Pérdida de rentabilidad en la ecuación de la fruta

La región productora de manzanas y peras del Alto Valle de Río Negro y Neuquén abastece de un alimento perecedero a más de 70 países en las condiciones de calidad y seguridad alimentaria que demandan los mercados más exigentes.En la exportación de peras, la fruta debe ser cosechada, seleccionada, embalada, enfriada y transportada a más de 10.000 km de distancia en tan sólo 60 días. Esto exige una enorme organización logística que va desde las plantas de empaque hasta el destino final.La Argentina se convirtió en líder mundial en exportación de peras y en uno de los principales de manzanas. La fruticultura es la principal actividad económica de Río Negro. Emplea a más de 60.000 personas en forma directa y genera 3000 millones de pesos de valor agregado en origen.Sin embargo, sostener esos logros no resulta fácil. La actividad se ha vuelto más compleja en función de mayores regulaciones, mayores exigencias administrativas y mayores costos.Debido al narcotráfico, el control aduanero para cada exportación es más exhaustivo, y en alguna aduana las esperas y los sobrecostos son muy significativos. Es necesario asegurar que los controles se efectúen de manera segura, pero con mayor agilidad y a un costo razonable.Otro ejemplo fue la implementación de la instrucción 7 de la Aduana en marzo de 2012, que bloquea el cobro total de los reintegros y recuperos de IVA para aquellos que tuvieran permisos de embarque incumplidos: un exportador, que genera más de 4000 permisos por temporada, con que tenga una diferencia en un permiso, no cobra reintegros a las exportaciones. Las empresas tuvieron que poner personal adicional para rastrear permisos con alguna diferencia (hay reclamos por montos menores, a veces de 2 años para atrás). En muchos casos son diferencias en el procedimiento de liquidación del ingreso de divisas. Aquí las pymes se han visto más perjudicadas, dado que no cuentan con personal suficiente.Siguiendo con las regulaciones, al tratarse de exportación de frutas, el cumplimiento de protocolos fitosanitarios implica una enorme cantidad de requerimientos técnicos, verificaciones y trámites, lo que obliga a contar con un departamento específico fiscalizado por el Senasa. El costo de estos protocolos, como los trámites de Aduana, han tenido una incidencia creciente en el costo final de exportación, lo cual requiere una revisión integral que simplifique toda burocracia posible, que sólo representa mayores costos, debilitando la competitividad de la exportación...