Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 14 de Junio de 2017, expediente A 72672

Presidentede Lázzari-Negri-Soria-Pettigiani
Fecha de Resolución14 de Junio de 2017
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 14 de junio de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresde Lázzari, N., S., P.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.672, "R., H.R. contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".

A N T E C E D E N T E S

  1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La P. revocó la sentencia dictada por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de ese Departamento Judicial que acogió parcialmente la pretensión indemnizatoria promovida en autos (v. fs. 913/924).

  2. Disconforme con ese pronunciamiento, el accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 927/946), el que fue concedido por la Cámara actuante mediante el decisorio obrante a fs. 948/949.

  3. Dictada la providencia de autos (v. fs. 953), glosado el memorial de la parte demandada a fs. 958/964, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

    C U E S T I Ó N

    ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

    V O T A C I Ó N

    A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

  4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación de la demandada, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto estimó parcialmente la pretensión, rechazó la demanda entablada y declaró inoficioso el tratamiento del recurso de la parte actora (arts. 55, 56, 58 y concs., C.P.C.A.).

    El actor dedujo pretensión indemnizatoria invocando defectos del sistema judicial, inadecuada prestación del servicio de justicia y error judicial, contra la Provincia de Buenos Aires (Policía de la Provincia de Buenos Aires, Servicio Penitenciario Bonaerense y Poder Judicial provincial) derivada de los daños y perjuicios que alegó haber sufrido como consecuencia de la detención y prisión preventiva de la que fuera objeto durante el lapso de cinco años, desde el 26 de agosto de 1997 (fecha de la detención, convertida en prisión preventiva en noviembre de 1997, causa penal 37.772) y hasta el 11 de mayo de 2002, fecha en la cual se le concedió la excarcelación, resultando finalmente absuelto el día 16 de mayo de 2003 por la Sala Tercera de la Cámara Primera de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro (según constancias de la causa penal 39.282 "Robo doblemente agravado por el uso de arma y en población y en banda y abuso de arma").

    Para así resolver la alzada destacó que en el caso, el magistrado de grado entendió -luego de pasar revista de las constancias de la causa penal, en especial el incidente de excarcelación en el que fue denegado el pedido-, que los magistrados penales incurrieron en una serie de afirmaciones dogmáticas para sustentar la privación de la libertad del imputado, sin justificar la demora; de allí que a juicio deliudexel lapso de prisión preventiva que sufriera el actor constituyó una medida irrazonable, configurando un supuesto de deficiente prestación de servicio de justicia al prolongarse una medida de coacción personal durante un período superior a dos años -teniendo en consideración el plazo fatal del art. 141 del Código Procesal Penal- sin que los magistrados penales hubiesen demostrado la necesidad imperiosa de su mantenimiento de conformidad con las normas legales aplicables al caso.

    Señaló que el juez de primera instancia fundó la condena por la responsabilidad de la Provincia, la que asumió un doble carácter: por actividad jurisdiccional lícita derivada de la prisión preventiva dentro del plazo legal y la posterior absolución del procesado, y por actividad ilícita derivada de la deficiente prestación del servicio de justicia que extendió injustificadamente la prisión preventiva del imputado.

    La Cámara formuló aclaración en torno a la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer en asuntos concernientes a la responsabilidad del Estado derivada del ejercicio de la función judicial, señalando que se halla precluída toda oportunidad para efectuar declaraciones al respecto, tanto de oficio como a pedido de los litigantes (cfr. arts. 8, 31, 34 inc. 1, 35 inc. 1 a e inc. 2, ley 12.008), y que ese óbice se extiende al tribunal de alzada.

    Agregó que, de conformidad a la doctrina mayoritaria de la Suprema Corte de Justicia, el conocimiento del asunto pertenece a la competencia del fuero en lo civil y comercial. Que si bien es cierto que es ésta la primera oportunidad que la Cámara tiene para evaluar lo pertinente, no lo es menos que, de acuerdo a la doctrina de la casación provincial, no es propicio el estado procesal para torcer de oficio y en segunda instancia el rumbo de la causa, desplazándola hacia otro fuero. Resulta evidente que es inaceptable volver sobre este aspecto, en el estado en que se encuentran los autos, en los que ha recaído sentencia definitiva en la instancia anterior.

    El Tribunal consideró, con relación a los agravios de la parte actora, que en el caso no se advierte la presencia de un supuesto de error judicial ni tampoco se mueve la decisión de la causa en ese ámbito, en tanto no se trata del dictado de una condena penal que es luego dejada sin efecto tras descubrirse circunstancias que autorizaron su revisión.

    Afirmó que se ubica la especie, desde la perspectiva que plantea el actor, en el ámbito de la defectuosa prestación del servicio judicial a raíz de haber sido excesiva la privación de su libertad.

    Refirió en ese orden, que la pretensión formulada básicamente sobre el supuesto de dilación de la detención no puede prosperar por no hallarse acreditados los presupuestos que den nacimiento a una obligación resarcitoria, al no encontrarse comprobada la irregularidad o invalidez, por errores de juzgamiento o en el procedimiento, de la privación precautoria de la libertad ordenada en la causa penal, como tampoco de su extensión temporal más allá de los dos años. En consecuencia, no puede tenerse por demostrada -sólo a partir de la consigna de su duración- la presencia de una hipótesis de mantenimiento irrazonable de la duración o de la manifiesta arbitrariedad de la diligencia. Amén que no concurre el supuesto de error judicial, tampoco se advierte configurada la falta de servicio en la que podrían encuadrarse los argumentos desplegados por el accionante (voto de la doctora Milanta, fs. 918 y vta.).

    M. al analizar el recurso de apelación articulado por la parte demandada, que si bien el accionante en la especie argumenta la irregularidad -falta de servicio- configurada a partir de la prolongación excesiva de la medida como de errores e incongruencias cometidos en las causas penales, lo cierto es que no especifica cuáles han sido tales deficiencias.

    Por otra parte, sostuvo ela quoque se desprende de autos que los actos procesales donde el actor centra su pretensión indemnizatoria no han sido tachados de irregulares y se basaron en una apreciación razonada -de acuerdo a la etapa del proceso en que fueron dictados-, de los elementos de juicio existentes hasta ese momento y con sustento en las normas procesales vigentes.

    Estimó que no se han alegado ni probado tramitaciones que descalificaran lo actuado originariamente o deficiencias procesales que tornaran irrazonable la privación y/o extensión preventiva de libertad; y que la detención y prisión preventiva determinaron un lapso de privación cautelar de libertad que superó los dos años. Empero, bajo la expresión de razones y circunstancias que motivaron esa necesidad, no encontrándose acreditadas las condiciones que permitan considerar transgredidos los arts. 7 inc. 3 del Pacto de San José de Costa Rica y 9 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues la pérdida de libertad del imputado se debió al dictado de una detención y prisión preventiva recaídas en el proceso penal, que no denotan ilegalidad ni arbitrariedad en su dictado, y que se mantuvo hasta que le fue conferido el beneficio de la excarcelación.

    Resaltó a su vez que del propio auto de conversión de la detención en prisión preventiva se desprende la complejidad de la causa, que luego fuera aducida por el Jugado de Primera Instancia y por el Tribunal de alzada, a fin de desestimar el pedido de beneficio de excarcelación que, finalmente, fue concedido un año y medio más tarde, continuando en situación de procesado. La libertad del encartado, entonces, fue la consecuencia del beneficio de excarcelación mientras continuaba en calidad de imputado, ello sin perjuicio de la posterior absolución del señor R. en una de las causas penales...

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