Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 4 de Julio de 2019, expediente CNT 011917/2011/CA001

Fecha de Resolución 4 de Julio de 2019
EmisorCÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III

Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA EXPTE Nº 11917/2011/CA1 “RAMÍREZ GLADYS MERCEDES C/ PUENTE HNOS. M.S. Y OTROS s/DESPIDO Y ACCIDENTE – ACCIÓN CIVIL” – JUZGADO Nº 18.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 4/07/2019, reunidos en la S. de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.

La doctora D.C. dijo:

  1. Contra la sentencia de primera instancia (ver fs. 568/579), que rechazó en lo principal el reclamo inicial, tanto del despido indirecto, cuanto de la acción civil, pero condenó a la ART en los términos de la LRT, se alzan la actora y Federación Patronal Seguros S.A., a tenor de los memoriales que obran a fs. 590/591 y 584/588, respectivamente. La primera, con réplica de Puente Hnos. M.S., a fs. 597. La otra, con réplica de la accionante, a fs.

    595/596.

    Por su parte, el letrado de la aseguradora y la perito médica, apelan la regulación de sus honorarios, por entenderla reducida (fs. 580 y 582).

    El Sr. juez de anterior grado, consideró que el comportamiento de la actora al extinguir el vínculo laboral, fue injustificado, por lo que no resultó

    ajustado a derecho. Para así resolver, afirmó que no logró probar un ejercicio abusivo del ius variandi por parte de la demandada.

    Así, entendió que el cambio de lugar de trabajo dispuesto por la empresa resultó razonable. Ello, toda vez que se acreditó la finalización de prestación de servicios en Puente Hnos. M.S.

    Agregó, que “es una consecuencia necesaria y razonable de la celebración de un contrato entre un trabajador y una empresa de servicios –

    como es el caso de una empresa de limpieza- la asignación de destinos variables en función de la rotación de la cartera de clientes. Vencido el plazo de vigencia de un contrato en virtud del cual el trabajador ha sido destinado a trabajar en el establecimiento de un tercero o cuando resulta imposible continuar prestando servicios en la planta de asignación. La consecuencia necesaria es la reasignación del lugar de trabajo, situación que no encuadra en el art. 66 LCT, ya que no se trata de la introducción de modificaciones en las modalidades de prestación de servicios, sino del cumplimiento del contrato de duración indeterminada. La consecuencia inevitable de adoptar una perspectiva rígida sería entender la contratación del trabajador limitada temporalmente al tiempo de subsistencia del contrato entre su empleador y un tercero, lo que excluiría la regla del art. 90 LCT y convertiría a todas las relaciones de trabajo de la actividad en examen, en contratos de plazo cierto o eventuales, con la consiguiente desprotección de los dependientes”.

    Fecha de firma: 04/07/2019 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: M.O.P., JUEZ DE CAMARA #20769467#238968023#20190704124408671 Poder Judicial de la Nación A su vez, el a quo destacó que la parte actora no acreditó que le ocasionara mayores perjuicios, ni mayores gastos, puesto que “la demandada manifestó que abonaría en su caso los viáticos correspondientes”.

    En cambio, hizo lugar a la liquidación final y art. 80 de la LCT por la suma de $ 6.784,27. Asimismo, determinó la tasa de interés del acta nº

    2.630.

    Cabe señalar, que llega firme la condena en forma solidaria de Puente Hnos. M.S., conforme art. 30 de la LCT. Para decir así, precisó

    que “el correcto estado y mantenimiento de las oficinas resultaba indispensable a los fines del correcto desarrollo de la actividad cotidiana en sus oficinas implicando esto un servicio cuya naturaleza resulta inherente a la actividad principal de Puente Hnos MAE SA, y sin la cual, resultaría imposible llevar adelante la actividad diaria que ésta mantiene, permitiéndole a ésta alcanzar el objetivo que persigue como empresa”.

    Por último, impuso las costas del reclamo por despido, en un 70% a cargo de la actora.

