Reactivan una causa contra la Presidenta por el acuerdo con Chevron

La Justicia ordenó investigar a la presidenta por el supuesto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes por la firma de un decreto por el cual convalidó para la explotación del yacimiento de petróleo no convencional de Vaca Muerta.La decisión es de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal Horacio Cattani y Martín Irurzún, con la disidencia de su colega Eduardo Farah.La denuncia fue presentada en julio de 2013 por el diputado de la ciudad Alejandro Bodart, por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el abogado ambientalista Enrique Viale.Por sorteo recayó en el juzgado de María Servini de Cubría, y la magistrada envió el caso al fiscal federal Eduardo Taiano para que decidiera si había razones para impulsar la acción.Pero Taiano entendió que y expuso que se habían cumplido los paso formales antes de su dictado.Entendió que el trámite administrativo previo y los exámenes jurídicos a los que fue sometido el asunto hacen pensar que no fue dictado de manera maliciosa y a sabiendas de que se opone a la ley he Hidrocarburos, como habían sostenido los denunciantes.Servini de Cubría, en una decisión poco frecuente, dispuso directamente la nulidad del dictamen de Taiano. Pero el fiscal apeló ante la Cámara Federal. Sus argumentos fueron sostenidos por su colega Federico Delgado cuando actuó como fiscal de Cámara subrogante.Pero la Cámara rechazó sus razones, confirmó la nulidad del dictamen de Taiano y le devolvió vida a la investigación, que estaba herida de muerte.Taiano había entendido que las conductas denunciadas no eran un delito, pero analizó el asunto como si lo fuera, por lo que la cámara entendió que ésa es la evidencia de que hay una hipótesis delictiva que es necesario investigar.La Cámara entendió que la visión de Taiano sobre los hechos fue "formal" y "parcializada", pues soslayó aspectos no incluidos en la ampliación de denuncia, por ejemplo el hecho de que no se hubiera remitido el decreto a la Comisión Bicameral Permanente que debe analizar los decretos de necesidad y urgencia como el dictado por la Presidenta.Los denunciantes Bodart y Viale señalaron que el decreto presidencial 929/2013, firmado en simultáneo con el acuerdo entre YPF y Chevron, "fue sancionado con la clara intención de beneficiar a dicha petrolera norteamericana en la explotación de hidrocarburos en el yacimiento de Vaca Muerta, sito en la provincia de Neuquén, resultando de ello no sólo un perjuicio para el ambiente y para los...