Rechazo político al cambio en el sistema para ajustar la jubilación

El aumento de las jubilaciones y pensiones por la ley de movilidad se transformó anoche en un nuevo escándalo político, luego de que el Gobierno comunicó que había modificado la normativa reglamentaria que especifica cómo hacer el cálculo. Ese cambio da como resultado una baja en el porcentaje de aumento de las prestaciones. Ahora, el tema quedó en suspenso y se definiría hoy, luego de que el presidente se comprometió con diputados oficialistas a rever la cuestión.

Ayer a media tarde, la anunció que los haberes previsionales y los pagos por hijo y otras asignaciones familiares subirían un 12,65%, con lo cual la jubilación mínima pasaría de $ 5661 a $ 6377 y la máxima, de $ 41.474 a $ 46.721. De hecho, el organismo previsional ya tiene hechas las liquidaciones para los pagos de marzo con la aplicación de ese nivel de incrementos, con lo cual si hay una marcha atrás en la nueva disposición eso obligaría al organismo a hacer una compensación posterior.

De no aplicarse la nueva resolución oficial, la suba de las jubilaciones sería del 12,96%. Y las prestaciones mínima y máxima llegarían a $ 6394,6 y $ 46.849 en cada caso.

Horas antes de que se produjera una fuerte reacción política en el Congreso contra la resolución, el director ejecutivo de la Anses, , explicó a LA NACION que las modificaciones fueron hechas para que el cálculo sea exacto, ya que con la metodología usada hasta ahora hay una "pequeña" sobreestimación de los porcentajes. Concretamente, según las explicaciones oficiales, la metodología aplicada hasta ahora sobrevalora la variación de la recaudación de los recursos tributarios que se destinan al pago de jubilaciones . Y entonces, no se refleja fielmente la evolución en la disponibilidad de recursos.

En el organismo previsional insistieron en que no se había realizado un cambio de la fórmula, que está fijada por ley, sino en la reglamentación. Pese a ello, en un momento de la noche había trascendido que Macri podría mandar el tema al Congreso, donde se originó anoche el rechazo. Fue en la Cámara de Diputados, justo cuando se estaba por votar la ley para reformar el régimen de riesgos del trabajo (ART). La aprobación de esa iniciativa estuvo, de hecho, a punto de naufragar.

El rechazo a la medida provino tanto de la oposición como del oficialismo. La más dura fue Elisa Carrió, que planteó una cuestión de privilegio "contra el Poder Ejecutivo" y, a la salida del recinto, anticipó que si no había marcha atrás, pediría la renuncia de...