El reconocimiento de situaciones familiares transfronterizas en el derecho internacional privado argentino

Autor:Luciana B. Scotti
Cargo:Abogada, egresada con Medalla de Oro (Universidad de Buenos Aires-Argentina/UBA)
Páginas:105-131
RESUMEN

El presente trabajo abordará el método de reconocimiento, aplicado en particular en las situaciones familiares internacionales, en pos de su eficacia transnacional, como mecanismo superador, bajo ciertas condiciones, de los clásicos métodos del Derecho Internacional Privado. A tales fines, se realizará una revisión de sus antecedentes, fundamentos, y requisitos a la luz de la doctrina y la... (ver resumen completo)

 
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AMALIA URIONDO DE MARTINOLI
formas de discriminación contra la mujer de 18 de diciembre de 1979 (artículo 2. c); y
la Convención sobre los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989 (artículo 12.2).
La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 22 de noviembre de
1969 reconoce, en el artículo 7, el derecho que tiene toda persona a la libertad y a
la seguridad personales. A través del apartado 1 del artículo 8, titulado “Garantías
judiciales” los Estados partes se comprometen a respetar el derecho de toda persona
a ser oída “con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter”. En el artículo 25. 1 sobre “Protección judicial”, expre-
samente dispone que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
Conforme al diseño de la Convención, se trata de un derecho-deber. Derecho
para los habitantes de la Nación y deber del Estado que se compromete en adoptar
todos los recursos legales y técnicos suficientes para asegurar que el acceso a la
justicia se torne realmente operativo y no quede sólo en una expresión retórica o
de deseos3. La interrelación entonces, no sólo es posible sino querida por las nor-
mas supranacionales, tal cual lo prescribe la Convención Americana al declarar la
correlación entre deberes y derechos, disponiendo que toda persona tiene deberes
para con la familia, la comunidad y la humanidad (art. 32, apartado 1).
No debe olvidarse, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos deviene
en guardián de la tutela de los derechos asegurados en la Convención. Este tribunal
ejerce el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas, lo cual demuestra
que “los custodios jurisdiccionales nacionales están custodiados por custodios ju-
risdiccionales internacionales y supranacionales”4.
En esta materia, la Corte IDH ha sido extremadamente clara. Así, sostuvo en
“Cantos vs. Argentina” que: “[...] los Estados no deben interponer trabas a las per-
sonas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean deter-
minados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga
costos o dificulte de cualquier manera el acceso de los individuos a los tribunales y
(3) BARBIERI, P. C. “El acceso a la justicia y la inclusión”, SAIJ (Sistema Argentino de Infor-
mación Jurídica), 11 de marzo de 2015.
(4) NOGUEIRA ALCALÁ, H. “El control de convencionalidad y el diálogo interjurisdiccional
entre tribunales nacional y Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Revista de Derecho Constitu-
cional Europeo (ReDCE) Año 10, Núm. 19, enero-junio/2013, p. 232.
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Revista de la Facultad, Vol. XI • Nº 1 • NUEVA SERIE II (2020) 89-104
que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración
de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención”.
Entre otras cuestiones, la Corte IDH tuvo que decidir si la suma desproporcio-
nada o excesiva de la tasa de justicia fijada por la legislación argentina, resultaba
compatible con los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana. En tal sentido, sostuvo que “[…] si bien el derecho al acceso a la justicia
no es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discre-
cionales por parte del Estado, lo cierto es que éstas deben guardar correspondencia
entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer
la negación misma de dicho derecho”. Asimismo, agregó, que el monto por cobrar
por el rubro tasa de justicia y la correspondiente multa “no guarda relación entre
el medio empleado y el fin perseguido por la legislación argentina, con lo cual obs-
truye, evidentemente, el acceso a la justicia del señor Cantos, y en conclusión viola
los artículos 8 y 25 de la Convención”.
De forma uniforme y reiterada, la Corte IDH ha determinado que: “la garantía
de un recurso efectivo constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Conven-
ción Americana sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en
el sentido de la Convención y que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en
el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente,
sino que los mismos deben tener efectividad (…)”5.
Por su lado, la Comisión IDH “[...] entiende que el derecho a la tutela judicial
efectiva previsto en el artículo 25 no se agota con el libre acceso y desarrollo del
recurso judicial. Es necesario que el órgano interviniente produzca una conclusión
razonada sobre los méritos del reclamo, que establezca la procedencia o improce-
dencia de la pretensión jurídica que, precisamente, da origen al recurso judicial.
Es más, esa decisión final es el fundamento y el objeto final del derecho al recurso
judicial reconocido por la Convención Americana en el artículo 25, que estará tam-
bién revestido por indispensables garantías individuales y obligaciones estatales
(artículos 8 y 1.1)”6.
En “Fornerón e hija vs. Argentina”, la Corte IDH recordó que el derecho de
acceso a la justicia debe asegurar la determinación de los derechos de la persona
en un tiempo razonable, y que su falta de razonabilidad constituye, en principio,
por sí misma, una violación de las garantías judiciales. La razonabilidad del plazo
depende de los siguientes elementos: “a) la complejidad del asunto; b) la actividad
procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación
generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso”.
(5) Corte IDH, caso “Cantos vs. Argentina”, sentencia de 28 de noviembre de 2002, Serie C,
No 97 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 50 y 52.
(6) Comisión IDH, informe 30/97- caso nº 10.087 “Gustavo Carranza, Argentina”- párr. 71.

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