Sentencia de Colegio de Cámaras de Apelación en lo Penal - Rosario, 19 de Septiembre de 2019

Presidente1048/19
Fecha de Resolución19 de Septiembre de 2019
EmisorColegio de Cámaras de Apelación en lo Penal - Rosario

ACUERDO N°: 500 - T° XXXII - F° 085/090.

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 19 días del mes de Septiembre de 2019, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces del Tribunal de Apelación Oral, con la integración para el caso de los Dres. C.H. (quien preside); C.L. y B.A., a fin de dictar sentencia definitiva en el legajo judicial CUIJ N° 21-06189293-2 seguido a RAMÍREZ, SANTIAGO ALBERTO, por apelación del fallo N° 651 de fecha 14 de junio del corriente año, dictado por el Dr. Nuñez Cartelle, Juez Penal de 1° Instancia de Rosario, que dispusiera condenar a S.A.R., como autor penalmente responsable del delito de Robo Calificado por Lesiones Graves y agravado por la participación de un menor; absolver al mencionado R. por el delito de Encubrimiento por el beneficio de la duda, y en consecuencia imponiendo la pena de Nueve años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, unificando la misma con resolución n° 891,T° III F° 1078 dentro de CUIJ N°° 21-06516720-1, 21-0643540-4 y 21-06499558-5, a tres años de prisión efectiva y estableciendo como pena única a cumplir la de Doce años de prisión efectiva y accesorias legales, revocando la libertad condicional oportunamente otorgada. (arts. 12, 40 y 41 y 166 inc. 1° en función del 41 quater en todos los casos del Código Penal y 332 del Código Procesal Penal).

Que este pronunciamiento obedece a la interposición del recurso de apelación que formulara la defensora del imputado y la F.ía.

RESULTANDO:

Que el Dr. I.R., Defensor Público del SPPDP en representación del Sr. R. principia su locución haciendo un breve relato de los hechos, Entiende que no se han valorado correctamente las probanzas del juicio, no pudiéndose probar con el grado de certeza requerida para una condena, especialmente en cuanto a las lesiones graves de la victima, señalando que no se cuestionó la ocurrencia del hecho sino la calificación legal y la pena. Explica que el juez basó el agravante en las declaraciones de tres testigos, que son la victima y dos más que fueron los que llamaron al 911 de nombre C. y G., sosteniendo que el juez incurre en un error pues nada de lo que se dice en la sentencia fue lo que los testigos efectivamente declararon en el juicio oral y público. Explica que la Sra. M. -víctima del hecho- dijo en sede F., días luego del hecho, que no sabia quién de los dos ladrones le había pateado la espalda, cuestión que fue ratificada en el juicio, agregando que los restantes testigos no vieron el hecho sino que solamente la huida, con lo cual las 3 personas que, vieron el hecho no pudieron decir quién fue la persona que pateó a la víctima y le generó fracturas en ambas rodillas. Que su asistido niega haber sido quien agredió a la víctima, lo que no se encuentra desmerecido por la prueba, que por tanto no se le pueden endilgar esas consecuencias y que en todo caso el coimputado excedió el plan acordado. Cuestiona también el agravante de la participación del menor, pues el juez entendió que solamente se requiere que la persona sea menor de 18 años, alcanzando únicamente la partida de nacimiento para probar ese extremo y la presencia del mismo, rechazando tal postura la Defensa por entender que se debe probar que esta participación fue utilizada como un descargo de responsabilidad. Entiende que tampoco se probó que R. conociera la minoridad del coimputado, solicitando se corrija la calificación legal por ambos agravantes. Por lo que considera que en caso de confirmarse la autoría penal en cabeza de su defendido la misma sea por el delito de Robo simple. Rechaza la pena escogida por el Juez pues considera que estamos ante una pena mínima de 5 años -en el caso de que se rechacen los agravios en relación a las calificantes y la posibilidad de considerarlo un robo simple-, siendo aplicada una pena de 9 años y 6 meses, la que postula es desproporcionada e inmerecida en este caso en concreto, trayendo a colación informes de asistentes sociales que dan cuenta de su núcleo familiar y de la vulnerabilidad dentro del mismo.

A continuación le es concedida la palabra al representante del Ministerio Público de la Acusación, Dr. R.S., quien rechaza los agravios de la Defensa. Refiere que la Sra. M. al minuto 51.26 del primer día de audiencias declara quién fue la persona que le pegó la patada y que finalmente desembocó en las fracturas y otras lesiones, identificando contundentemente al Sr. R. tanto por la vestimenta como por la posición de acompañante de la motocicleta, siendo que esta versión está avalada por los policías que socorrieron a la víctima momentos después del hecho, uno de ellos de apellido B.. Señala que la declaración del imputado se dio luego de finalizada la etapa probatoria con el único fin de deslindarse de la responsabilidad de la parte más gravosa del hecho, desconociendo además la teoría de las co-autorias funcionales, con lo cual a ambos coautores les corresponde la misma calificación legal. En relación a la agravante de la intervención de un menor de edad, entiende que el razonamiento del A-quo es acertado, aludiendo al debate legislativo, resultando relevante la palabra "intervención" que cubre la autoría, co-autoria y participación del menor, y de todas maneras señala que R. intenta deslindarse de la responsabilidad al declarar.

Seguidamente toma la palabra la Dra. V. expresando los agravios del MPA, entendiendo que la magnitud de la pena no fue correctamente valorada, solicitándose la pena de 11 años de prisión, que considera adecuada en este caso concreto, pues es incluso menor que la escala media para este delito, destacando las consecuencias físicas que sufrió la...

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