Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - SALA A, 8 de Abril de 2016, expediente FCB 052190014/2013/CA001

Fecha de Resolución: 8 de Abril de 2016
Emisor:SALA A

Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A AUTOS: “RAÚL AIMAR S.A C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS S/ IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO En la Ciudad de Córdoba a ocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis , reunida en Acuerdo la Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: “RAÚL AIMAR S.A C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS S/

IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO” (Expte. N°

52190014/2013/CA1), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación jurídica de la parte actora (fs. 287) en contra de la Resolución de fecha 12 de junio de 2015 dictada por el señor Juez Federal de Río Cuarto, Dr. C.A.O. (fs.

276/281) en cuanto dispuso rechazar la demanda contenciosa administrativa interpuesta por R.A.S.A. en contra de la Administración Federal de Ingresos Públicos confirmándose las actuaciones administrativas cumplidas, esto es, la Nota Externa 85/2012 y la Resolución de fecha 16/10/2012 obrante a fs. 7/9 dictadas por AFIP.

Puestos los autos a resolución de la Sala los señores Jueces emiten sus votos en el siguiente orden: G.S.

MONTES I- EDUARDO AVALOS – I.M.V.F..-

La señora Juez de Cámara, Dra. G.S.M., dijo :

  1. Llegan los presentes autos a estudio y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación jurídica de la parte actora (fs. 287) en contra de la Resolución de fecha 12 de junio de 2015 dictada por el señor Juez Federal de Río Cuarto, Dr. C.A.O. (fs. 276/281) en cuanto dispuso rechazar la demanda contenciosa administrativa interpuesta por R.A.S.A. en contra de la Administración Federal de Ingresos Públicos confirmándose las actuaciones administrativas cumplidas, esto es, la Nota Externa 85/2012 y la Resolución de fecha 16/10/2012 obrante a fs. 7/9 dictadas por AFIP.

  2. La recurrente al expresar agravios hace referencia en primer término a que la capacidad del Ente Estatal de producir Fecha de firma: 08/04/2016 prueba es mayor en relación a la acotada posibilidad que tiene el Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, Firmado por: I.M.V.F., Firmado por: M.V., Firmado por: EDUARDO AVALOS #3444661#150277040#20160408100408854 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A AUTOS: “RAÚL AIMAR S.A C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS S/ IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO contribuyente, por que el sistema de cargas dinámicas establece la obligación de probar a quien tenga capacidad de probar, cediendo el principio general de que quien alega algo debe probarlo.

    Entiende que los tribunales han creado en causas en las que se debate la simulación de actos jurídicos, como ocurre en autos, lo que sería un “deber moral” de aportar las explicaciones y la prueba de la “honestidad, realidad y seriedad del acto”. En particular señala que su representada aportó todo cuanto tenía en el curso de la inspección, detallando cronológicamente los hechos acontecidos desde el 17/06/2010 -fecha en la cual se notifica el inicio de la inspección-, la documentación entregada al Fisco, entidades bancarias donde opera la firma accionante y listado de proveedores con los que realiza las operaciones sujetas a investigación.

    Alude que de la inspección realizada no se detectó alteraciones en los registros, lo que pone de manifiesto la regularidad de la contabilidad de la empresa que representa, como así

    también en las operatorias de los circuitos físicos y financieros. Señala que se cumplieron todos los procedimientos que el Fisco exige, aclarando que la compraventa de equinos tiene una realidad distinta a la de los vacunos, cerdos y la del cereal en general ya que los equinos se adquieren de manera unitaria.

    En relación a la prueba pericial realizada en la causa, manifiesta que la única cuestión verificada radica en diferencias de equinos detectados en las órdenes o notas de compra y los DTA, las restantes que surgen -según informa el profesional interviniente- se encuentran fuera del ámbito empresarial de la actora. Afirma que, de la ampliación del dictamen del perito se desprende que las diferencias detectadas son siempre superiores o iguales a las cantidades de equinos que figuran en las órdenes de compra, y nunca inferiores, por lo que su representada ha respaldado la compra efectuada y el traslado de los equinos y si hubo una diferencia fue en menos, y obedeció a que los equinos prometidos en venta Fecha de firma: 08/04/2016 no estaban disponibles en su totalidad.

