La recuperación de activos de la corrupción

Numerosos sectores ciudadanos, escandalizados por los elevadísimos niveles que alcanzó la corrupción de los últimos años, reclaman con justicia que el castigo a los funcionarios involucrados no se limite a la condena que los magistrados determinen, si ésta alguna vez llega, sino que también los obligue a reintegrar los bienes y caudales malversados o robados.

Difícilmente podría haber serios disensos en esta materia, en la que se busca una acción ejemplificadora que impida que, una vez cumplida la condena, quien ha delinquido goce con toda tranquilidad de los bienes mal habidos.

La discusión, en cambio, puede girar alrededor de los aspectos legales para compatibilizarlos con nuestra legislación. Por ejemplo, la eventual vulneración del derecho a la propiedad, del que nadie puede ser privado en forma arbitraria. La extinción del dominio para que el Estado recupere lo que fue malversado o mal habido se basa en que ese dinero o los bienes que se obtuvieron con fondos ilícitos no son legítimos ni gozan de protección legal. Se trata de un procedimiento especial que es independiente del proceso judicial.

La Constitución nacional de 1853 suprimió la figura de la confiscación de bienes, tan usada por los caudillos provinciales y por Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires para castigar a quienes se animaban a oponerse a sus regímenes. No se trata de sancionar ideas ni tampoco de penalizar gestiones de gobierno, sino de imponer el debido castigo por hechos comprobadamente delictivos cometidos durante el ejercicio de funciones de gobierno.

Durante la gestión de Gustavo Beliz al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad se elaboró un programa para destinar los fondos que se recuperaran de la corrupción de los años noventa a planes educativos y de interés social. Resulta vital para estos casos la contratación de abogados de los países en los que los fondos están radicados.

Distintas naciones sortearon exitosamente el desafío. Perú demostró que es definitivamente posible recuperar activos generados por actos de corrupción cuando logró la repatriación de considerables sumas saqueadas por el ex presidente Alberto Fujimori y varios de sus colaboradores. Filipinas rescató también cuantiosos fondos transferidos por el corrupto matrimonio Marcos.

Por desgracia, la experiencia argentina es muy diferente e indica la imperiosa necesidad de contar con instrumentos capaces de revertir el actual estado de cosas y la impunidad resultante.

El principal motivo por el...