Reabren una causa de torturas en democracia

La Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenó reabrir la investigación de un caso de torturas que habrían sido cometidas por un efectivo de la Policía Federal en 1988, en plena democracia.

En aquel año, Bueno Alves y su abogado, Alberto Pérez Galindo, fueron detenidos por la Policía Federal. El primero fue torturado para que suministrase datos sobre el letrado y se pudiese así fraguar un procedimiento penal en su contra. Además, el domicilio del profesional fue allanado. Por eso, ambos querellaron al policía René Derecho y al Estado nacional.

Se trataba de un crimen común, cometido en democracia, y no se estaba ejecutando un plan sistemático de violación de los derechos humanos como para considerarlo imprescriptible.

Entonces, en agosto de 2004, la Cámara del Crimen declaró prescripta la causa, pero Bueno Alves recurrió ante la Corte Suprema al considerar que se trataba de un crimen de "lesa humanidad".

En aquel entonces, el titular de la Procuración General, Esteban Righi, se expidió en favor de considerar prescripta la acción penal: sostuvo que los crímenes de lesa humanidad son aquellos cometidos a través de "una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado". En junio de 2007, la Corte argentina se pronunció en ese mismo sentido.

Pero tres meses después, la Corte Interamericana notificó al país su decisión favorable a Alves.

Ayer, la Corte nacional dictó un segundo fallo: en cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana -que, de todas maneras, no consideró que se esté en presencia de un delito de lesa humanidad-, ordenó reabrir el caso.

La sentencia de ayer fue firmada por los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi...