La relación de empleo público

• Páginas: 439-486
• Autor: Eduardo Ávalos,Alfonso Buteler,Leonardo Massimino

CAPÍTULO XI

LA RELACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO

I. L    . D,  

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La relación de empleo público consiste en un vínculo jurídico de subor-

dinación de un sujeto particular respecto del Estado, que cumple las funcio-

nes asignadas al órgano institución y se inscribe como especie del género de

los “contratos administrativos”. En el ámbito nacional la relación de empleo

público se encuentra regulada para el ámbito del Poder Ejecutivo por la ley

25.164 (B.O. 08/10/99) y su decreto reglamentario Nº 1421/02, los que han

tenido importantes modicaciones mediante la Ley 27.742 (Ley de Bases y

Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) y su decreto reglamen-

tario n° 695/2024). En el ámbito del Poder Legislativo por la ley 24.600 (B.O.

18/12/95) que se aplica al personal que presta servicios en el Congreso de la

Nación y para el que lo hace en el Poder Judicial, el llamado “Reglamento

para la Justicia Nacional” (Acordada de la CSJN del 17/12/52), sin perjui-

cio de la existencia de numerosos estatutos particulares aplicables a deter-

minados sectores, o bien, convenios colectivos de trabajo según lo previsto

en el art. 2° de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, que haya existido en

el ámbito del sector público una expresa incorporación a dicho régimen, tal

como ocurre con los trabajadores de bancos ociales, agentes de la Dirección

General Impositiva y de la Dirección General de Aduanas (ARCA), entre mu-

chos otros. Asimismo, resultan comunes a todas las disposiciones de la Ley

de Ética Pública Nº 25.188 (01/11/99) y la Convención Interamericana contra

la Corrupción (Ley 24.759, B.O. 17/01/97). En el ámbito de la Provincia de

Córdoba, rige en general la ley N° 7233 (B.O. 07/01/85), reglamentada por

el Decreto 1080/86. Además, existen numerosos regímenes especiales, como

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por ejemplo : Estatuto del docente primario, decreto ley 1910/E/57; Estatuto

docencia media, especial y superior, decreto 214/63; Ley Personal Policial

9728 reglamentada por decreto 763/12; Tribunal de Conducta de las Fuerzas

de Seguridad (Ley Nº 10.731); Personal de Establecimientos de Salud, Ley

7625; Servicio Penitenciario, Ley 8231 reglamentada por el decreto 199/06;

Personal del Poder Legislativo, Ley 9880 y Personal de Casinos, ley 5944.

En general, como requisito de ingreso a la Administración Pública se

exige el de la nacionalidad (ser argentino nativo, por opción o naturalizado)

que constituye uno de los recaudos tradicionalmente presentes en los diversos

estatutos que regulan la relación de empleo público. Sin embargo, la juris-

prudencia ha tenido ocasión de objetar la constitucionalidad de tal tipo de

normas1. También, son necesarias condiciones de conducta e idoneidad para

el cargo, que se acreditan mediante los regímenes de selección que se esta-

blezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública

y la aptitud psicofísica para el cargo. Sin perjuicio del régimen de selección

que se establezca, para la acreditación de la idoneidad, con carácter previo

y obligatorio, se deberá aprobar una Evaluación General de conocimientos

y competencias2. El Concurso Público es la forma más transparente para in-

gresar a la Administración Pública, o bien para ascender en la carrera admi-

nistrativa. También es la forma usual para ingresar a la magistratura y para

acceder a las cátedras universitarias, ya que la idoneidad a que alude el art. 16

de la CN para acceder a los cargos públicos no se presume, sino que hay que

demostrarla. Los concursos en general constan de tres etapas que consisten en

el análisis de los antecedentes de los postulantes, una prueba de oposición que

puede consistir en el dictado de una clase pública en el caso de la docencia o

la solución de un caso judicial en el ámbito forense y una entrevista personal

con el Tribunal de concurso.

