La representatividad adecuada en las “class actions” norteamericanas

Autor:Francisco Verbic
 
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Verbic, La representatividad adecuada de las “class actions” norteamericanas 1
La representatividad adecuada
en las “class actions” norteamericanas*
Por Francisco Verbic
1. El caso “Damnificados Financieros”
El fallo en comentario resolvió confirmar la decisión de primera instancia que
había rechazado la legitimación colectiva invocada por la asociación civil “Damnifi-
cados Financieros”1 en el marco de un proceso mediante el cual ésta pretendía ob-
tener una sentencia que condenara civilmente a las demandadas (diversas entida-
des financieras) por la presunta mala praxis en que habrían incurrido al asesorar a
inversores para la compra de títulos de la deuda pública argentina2.
Si bien el tribunal rechazó el recurso de apelación de la actora por insuficiente3,
las precisiones vertidas a mayor abundamiento y el desarrollo efectuado por la fiscal
general en su dictamen, ponen al descubierto –una vez más– las serias deficiencias
que presenta el instrumental procesal colectivo en el orden nacional, especialmente
a la hora de enfrentar un conflicto colectivo generado por vulneración de bienes indi-
viduales4.
Más allá de las afirmaciones efectuadas por la actora en su escrito de deman-
da, relativas a que la pretensión era entablada con el objeto de suplir el desconoci-
miento jurídico de los consumidores y sortear los obstáculos económicos que su-
puestamente impedían la iniciación de acciones individuales, así como también
aquellas orientadas a demostrar que los derechos de sus representados eran “equi-
valentes” y que la afectación provenía de un mismo acto; tanto la representación fis-
cal como la Cámara estimaron que el caso no presentaba las características necesa-
rias para considerar habilitada la tutela colectiva.
* Extraído del artículo publicado en “Revista de Derecho Comercial”, n° 233, nov.-dic. 2008 (no-
ta a fallo). Bibliografía recomendada.
1 “Damnificados Financieros, Asociación Civil para su Defensa” se encuentra inscripta en el
Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores con el n° 0022.
2 Según se desprende del dictamen de la fiscal general de Cámara, el objeto de la demanda
era obtener “se reintegre a los adquirentes de bonos soberanos argentinos durante el período enero
2000 a diciembre 2001 en las entidades demandadas, una suma equivalente a las cifras líquidas per-
judicadas, sea de capital y/o intereses (todas ellas recalculadas por la pesificación establecida en el
precedente de la Corte Suprema, caso ‘Galli’ –LL, 2005-B-719–)”.
3 El tribunal sostuvo que “el llamado ‘memorial’ no por extenso cumple los recaudos estableci-
dos por el art. 265”, y señaló que la recurrente “abunda en alegaciones y citas jurisprudenciales y
doctrinarias vinculadas con la legitimación activa de las asociaciones de consumidores para represen-
tar intereses patrimoniales divisibles, pero comunes u homogéneos, no obstante lo cual no controvier-
te eficazmente la conclusión de la a quo en el sentido de que esta última característica no está pre-
sente en el caso concreto analizado aquí”.
4 Sobre el conflicto colectivo como noción justificante de la tutela colectiva de derechos, las ca-
racterísticas que lo diferencian del conflicto individual y los distintos modos en que puede provocarse
(por vulneración de bienes colectivos o de bienes individuales), me remito al desarrollo efectuado en
Verbic, Francisco, Procesos colectivos, Bs. As., Astrea, 2007, p. 27 a 41.
Verbic, La representatividad adecuada de las “class actions” norteamericanas 2
La fiscal general distinguió el caso de aquel resuelto por la misma Cámara de
Apelaciones en autos “Unión de Usuarios y Consumidores c/Banco de la Provincia
de Buenos Aires s/sumarísimo”, donde reconoció legitimación a una asociación de
consumidores para accionar en defensa de derechos individuales homogéneos de
carácter patrimonial5.
En aquella ocasión concurrían dos aspectos que fueron determinantes para la
solución adoptada: a) las pretensiones de los afectados eran homogéneas, ya que la
asociación perseguía la restitución de sumas de dinero determinables por medio de
una sencilla operación matemática a través de los datos obrantes en los libros de la
demandada, sin requerir el análisis de la particular situación de cada uno de los
usuarios que habían contratado con el banco, y b) consideradas individualmente, las
lesiones de los interesados carecían de significación y tornaban antieconómico un
reclamo judicial.
En la presente causa, por el contrario, la representante del Ministerio Público
entendió que ninguno de ambos extremos se encontraba reunido. Por un lado, la
pretensión actora carecía de homogeneidad, en tanto exigía el análisis de la situa-
ción particular de cada uno de los miembros del grupo afectado (en especial, el nivel
de conocimiento del mercado financiero) a fin de determinar si el asesoramiento
brindado por las demandadas había sido suficiente para inducirlos a actuar como lo
hicieron. Esta particularidad, se sostuvo en el dictamen, tornaba imposible dictar una
sentencia única que satisfaga los derechos de todos los usuarios. Por otro lado,
tampoco estaba en riesgo el derecho de acceso a la justicia de los miembros del
grupo afectado ya que, a diferencia de lo que sucedía en el caso anteriormente cita-
do, “los montos involucrados no tornan improbable que los inversores accionen indi-
vidualmente en defensa de sus derechos”.
En las precisiones vertidas a mayor abundamiento (luego de afirmar la insufi-
ciencia del recurso), la Cámara transitó por un camino argumental similar. En primer
término, sostuvo que si bien en otras oportunidades reconoció legitimación colectiva
a las asociaciones de defensa del consumidor6 y a la autoridad local de aplicación de
la ley 24.2407, ello sucedió “siempre sobre la base de un denominador o interés co-
mún homogéneo que justifique razonablemente esa alegada representatividad”.
Sentado ello, a fin de evaluar la operatividad del art. 43 de la Const. nacional
consideró aplicables los estándares esbozados por Lorenzetti al votar en disidencia
en la causa “Mujeres por la Vida –asociación civil sin fines de lucro– filial Córdoba
c/Estado nacional”8 (causa fáctica común, pretensión procesal enfocada en el aspec-
to colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que, en ausencia de un
proceso colectivo, se configuraría una grave afectación del acceso a la justicia de los
miembros del grupo). En opinión de la Cámara (completamente alineada con la de la
representación fiscal), el caso planteado por damnificados financieros no reunía el
primero ni el tercero de tales factores.
5 Dictamen n° 105.307, 11/4/05.
6 “Unión de Usuarios y Consumidores c/Citibank s/sumarísimo”, LL, 2006-D-226.
7 “Dirección General de Defensa del Consumidor GCBA c/Banca Nazionale del Lavoro
s/sumar ísimo”, LL, 2003-D-250.
8 CSJN, 31/10/06.

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