El reino del revés

Lejos de defender el derecho de propiedad y condenar las usurpaciones, algunas autoridades pretenden penalizar a quienes reclaman que se cumplan las leyesDesde 2015, tal como se ha consignado reiteradas veces desde esta columna editorial, un grupo de violentos encapuchados autodenominados comunidad ataca a vecinos y usurpa propiedades y no pocas hectáreas del emblemático Parque Nacional Nahuel Huapi, quizás uno de los sitios de belleza más impactante de nuestro país. Estas circunstancias han dado lugar a más de un centenar de denuncias en juzgados federales y locales por parte de pobladores de la zona, víctimas de los delitos y de la violencia encarnada por quienes conculcan los derechos de los demás integrantes de la sociedad en aras de afirmar una supuesta identidad sin documentación respaldatoria alguna.Son hechos que afectan no solo nuestra soberanía territorial, sino también el derecho de propiedad consagrado por la Constitución nacional. Sus responsables son grupos de personas que aducen querer "recuperar un lugar sagrado" cuando -cabe la aclaración-eran los pampas puelches y las etnias tehuelches de Saihueque sus pobladores originarios antes de la Conquista.A partir de 2017, salvo algunas intervenciones puntuales, ha existido una marcada anomia gubernamental, y los usurpadores no solo no han sido penados, sino que han redoblado su apuesta por la violencia. Con caras tapadas y palos, ejecutan hechos vandálicos que resultan repudiados por las propias comunidades mapuches -muchas de las cuales habitan la zona-, que mantienen un diálogo pacífico con autoridades y pobladores.La semana pasada, pobladores de resultaron nuevamente atacados y eso dio lugar a que se congregara en el Centro Cívico de Bariloche un grupo de ciudadanos con la intención de apoyarlos, conscientes y preocupados por el impacto que los episodios de los últimos tiempos tendrán, entre otras cosas, sobre el quehacer turístico de la zona. Presentaron un petitorio público para solicitar que el gobierno nacional asegure la libre circulación a lo largo de la ruta 40, ejerciendo el deber de custodia que les es propio, y que la Justicia caiga con todo el peso de la ley sobre quienes toman ilegalmente su control como tantas veces ha ocurrido en los últimos tiempos.Ante esa situación, la sorprendente respuesta del gobierno nacional no se hizo esperar: el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra los promotores de la protesta "en defensa...

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