Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala II–, 13 de Julio de 2012, expediente 10.193

Fecha de Resolución13 de Julio de 2012
EmisorSala II–

Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 10.193 –Sala II– “Á., G.Y. s/

recurso de casación“

REGISTRO N°20278

la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de julio del año dos mil doce, se reúne la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el juez doctor A.W.S. como P. y las juezas doctoras A.M.F. y A.E.L. como vocales, asistidos por la Secretaria, doctora M.J.M., a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs.

16/16vta. de la causa n° 10.193 del registro de esta Sala,

caratulada: “Á., G.Y. s/recurso de casación”; intervienen representando al Ministerio Público el señor F. General ante esta Cámara, doctor R.G.W., y la doctora L.B.P. por la defensa.

Efectuado el sorteo para establecer el orden de emisión de votos, resultaron designados para hacerlo en primer término el juez doctor A.W.S. y en segundo y tercer lugar las juezas doctoras A.E.L. y A.M.F., respectivamente.

El señor juez doctor A.W.S. dijo:

-I-

1°) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, en la causa n° 34.553 de su registro, por resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, resolvió confirmar el auto de fs. 14/16 en cuanto había declarado la nulidad de todo lo actuado y sobreseyó a G.Y.A., por la presunta comisión del delito de aborto propio en calidad de autora.

Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso el recurso de casación de fs.

1/4vta., el que fue concedido a fs. 20/20vta. y mantenido a fs.

25/25vta.

2°) Que en su escrito de fs. 1/4vta., el representante del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, al fundar el remedio intentado señaló que el auto impugnado era arbitrario, puesto que aplica el plenario 1

Natividad Frías

no sólo a la imputada sino también a los eventuales coautores, cómplices o instigadores, respecto de los cuales el citado pronunciamiento habría mantenido la validez de la notitia criminis. En esa línea, manifestó que la sentencia debía ser considerada como equiparable a definitiva, pues impedía toda prosecución de la acción penal.

En cuanto al fondo de la cuestión, argumentó que no obstante la controversia jurídica existente acerca de la conducta de la mujer que consiente el propio aborto, a la luz del art. 88 del Código Penal no hay duda de su punibilidad ni de qué bien jurídico viene a tutelar esa norma, razón por la cual no debe ser materia de los jueces evaluar o sopesar las razones de política criminal que llevaron al legislador a prever la reacción penal para tal comportamiento.

Sostuvo que se debe analizar la legitimidad del impedimento de proceder a investigar la comisión de un delito contemplado en la legislación nacional por vía de disposiciones procesales locales. En este sentido, a su entender, cobraba particular importancia la doctrina del citado plenario “Natividad Frías” respecto de los posibles coautores,

instigadores o cómplices.

Concretamente, afirmó sobre el punto que “[a]quí, en esta causa, G[…] Y[…] A[…] está sobreseida y esa decisión además no fue recurrida por el Ministerio Público en primera instancia. Lo que sí se puso en tela de juicio fue, justamente,

la declaración de nulidad pues la denuncia del médico respecto de coautores, instigadores y cómplices era, incluso para aquellos que votaron por la mayoría en el precedente Natividad Frías, absolutamente válida.”(v. fs. 3)

Si bien el fiscal no discute el sobreseimiento de la imputada, que se encuentra firme, señala que en los casos en que el profesional de la salud denuncia un aborto, lo hace con justa causa, en atención al bien jurídico que intenta proteger,

prevalente frente al deber de guardar secreto médico.

Asimismo sostuvo que “[i]mpedimentos de carácter procesal no pueden derivar en la tácita derogación de normas establecidas en nuestros ordenamiento de fondo, en nuestra Constitución Nacional y en tratados internacionales.”. Con cita del precedente “Z.D.” de la Corte Suprema de Justicia 2

Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 10.193 –Sala II– “Á., G.Y. s/

recurso de casación“

de la Nación concluye que, encontrándose en juego intereses jurídicos de distinta entidad, debe estarse al que reviste mayor repugnancia al ordenamiento jurídico y, siendo ello así,

los impedimentos procesales deben ser sencillamente desatendidos frente a la norma sustantiva.

Finalmente, se agravia del desconocimiento que habría hecho el a quo respecto de la noticia que tuvo el médico asistente de G.Y.A. de la conducta investigada por la información que le proporcionó su concubino, quien además brindó detalles acerca de quién y de dónde se había practicado el aborto. En este sentido, resalta que no fue la mujer la única que puso en conocimiento del galeno el suceso investigado, lo que agrava la arbitrariedad del pronunciamiento en crisis, pues decretada la nulidad se impide todo impulso ulterior respecto de terceras personas.

