Regulan a los abogados externos del Estado tras detectar irregularidades

Un abogado argentino, de apellido conocido, litiga con una aguerrida estrategia contra la Argentina en los tribunales del Ciadi, el fuero arbitral del Banco Mundial en Washington. Representa a una multinacional y en las audiencias embiste, una y otra vez, contra las autoridades argentinas. Pero en suelo local, ese letrado, a su vez, recibe abultados pagos del Gobierno por representar en distintos juicios a un importante ente del Estado. Es decir, está de los dos lados del mostrador. Se trata de un caso real.

Inquieto por el agujero negro que implica el pago de millonarios honorarios a abogados privados que representan o asesoran al Gobierno en los juicios contra el Estado, el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, emitió una resolución en los últimos días para controlar, mediante un sistema de declaraciones juradas, las zonas "vidriosas" y los potenciales conflictos de interés de los estudios jurídicos tercerizados. La norma también apunta a auditar los gastos en este rubro, en el marco del plan de austeridad que lanzó el Gobierno.

Hoy los departamentos jurídicos de los ministerios o empresas estatales tienen la potestad de tercerizar servicios jurídicos, a pesar de que el Gobierno tiene un plantel de unos 5000 profesionales del Cuerpo de Abogados del Estado, que perciben sueldos como empleados públicos.

Muchas veces, para materias específicas o en los tribunales internacionales, la contratación de importantes bufetes queda justificada para garantizar una buena defensa. Los montos suelen ser elevados. El kirchnerismo, tal como reveló este medio, le pagó US$169 millones a Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, el estudio de abogados de Nueva York que condujo la disputa contra los acreedores de la deuda en default. En otro caso, en los últimos dos años se pagaron unos $350.000 a abogados locales para que elaboren informes en la demanda iniciada por Casinos Austria International, una empresa de juegos de azar que demandó al país luego de que el gobernador Juan Manuel Urtubey rescindiera su contrato en Salta.

En el Gobierno, en tanto, hizo ruido la situación de un renombrado bufete estadounidense que asesoraba a la Argentina en un juicio contra los acreedores de la deuda pública. Durante el proceso, los abogados requirieron una y otra vez datos clasificados sobre las cuentas argentinas. Ese mismo estudio jurídico tiene entre sus clientes a un hedge fund, un fondo de inversión de estrategias agresivas ávido por demandar al país. Así...