Reforma de la Constitución provincial

• Páginas: 225-227
• Autor: Jorge Horacio Gentile

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL

Es difícil que la Constitución de Córdoba cumpla el año próximo

diez años de su última e integral reforma, sin que la Legislatura deba-

ta la necesidad de su reforma. Los proyectos de los senadores Jorge

Celli, de la Unión Cívica Radical, y de los independientes Prudencio

Bustos Argañaraz y Haide Giri son un indicio de ello.

No se trata de pensar en una nueva Constitución, como prácti-

camente lo fue la de 1987, debido a que, en términos generales, la

crítica le fue favorable dentro y fuera de la provincia; incluso muchas

de las ideas que contiene o que se plantearon en la Convención fueron

llevadas al debate o al texto de la reforma de la Constitución Nacio-

nal de 1994.

EL ARGUMENTO MAYOR

La asunción del gobernador Ramón Mestre, cinco meses antes

de la fecha prevista, ha creado un desfase de los mandatos del eje-

cutivo y el legislativo, que hay que resolver antes de que asuma un

nuevo gobernador y se encuentre en los tradicionales 100 primeros

días de “luna de miel” con la Legislatura —tan importantes para

encaminar un gobierno—, con cámaras que tienen mayorías de sig-

no político distinto, y con el relajamiento propio de los que se van,

y sin el ánimo de quienes aspiran a comenzar bien su mandato. El

ejemplo de asunción, también anticipada, del presidente Carlos Me-

nem tuvo un peso significativo para decidir hacer la reforma de 1994

que arregló el desfase.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Y LA LEGISLATURA DE CÓRDOBA

El debate de la reforma de la Constitución provincial en Cór-

doba pasa en primer lugar por la necesidad de reducir el número

de integrantes de la Legislatura y vigorizar —y esto es lo más

importante— su representación y eficacia legislativa y de control

del poder ejecutivo, para evitar que se repita la crisis que estalló

en 1995.

Esto debe complementarse con otras pocas reformas tendien-

tes a fortalecer principalmente los órganos de control, como lo he-

mos señalado en otra oportunidad.

Los 133 legisladores (66 diputados y 67 senadores) que tiene la

Legislatura cordobesa para sus 2,9 millones de habitantes son una

enormidad si los comparamos con los de la Provincia de Santa Fe,

que con unos pocos miles de habitantes más tiene sólo 69 (50 dipu-

tados y 19 senadores), y con los de la Ciudad de Buenos Aires, que

tiene 60 legisladores para 3 millones; San Pablo: 94 para mucho

más de 25 millones; Uruguay: 129 (99 diputados y 30 senadores)

para 3.121.101 (1991); Ecuador: 82 para 10.506.668 (1991); Costa

Rica, 57 para 3.111.401 (1991); Honduras, 128 para 4.949.275 (1991),

y Nicaragua, 90 para 3.751.884 (1991), por poner algunos ejemplos

significativos.

La vigorización pasa por suprimir lo que se hizo en la reforma de

1987, en nombre de la “gobernabilidad” —que en realidad escondía

una pretensión hegemónica complementaria de la reelección de An-

geloz—, cuando se premió al partido del gobierno con una sobrerre-

presentación que castró a la oposición en las decisiones legislativas

y en el ejercicio del control, otorgándole 36 diputados al oficialismo,

cualquiera que fuera la diferencia con los otros partidos, y sólo 30 a la

oposición, y proporciones similares en las elecciones departamenta-

les de los senadores.