Resolución 111/2019

 
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Ciudad de Buenos Aires, 23/09/2019

VISTO las Leyes Nros. 19.549, 25.506 y 27.446, los Decretos Nros. 434 del 1º de marzo de 2016, 561 del 6 de abril de 2016, 1063 del 4 de octubre de 2016, 1273 del 19 de diciembre de 2016, 894 del 1° de noviembre de 2017 y 733 del 8 de agosto de 2018, y el Expediente Electrónico N° EX-2019-86166898- -APN-SECMA#JGM, y

CONSIDERANDO:

Que la mejora de las capacidades del Estado es una condición necesaria para el desarrollo económico, productivo y social del país, reconociendo como principio rector del quehacer del Estado, que el Sector Público Nacional esté al servicio del ciudadano, en un marco de confianza mutua, focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados.

Que la Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrativo prevé en el artículo 1° inc. b) que los trámites administrativos deben realizarse con celeridad, economía, sencillez y eficacia.

Que es premisa de este gobierno poner en primer lugar al ciudadano, y para ello se debe evitar trasladar a los particulares el costo de gestionar la documentación si la Administración cuenta con los datos, la información y los documentos oportunamente presentados por ellos o producida directamente por un organismo público.

Que es necesario revertir el procedimiento tradicional que pide al ciudadano la presentación de documentación que originariamente es producida por un organismo estatal, o que ya ha sido presentada por el particular, ya que el ciudadano no está al servicio de la administración, sino por el contrario, es la administración la que está al servicio del ciudadano.

Que la defensa de los derechos y garantías de los particulares contempladas en la citada Ley N° 19.549 está directamente relacionada con una administración ágil, que facilite el acceso a las actuaciones administrativas y no utilice al administrado de cadete pidiendo información que ya obra en poder de la administración.

Que en tal sentido, el gobierno ha desplegado una serie de iniciativas tendientes a modernizar el funcionamiento del Estado, y a proporcionar a la sociedad una administración ágil, transparente, eficiente, puntual y de calidad, para lo cual es necesario evitar y superar la fragmentación digital de servicios que pudieran representar una barrera para el acceso de los ciudadanos y empresas a los servicios que brinda la administración.

Que el gobierno nacional ha impulsado una política de modernización y fortalecimiento de la administración pública con el propósito de brindar servicios de manera simple, clara y rápida, en un marco de seguridad y confianza tecnológica y jurídica.

Que el trámite es lo que conecta a los ciudadanos y las empresas con su gobierno, por ende, los trámites ágiles impactan positivamente en el clima de negocios, en la percepción ciudadana del gobierno, y en el acceso a servicios y programas públicos de primera necesidad, por lo que si la administración cuenta con trámites eficientes, toda la ciudadanía se beneficia.

Que siendo que los trámites están distribuidos a lo largo de distintas instituciones de gobierno, y mejorarlos suele requerir recursos tecnológicos, humanos, financieros con los cuales las entidades encargadas de los tramites no cuentan, resulta necesario, para superar esta dispersión y complejidad, constituir un órgano rector para unificar los esfuerzos de modernización y tener capacidad de impulsar cambios transversales y promover la coordinación interinstitucional.

Que existen estudios a nivel internacional que demuestran que la complejidad o sencillez de un trámite son características objetivables y definidas en base a criterios que contemplan, entre otros, mediciones acerca del tiempo necesario para completarlo, cantidad de viajes a la oficina gestora, cantidad de requisitos múltiples, cantidad de trámites asociados o cadena de trámites...

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