismo, se torna necesario contar de forma urgente con un mecanismo especial tendiente a la locación de inmuebles necesarios para el funcionamiento de las dependencias de este Ministerio Público de la Defensa.

  6. Que en concordancia con lo expuesto en el considerando que antecede, se instruyó a la Asesoría Jurídica de esta Defensoría General de la Nación para que proyecte el reglamento que por medio de la presente se aprueba.

    Que el reglamento proyectado contiene los lineamientos que a continuación se esquematizan:

    1. Sus disposiciones serán de aplicación a todos aquellos procedimientos de selección que se articulen a efectos de satisfacer las necesidades que requiere la implementación del nuevo Código Procesal Penal.

    2. Procura otorgar una mayor eficiencia al procedimiento para cumplir con los objetivos asignados por la nueva legislación a este Ministerio Público de la Defensa en el plazo establecido en la Ley N° 27.150.

      En tal sentido, cuadra señalar que el reglamento reduce los plazos de publicación establecidos en el actual “Régimen para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio Público de la Defensa”, aprobado por Resolución DGN N° 230/11 —modif. por Resolución DGN 416/14—.

      Asimismo, acorta los plazos en los que deberán expedirse los distintos órganos de la Defensoría General de la Nación que intervienen en el marco de los procedimientos de contratación, en las respectivas áreas de sus competencias.

    3. En esa misma inteligencia, se exige la invitación para cotizar a veinte (20) firmas del rubro y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (U.A.P.E.), lo cual garantiza la debida concurrencia así como la publicidad del procedimiento.

      A lo expuesto, se suma la necesidad de publicación del llamado por un (1) día en el Boletín Oficial con una antelación de cinco (5) días como mínimo antes de la fecha de apertura de las ofertas. Asimismo, se exige la difusión de dicho acto administrativo junto con los pliegos en la página de internet de este Ministerio Público de la Defensa y en la cartelera habilitada para tal fin en el Departamento de Compras y Contrataciones, a partir del primer día de convocatoria hasta la fecha de apertura, cuyo acceso será irrestricto para los...

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