Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala I, 26 de Octubre de 2020, expediente CCF 001325/2010/CA007

Fecha de Resolución26 de Octubre de 2020
EmisorCamara Civil y Comercial Federal- Sala I

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

Causa 1325/10/CA6 –I– “RECABARREN SILVINA

ANALÍA Y

Juzgado n° 5 OTROS c/ MINISTERIO DE

JUSTICIA

Secretaría n° 9 SEGURIDAD Y DD HH

POLICÍA FED

s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”

Buenos Aires, de octubre de 2020.

Y VISTO, CONSIDERANDO:

El recurso de apelación interpuesto en subsidio por la demandada Estado Nacional a fs. 996/999 ––que fue fundado en ese mismo acto y la contestación de traslado de la D.. M. de fs. 1008/1010––, contra la intimación de pago dispuesta a fs.

995; y:

1.- La abogada R.M.M.,

interviniendo por su propio derecho, liquidó a fs. 992/994 los intereses sobre sus honorarios profesionales, solicitó se intime a la demandada a pagar las sumas adeudadas y pidió se decrete embargo para satisfacer sus acreencias.

En lo que aquí interesa, el señor J. de primera instancia intimó a fs. 995 a la parte demandada para que en el plazo de diez días pague a la acreedora la suma de $116.080

en concepto de honorarios regulados mediante resoluciones de fecha 26.12.19 y 14.2.20, más la suma correspondiente en concepto de IVA, bajo apercibimiento de ejecución.

2.- La demandada Estado Nacional se agravió porque, sostiene, es inadmisible la intimación de pago cursada por el J. de primera instancia dado que viola el art. 22

de la ley 23.982, que establece un procedimiento para afrontar los pagos del Estado Nacional. Agregó que la deuda de referencia sería previsionada para el ejercicio 2021 y que en ningún momento incumplió sus obligaciones.

3.- En primer término, debe ponerse de relieve que el art. 22 de la ley 23.982 dispone que se deberá

comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos Fecha de firma: 26/10/2020

Alta en sistema: 27/10/2020

Firmado por: GUSMAN-URIARTE-ANTELO, JUECES DE CÁMARA

administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1º de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación, como asimismo, que el acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del momento que allí se indica.

De ese modo, “la previsión presupuestaria debe ser suficiente para atender al capital de condena adeudado y las costas, en tanto correspondiere, con sus respectivos intereses hasta el momento del pago, ya que sólo de esa forma es posible cancelar los créditos resultantes de los reconocimientos administrativos o judiciales firmes, tal como lo dispone el art. 22 de la ley 23.982” (esta S., causa 6808/93 del 12.6.08 y sus citas y 2639/99 del 22.9.11).

Una solución contraria terminaría por hacer recaer en la parte acreedora del crédito los efectos derivados del procedimiento previsto en el art. 22 de la ley de consolidación, lo cual no es razonable pues los acreedores debieron someterse y transitar el procedimiento de percepción dispuesto por la ley 23.982 (esta S., causa 9902/00 del 11.9.08).

4.- Por otra parte, este Tribunal también decidió (cfr. causas 7282/92 del 8.4.99, 9888/93 del 23.11.99,

6430/95 del 3.8.2000 y 447/93 del 22.8.00) que no es razonable exigir para el cobro de las sumas que se van devengando en concepto de intereses y costas –derivadas de la falta de cumplimiento oportuno de la sentencia de condena–, que se deba cumplir nuevamente con el procedimiento previsto en el art. 22 de la ley de consolidación 23.982; exigencia que, por lo demás, no impone dicha norma (esta S., causa 4740/94 del 7.9.00).

De lo contrario, ante un incremento de la deuda por el devengamiento de intereses o de las costas impuestas a raíz del trámite judicial, la demandada no puede “pretender que se realice un nuevo trámite para cancelar las sumas que así

resulten. Esa posición conduciría a una sucesión –quizás infinita–

de trámites a los fines de atender a las previsiones presupuestarias necesarias para cumplir con los intereses y las costas derivadas del propio procedimiento del art. 22 citado, con un inadmisible retraso en el cumplimiento de la sentencia y de sus accesorios, a la vez que un innecesario dispendio jurisdiccional y de fondos pertenecientes a la Nación” (causa 4740/94 antes citada).

Fecha de firma: 26/10/2020

Alta en sistema: 27/10/2020

Firmado por: GUSMAN-URIARTE-ANTELO, JUECES DE CÁMARA

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

Aclarado el marco normativo aplicable al caso, debe recordarse que, en el caso particular de autos, la parte demandada ya realizó la previsión presupuestaria pertinente (cfr.

fs. 642/643) para el presupuesto que fue ejecutado en el año 2018,

que comprendía capital, costas e intereses.

En tales condiciones, resulta inadmisible la pretensión de la demandada Estado Nacional de realizar una nueva e innecesaria previsión presupuestaria (para la ejecución del ejercicio 2021) cuando dichas sumas en concepto de honorarios ya fueron incluidas en el ya ejecutado ejercicio 2018

(cfr. fs. 642/643).

En función de todo lo expuesto,

corresponde confirmar la intimación de pago de honorarios de la D.. M. de fs. 995. Las costas de Alzada se imponen a cargo de la demandada en su carácter de parte vencida (arts. 68 y 69 del Código Procesal).

El recurso...

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