    Con respecto al reclamo por acción civil (enfermedad profesional y accidente), llega firme su desestimación, dado que el juzgador de anterior grado consideró que la parte actora no acreditó que las tareas “hubieran contribuido a causar el daño columnario que la perito médica detectó”, ni tampoco se probó el accidente. Así, destacó que de la testimonial, ninguno presenció el siniestro, y con respecto a las tareas de esfuerzo tampoco dieron cuenta de las mismas (“B. refiere que él hacía las tareas más pesadas”).

    En cambio, el J. de anterior instancia hizo lugar al reclamo en forma subsidiaria de la LRT.

    Para decidir así, destacó que “el siniestro de la accionante fue denunciado por la ex empleadora tal como fue reconocido por la ART. La empleadora acompañó, entre otra documental, la copia de la denuncia de siniestro, que obra en el sobre de reservados Nº 3.273”.

    A su vez, sostuvo que la aseguradora “rechazó en el plazo establecido por la normativa reglamentaria las patologías que consideró

    inculpables (“anterolistesis Grado I de L5 sobre S1, asociado a signos de protrusión / seudoprotrusión discal en dicho nivel con evidencias de reducciones foraminales bilaterales”) pero aceptó expresamente “la patología aguda TX LUMBOSACRO”. En cuanto a esta última manifestación resulta fundamental el diagnóstico emitido por la perito médica en cuanto a que “la actora ha padecido un trauma dorso-lumbar en ocasión de su tarea laboral, consecuencia del cual encontramos lesión vertebral con mini fractura y listesis de vértebra lumbar 5”; y que “de los antecedentes y estudios realizados, no surge que tenga patología previa que justifique dicha lesión, por ende la lógica es atribuirla al trauma… “no hay fundamento científico que avale interpretar como degenerativa una lesión ósea cuando ha existido un evento traumático”.

    Fecha de firma: 04/07/2019 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: M.O.P., JUEZ DE CAMARA #20769467#238968023#20190704124408671 Poder Judicial de la Nación Por lo que concluyó, que “la incapacidad detectada por la perito se relaciona claramente con la ‘patología aguda’ que la ART reconoció

    expresamente y por la que otorgó prestaciones médicas de conformidad al régimen vigente; no encontrando patologías de origen degenerativo y pudiendo atribuirlas al accidente en cuestión”.

    Luego, en la especie, no se encuentra controvertido, que la accionante presenta una incapacidad física del 21,17%.

    Asimismo cabe aclarar, que para determinar la indemnización, el J. aplicó el decreto nº 1694/09, dado que la indemnización del art. 14 inc.

    2 ap. a resultó inferior al piso de la norma precedentemente mencionada. Por lo que la suma ascendió a $ 38.106.

    Por último, fijó la tasa de interés del acta nº 2.630 desde la fecha del accidente, y determinó las costas del rechazo de la acción fundada en el Derecho Común respecto de Puente Hnos MAE SA y Alas Blancas SRL, en el orden causado. Y las del reclamo subsidiario, a cargo de la ART.

  2. La parte actora se queja, por la basa dineraria para calcular la indemnización por el accidente de trabajo (sic). Por lo que entiende que se debe tener en cuenta la suma de $ 1.320.

    Con respecto al reclamo por despido, se limitó a indicar que su domicilio es “Catamarca 1520, C., Barrio de Balvanera, que con un colectivo en diez minutos estaba en la sede de Puente Hermanos” y que se pretendió que prestara tareas en “la localidad de Bernal, Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, en la calle F.4., que le insumía más tiempo de viaje. Aunque reconoció que “la demandada puso a disposición los viáticos”.

  3. Preliminarmente, advierto que los agravios de la parte actora, no reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el art. 116 de la L.O., pues no constituye una crítica concreta y razonada del fallo de primera instancia, en la que se demuestre punto por punto la existencia de errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el juzgador, con la indicación de las pruebas de las normas jurídicas que la recurrente estime que la asiste. Ello, por cuanto disentir con la interpretación judicial, sin fundamentar la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista no es expresar agravios. En definitiva, no realizó ninguna pretensión clara de por qué debería prosperar el despido indirecto, ni tampoco a cuánto debería ascender la indemnización fundada en la LRT.

    Es particularmente curiosa, la crítica de la recurrente sobre la indemnización fundada en la LRT. Digo así, pues aun considerando el salario de $1.320, el monto no supera el piso mínimo determinado por el...

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