    Firmado por: G.S.M., Firmado por: I.M.V.F., Firmado por: M.V., Firmado por: EDUARDO AVALOS #3444661#150277040#20160408100408854 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A AUTOS: “RAÚL AIMAR S.A C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS S/ IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO Posteriormente realiza un análisis pormenorizado de los diferentes puntos de la pericia para concluir que los comprobantes fueron emitidos por la firma actora y respecto de la firmas de las órdenes de compra de los proveedores, sólo se pone de resalto el caso de EPF S.R.L. –donde firman varias personas-, lo cual en modo alguno entiende que puede redundar en contra de su representada ya que no son documentos fiscales ni existe reglamentación o norma que regule la firma de las órdenes de compra.

    Pone de resalto que el perito ha informado que en todos los casos las retenciones de IVA y Ganancias fueron practicadas por R.A.S.A. a todos los proveedores. Cita jurisprudencia del T.F.N.

    donde se consideró que la circunstancia de que los proveedores no reúnan los requisitos necesarios para su funcionamiento, no cumplan con sus obligaciones tributarias o carezcan de capacidad operativa no puede ser imputado al adquirente. Considera que la presunción de legitimidad del acto administrativo no desplaza la carga de la prueba, sino que es la Administración quien debe acreditar los hechos en que se sustentan los actos administrativos que emite y basta que el contribuyente impugne tales actos –alegando falta de prueba- para que sean revocados (cita doctrina donde se analiza el dictamen del procurador del Máximo Tribunal en la causa “Bildown”).

    Se agravia por cuanto el A quo desecha las pruebas aportadas y en especial la pericial judicial sin advertir que no se trata de un acto resultante de un proceso de determinación de deuda en los términos del art. 16 y sgtes de la Ley 11.683 con sus presunciones sino tan sólo un cómputo de un importe considerado “improcedente” en los términos del art. 14 del mencionado plexo normativo.

    Sostiene que la Nota Externa 85/2012 DV F1 RC, (Intimación de pago, RG AFIP 1351/2002 y RG AFIP 2000/2006 –

    Reintegro de Créditos Fiscales atribuible a Exportaciones SUJETO A Fecha de firma: 08/04/2016 FISCALIZACIÓN por la suma de $ 198.675,32 correspondiente a las Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, Firmado por: I.M.V.F., Firmado por: M.V., Firmado por: EDUARDO AVALOS #3444661#150277040#20160408100408854 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A AUTOS: “RAÚL AIMAR S.A C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS S/ IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO Solicitudes de Reintegros de IVA de 01/2006, 02/2006, 04/2006, 07/2006, 08/2006, 10/2006, 12/2006, 03/2007, 04/2007, 07/2007, 12/2007, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 07/2008, 11/2008 y 02/2009 a 01/2010) no es un acto administrativo, sino que el único acto administrativo del procedimiento llevado a cabo fue el denegatorio del recurso impulsado por su representada en los términos del art. 74 del decreto reglamentario de la Ley 11.683.

    Considera que el J. convalidó un procedimiento irregular implementado por el Fisco, consistente en intimar el reintegro de un importe proveniente de IVA de productos exportados.

    Expresa que la Administración devuelve el importe del IVA correspondiente a exportaciones mediante acto administrativo ya que ese es el procedimiento previsto para la materia, y luego en el curso de una fiscalización, detecta supuestamente que dentro de una gama de proveedores de su representada, hay operaciones de cuatro de ellos a los que el Fisco juzga de apócrifos.

    Entiende que el acto administrativo que dispuso el reintegro del IVA debió

    ser dejado sin efecto mediante un procedimiento administrativo regular que permita la defensa previa del administrado, la producción de pruebas y control previo de las aportadas a la fiscalización para que posteriormente se dicte un acto administrativo ajustando las diferencias –si las hubiere- frente al ente Recaudador. Señala que no hay resolución determinativa de deuda y que el Aquo no puede desestimar la prueba invocando el art. 377 del C.P.C.C.N. porque no hubo proceso con prueba y acto administrativo consecuente que oponer al dictamen pericial, sino un mero rechazo de montos por créditos que no son apelables por las vías del art. 76 de la Ley N° 11.683. Recalca que por no estar trasladados los resultados de la inspección a un...

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