No puede ingresar a la Administración quien haya sido condenado por

delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, o el tér-

mino previsto para la prescripción de la pena; el condenado por delito en per-

juicio de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal; el que

tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los delitos

enunciados; el inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos; el sancionado

con exoneración o cesantía en la Administración Pública Nacional, Provincial

o Municipal, mientras no sea rehabilitado; el que tenga la edad prevista en la

ley previsional para acceder al benecio de la jubilación o el que gozare de un

benecio previsional, salvo excepciones; el que se encuentre en infracción a

1 CSJN, “Calvo y Pesini”, Fallos:321:194 (1998); “Hooft”, Fallos:327:5118 (2004); “Gottschau”,

Fallos:329:2986 (2006); “Pérez Ortega (21-2-13), entre muchos otros. El Decreto 695/2024, regla-

mentario de la “Ley de Bases” en su art. 46 establece la posibilidad de eximirse de este requisito.

2 Conf. art. 45 del Decreto 695/2024.

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las leyes electorales; el deudor moroso del Fisco mientras se encuentre en esa

situación y los que hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institu-

cional y el sistema democrático, conforme lo previsto en el artículo 36 de la

Constitución Nacional y el Título X del Código Penal, aun cuando se hubieren

beneciado por el indulto o la condonación de la pena.

Entre los derechos de los agentes públicos podemos mencionar el de la

estabilidad en su empleo; el derecho a una retribución justa; a la carrera admi-

nistrativa; a la capacitación permanente; a la libre aliación sindical; a gozar

de licencias y justicaciones; asistencia social para sí y su familia; a la inter-

posición de recursos administrativos; a la jubilación o retiro: a la renuncia y a

condiciones de higiene y seguridad en el trabajo.

Entre los deberes, enumeramos el de prestar el servicio personalmente,

con eciencia, ecacia y buen rendimiento laboral; observar las normas le-

gales y reglamentarias y conducirse con el público y el resto del personal

con respecto y cortesía; obedecer toda orden emanada del superior jerárquico

competente que reúna las formalidades del caso y tenga por objeto la realiza-

ción de actos de ser vicio compatibles con la función del agente; observar el

deber de delidad que se derive de la índole de las tareas asignadas, guardar

la discreción correspondiente o la reserva absoluta de los asuntos que así lo

ameriten; declarar bajo juramento su situación patrimonial y modicaciones

ulteriores; llevar a conocimiento de la superioridad todo acto, omisión o pro-

cedimiento que causare o pudiere causar perjuicio al Estado, congurar delito

o resultar una aplicación ineciente de los recursos públicos; concurrir a la

citación por la instrucción de un sumario cuando se lo requiera como testigo;

someterse a examen psicofísico según lo determine la reglamentación; ex-

cusarse de intervenir en toda actuación que pueda originar interpretación de

parcialidad; velar por la conservación de los bienes que integran el patrimonio

del Estado; seguir la vía jerárquica correspondiente a las peticiones y tramita-

ciones realizadas y encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias

sobre incompatibilidad y acumulación de cargos.

Con respecto a las prohibiciones, en general a los agentes públicos les está

vedado patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de

terceros que se vinculen con sus funciones; dirigir, administrar, asesorar, pa-

trocinar, representar o prestar servicio remunerados o no respecto de personas

de existencia visible o jurídica que gestionen o exploten concesiones o privi-

legios de administración en el orden nacional, provincial municipal, o que fue-

ran proveedores o contratistas de las mismas; recibir directa o indirectamente

benecios originados en contratos, concesiones o franquicias que celebre u

otorgue la administración en orden nacional, provincial o municipal; mante-

ner vinculaciones que le signiquen benecios u obligaciones con entidades

directamente scalizadas por el ministerio, dependencia o entidad en el que se

encuentre prestando servicios; valerse directa o indirectamente de facultades

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