3°) Que en el término de oficina se presentó la defensora pública oficial Dra. L.B.P. propiciando el rechazo del recurso de casación (fs. 28/31).

Sostuvo que el Ministerio Público Fiscal pretendía someter a revisión cuestiones de hecho y prueba, bajo pretexto de una supuesta arbitrariedad que el fallo no presentaba.

Entendió que una vez declarada nula el acta que había dado inicio a las actuaciones, no podía el fiscal valerse de ella a ningún otro efecto. Refirió que el médico no estaba obligado a denunciar pues se encontraba amparado por el deber de guardar el secreto profesional ya que estaba en juego la intimidad de la paciente, por lo que las manifestaciones de su pareja no podían ser evaluadas. Así, sostuvo que pretender que A. declare como testigo implicaba no sólo una revictimización,

sino también la exteriorización de un accionar privado que no habría sido conocido por el poder punitivo si no fuera por la violación del secreto profesional.

Que al momento de confirmar la nulidad dispuesta a fs. 14/16, y de todo lo actuado en consecuencia, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad escuetamente consideró, en virtud del plenario “Natividad Frías” ya citado, que “[n]o [cabía] instruir sumario contra la mujer que haya causado su propio aborto o consentido en que otro se lo causare, sobre la base de la denuncia 3

efectuada por un profesional del arte de curar que haya conocido el hecho en ejercicio de su profesión[...]” (fs.

16/16vta. de esta incidencia).

A fs. 33/35 vta. se presentó el F. General ante esta instancia y solicitó que se haga lugar al recurso de casación.

3°) Que a fs. 41 se dejó debida constancia de haberse superado la etapa prevista en el art. 465 del C.P.P.N.

-II-

Que el recurso interpuesto es formalmente admisible,

pues satisface las exigencias de interposición (art. 463

C.P.P.N.) y de admisibilidad (art. 444 C.P.P.N.); además el pronunciamiento en crisis constituye una de las decisiones enumeradas en el art. 457 C.P.P.N. y es recurrible a tenor del art. 458 del código de rito en tanto impide el progreso de la acción.

-III-

Que el recurrente se agravia del alcance que el a quo asigna a la nulidad declarada. Sostiene que, de acuerdo con la invocación de los fundamentos y conclusiones del plenario “Natividad Frías”, no se debía cerrar toda posibilidad de continuar el proceso penal en contra de otras personas que no fueran la mujer que acudió al hospital a causa de una infección provocada por un aborto inducido.

Empero, y más allá de todo su esfuerzo argumental, no asume que sin perjuicio de lo resuelto en in re “Natividad Frías” la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional acordó a la nulidad el alcance señalado reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,

en cuanto señala que: “Conceder valor a medios probatorios obtenidos por vías ilegítimas y apoyar en ellas una sentencia judicial, no sólo es contradictorio con el reproche formulado,

sino que compromete la buena administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria del hecho ilícito por el que se adquirieron tales evidencias” (Fallos: 308:733, también 306:1752).

Más recientemente, el máximo tribunal recordó: “Que,

a partir del caso "R." (ver considerandos 52 y 62, Fallos:

308:733), esta Corte ha establecido que si en el proceso existe 4

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recurso de casación“

un solo cauce de investigación y éste estuvo viciado de ilegalidad, tal circunstancia contamina de nulidad todas las pruebas que se hubieran originado a partir de aquél, y la regla es la exclusión de cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas, porque de lo contrario se desconocería el derecho al debido proceso que tiene todo habitante de acuerdo con las garantías otorgadas por nuestra Constitución Nacional. Esta doctrina aparece reiterada in re "R." (Fallos: 310:1847)

"Francomano" (Fallos: 310:2384), "D." (Fallos: 317:1985) y,

más recientemente, en "P.C.” (Fallos: 333:1674).

En este sentido, debo señalar que tanto el a quo como la jueza de instrucción consideraron que no existía un cauce alternativo de investigación y no corresponde a esta instancia reemplazarlos en cuestiones de hecho que se encuentran, a esta altura definitivamente decididas.

No obstante ello, menester es consignar que no puede considerarse como independiente y válida para habilitar la investigación la información que pudiera haber brindado la pareja de la imputada, como lo propone el recurrente. Esa...

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