Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 8 de Agosto de 2018, expediente CNT 024360/2013/CA001

Fecha de Resolución 8 de Agosto de 2018
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II SENTENCIA DEFINITIVA NRO.: 112 677 EXPEDIENTE NRO.: 24360/2013 AUTOS: RECABARREN, M.F. c/ MEDITECNA S.R.L.

s/DESPIDO VISTO

Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 8 de Agosto del 2018 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

M.Á.P. dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron sendos recursos de apelación la parte demandada y la parte actora en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios (fs. 361/381 y fs.

383/385). A su vez, la representación y patrocinio letrado de la parte actora y el perito contador apelan los honorarios regulados en su favor por estimarlos bajos (fs. 360 y fs.

385).

  1. fundamentar el recurso, la parte demandada se agravia por cuanto la Sra. Juez a quo declaró la inconstitucionalidad del carácter no remunerativo de las sumas acordadas en el CCT aplicable al caso de autos. Cuestiona la condena al pago de la indemnización prevista en el art. 182 de la LCT; y de la contemplada en el art. 80 del mismo cuerpo normativo. Objeta que se haya hecho lugar al pago de la sanción prevista por el art. 15 de la LNE. Se agravia por cuanto la sentenciante de anterior instancia omitió

descontar del monto diferido a condena, las sumas oportunamente abonadas en concepto de liquidación final, así como los aportes y contribuciones correspondientes a las indemnizaciones previstas en los arts. 232 y 233 con su respectiva incidencia del SAC.

Apela que la Sra. Juez a quo “declara de oficio la inconstitucional el art. 4 de la ley 25.561 y aplica actualización del monto de condena e intereses del 36% conforme Acta CNAT Nº

2630”; (indudablemente, el agravio está dirigido a cuestionar la aplicación de actualización RIPTE sobre el monto diferido a condena y la adición de los intereses determinados en el Acta Nº 2601 y 2630 de la CNAT). Por último, plantea la nulidad de la sentencia.

Al fundamentar el recurso, la parte actora se agravia por cuanto se rechazó la indemnización prevista en el art. 10 de la LNE. Por otra parte, y sin perjuicio de que hizo lugar a la sanción que prevé el art. 80 de la LCT, cuestiona que la sentenciante Fecha de firma: 08/08/2018 Alta en sistema: 10/08/2018 Firmado por: C.C.A., Prosecretaria de Cámara Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.A.G., Juez de Cámara #20289553#212669458#20180808111933384 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II de anterior instancia, haya considerado incumplida la obligación establecida en el art. 3 del Dec. 146/01.

Se agravia la parte demandada por cuanto la Sra. Juez a quo declaró la inconstitucionalidad del carácter no remunerativo de las sumas acordadas en el CCT aplicable al caso de autos.

Los términos del agravio imponen memorar que la actora en la demanda dedujo la inconstitucionalidad del carácter no remunerativo de los acuerdos colectivos de junio de 2011, y de cualquier otro que se hubiere celebrado en tal carácter.

Al respecto, en una causa de aristas similares a la presente, mi distinguida colega, la Dra. G.A.G., a cuyas conclusiones adherí (Cfr. B., R.E. c/Telefónica de Argentina S.A. s/despido”, S.D Nº 99.208, del 5/5/2011, del registro de esta Sala), con relación a la invalidez de las cláusulas colectivas que establecieron la entrega de asignaciones no remunerativas mediante Actas Acuerdos suscriptas entre el sindicato que representa a los trabajadores del sector, señaló que “todas las normas jurídicas, cualquiera sea su fuente y aun las provenientes de un convenio colectivo de trabajo, son susceptibles de ser tachadas de inconstitucionales… tanto es así

que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteradamente, e incluso en su nueva integración, ha declarado la inconstitucionalidad de normas de ese origen (ver entre otros, “M.M.C. c/ Administración Nacional de Aduanas s/reincorporación”

sentencia del 3/5/07 M. 1488 XXXVI y “F., O.F. c/Loma Negra CIASA” del 4/9/84, Fallos 306:1208)”.

El hecho de que el rubro se origine en un convenio colectivo no priva al órgano jurisdiccional de la posibilidad de analizarlo en su legitimidad porque la disponibilidad colectiva no puede avanzar sobre garantías consagradas por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales. Desde tal perspectiva, a mi juicio, si bien la disposición convencional pudo ser homologada -en ejercicio de control de legalidad que le compete al poder administrador-, ello no constituye un obstáculo para que, si se corrobora su ilegitimidad, el dispositivo cuestionado no sea aplicado en el caso concreto

.

