República o narcoestado

Quien asuma el gobierno el próximo 10 de diciembre deberá enfrentar una opción crucial para la vida de los argentinos y la ya deteriorada salud de la República: luchar con decisión contra el narcotráfico, revirtiendo el gravísimo retroceso producido en los últimos años, o bien continuar la lenta pero constante entrega del país a los cárteles y bandas de la droga hasta que éstos terminen por conformar el narcoestado cuyos cimientos ya se han tendido y lucen cada vez más sólidos.

No se trata sólo de una decisión acerca de qué política adoptar para luchar contra la delincuencia común y el crimen organizado, sino de resolver si la Argentina permitirá o no que continúe la constante captación de agentes y funcionarios de los tres poderes hasta que un día cobremos plena conciencia de que el régimen republicano y la democracia se han convertido en meras fachadas al servicio de los zares de la droga.

El fortísimo crecimiento de este flagelo comenzó a fines de los años 80, se afianzó en los 90 y alcanzó dimensiones de pesadilla a partir de 2000. Como hemos subrayado en esta columna, el principal responsable ha sido el kirchnerismo, que ignoró y luego quiso minimizar esta lacerante realidad en vez de combatirla.

Su pasividad se volvió cómplice del narcotráfico, una actividad delictiva que trae aparejada una constelación de delitos de suma gravedad, como el lavado de dinero, la compra de funcionarios y los asesinatos en las pugnas entre bandas por dominar territorios para la venta de droga, como lo han sufrido y aún lo sufren Rosario, muchas otras grandes ciudades y vastas áreas del conurbano bonaerense.

Se vio así la estrecha relación entre el negocio de la droga y algunos organismos de contralor, como quedó de manifiesto en el caso de los hermanos Juliá, quienes despegaron con un jet privado desde un aeropuerto militar, hicieron escala en Ezeiza y luego decolaron rumbo a Barcelona con una tonelada de cocaína sin que el avión fuera revisado por el personal de la Aduana en nuestro principal aeropuerto internacional. El caso sólo se descubrió por la acción de las autoridades españolas.

Se vio también que un ex titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Ramón Granero, se encuentra procesado por no haber controlado las inusitadas y totalmente desproporcionadas importaciones de efedrina destinadas al contrabando. Y que otro ex titular del mismo organismo, el sacerdote...