Agregó la Dra. G.A.G. que “tal como lo había sostenido en anteriores ocasiones, cabe reconocer que, generalmente no ha sido necesario recurrir al difícil expediente de confrontar normas provenientes de la autonomía colectiva y homologadas por el poder administrador (con los efectos erga omnes que ello conlleva)

en determinado contexto fáctico e histórico con las normas y garantías constitucionales que rigen el instituto en juego. Ello se debe a que, en primer término se debe analizar su validez y vigencia dentro de la particular distribución de contenidos normativos que establecen los arts. 8 de la LCT y 7 de la ley 14.250 según los cuales corresponde restar toda eficacia a las disposiciones de los convenios colectivos que resulten menos favorables a las establecidas en la ley. Sin embargo, esa no es a mi juicio la única vía Fecha de firma: 08/08/2018 Alta en sistema: 10/08/2018 Firmado por: C.C.A., Prosecretaria de Cámara Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.A.G., Juez de Cámara #20289553#212669458#20180808111933384 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II para no aplicar una norma convencional vigente si, como en el caso, la contradicción se planteó respecto de normas de jerarquía superior”.

También señaló la Dra. G. que “no se le puede exigir a los trabajadores individualmente afectados que recurran al mecanismo previsto en la ley 19549 para obtener la nulidad de la homologación ministerial -de cuya existencia y alcances incluso pueden no haber tomado razón en tiempo oportuno- y que, tampoco es necesario para plantear la invalidez de la norma con base constitucional que previamente se declare la nulidad del acto administrativo que la homologó, porque también ese procedimiento sujetaría al dependiente a los plazos y formas previstas en la legislación adjetiva”. Agregó que, “a su entender, la invalidez de una norma (legal o convencional)

por resultar repugnante a la Constitución Nacional puede ser declarada en el caso concreto aun sin cuestionarse su génesis (trámite parlamentario, validación administrativa, etc.) y este también parece haber sido el temperamento que en su hora adoptó nuestro Máximo Tribunal”.

Agregó, la Dra. G.A.G. que “como lo enfatizó

recientemente el Dr. F.M. al emitir su voto in re “G.G.D. c/Telecom Argentina S.A. s/diferencias de salarios” (SD 62701 del 11/3/11) “en coincidencia con lo decidido por la Sala X in re “S.M.J.L. y otros c. Telecom Argentina SA s. diferencias de salarios” SD nro. 17289 del 26/2/2010; no corresponde aceptar por imperio de un acuerdo sindical que se atribuya carácter no remunerativo al pago de sumas de dinero en beneficio de los dependientes, ya que la directiva del art. 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, presenta carácter indisponible, sin que la posterior homologación emitida por el Poder Ejecutivo purgue un acto viciado, por cuanto los convenios colectivos de trabajo sólo resultan operativos y vinculantes en tanto no violen el orden público laboral”.

En igual sentido -también en fecha relativamente reciente- se ha expedido la Sala IV de la CNAT in re “S.P.M. c/ AEC S.A.” –sentencia del 20/11/2010 y, con igual criterio se expidió la Sala III de esta Cámara in re “Jaluf, J.L. y otros c/Telecom Argentina S.A.” (sentencia del 30/9/2010)”.

Señaló mi distinguida colega que, “no desconocía que la invalidación de normas de origen convencional debidamente homologadas ofrece justificados reparos porque, como lo puntualizó la doctrina especializada “justamente se considera que la negociación colectiva -en la que participan los representantes de los actores sociales y la autoridad estatal- es la que mejor garantiza el avance de la legislación social y, en esa línea de pensamiento, la revisión judicial de lo acordado por las partes colectivas que, a su vez, obtuvo la homologación de la autoridad ministerial, conlleva admitir la intromisión de la autoridad jurisdiccional en el ámbito de la autonomía colectiva y por fuera de la vía recursiva prevista para cuestionar los actos de la administración” y que “en el ámbito negocial inciden otros factores -además de los Fecha de firma: 08/08/2018 Alta en sistema: 10/08/2018 Firmado por: C.C.A., Prosecretaria de Cámara Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.A.G., Juez de Cámara #20289553#212669458#20180808111933384 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II técnico jurídicos- que las partes signatarias y, en especial, las entidades representativas del sector trabajador han debido considerar (y en su caso, aceptar, repeler, debatir y/o consensuar) para arribar a los acuerdos cuestionados y no es posible considerar la inadvertencia de los actores sociales al momento de adecuar sus pretensiones

(conf.

G.V., A, “Aplicación del Convenio 95 de la OIT por los tribunales argentinos” en RDL 2010-2, “Normas Internacionales del Trabajo y Derecho Interno”, Rubinzal Culzoni...

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