Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 27 de Mayo de 2013, expediente 3.587/2011

Fecha de Resolución27 de Mayo de 2013

Poder Judicial de la Nación Causa Nº 3.587/11

SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 88765 CAUSA NRO.3.587/2011

AUTOS: “RAMIREZ DOMINGO C/ESTRUCTURAS METALICAS DIN SA ARGENTINA

S/DESPIDO”

JUZGADO NRO. 73 SALA PRIMERA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de mayo de 2.013, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo,

para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo , se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Vilela dijo:

I)- Contra la sentencia de fs.566/576 apelan la parte actora, la demandada y la aseguradora, presentando sus memoriales a fs.585/605, 609/612

y fs.613/614. La perito contadora apela sus honorarios a fs.577.

II)- Se queja el actor porque se desestimaron sus reclamos dirigidos al cobro de las indemnizaciones derivadas del despido indirecto en el que se colocara.

Insiste en que contaba con el alta médica que le permitía reincorporarse a sus tareas, por lo que no era procedente encuadrar su situación en el art.211 de la LCT, ni exigirle la realización de nuevos estudios médicos por su cuenta y a cargo de la obra social. Resalta los términos del intercambio telegráfico, su predisposición a los efectos de que la empleadora ejerciera el control al que la faculta el art.210 de la LCT y las vicisitudes que derivaron en su decisión rupturista, aunada a la imposibilidad de realizarse estudios a través de su obra social, no prescriptos por un médico perteneciente a aquélla. Insiste en que la accionada debía procurar los medios para llevar a cabo los estudios médicos pretendidos por los profesionales por ella propuestos. Por otro lado, solicita la condena a la entrega del certificado de trabajo, y al pago de la sanción por dicha omisión, a cuyo efecto destaca la autenticidad del telegrama de fecha 16/12/2010. Apela la imposición de las costas en la acción por despido y la totalidad de los honorarios regulados, por altos.

Apela el importe del resarcimiento otorgado en concepto de daño material por la minusvalía que padece, y señala que se habría omitido cuantificar el moral –aun cuando hubiera sido admitido-. Por último, requiere la extensión de la condena a la aseguradora,

por el total de la reparación.

La demandada apela que se hubiera considerado que el actor padece una enfermedad profesional, y se queja por la valoración de la pericia médica y de los testigos cuyas declaraciones constituyeron el sustento de la relación de causalidad 1

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admitida en origen. Resalta los testimonios por ella ofrecidos, que darían cuenta de la capacitación y elementos de trabajo con los que contaba el demandante.

Subsidiariamente, apela la limitación de la condena respecto de la aseguradora. Apela la imposición de las costas en la acción por enfermedad, y los honorarios regulados a favor de la representación letrada del actor, de la aseguradora y de los peritos intervinientes,

por altos. La representación letrada de la demandada apela los honorarios que le fueran regulados, por bajos.

La aseguradora cuestiona que se hubiera omitido aplicar el tope en el cálculo de la indemnización por enfermedad accidente, y apela la imposición de las costas y los honorarios regulados a la totalidad de los profesionales intervinientes, por altos.

III)- Memoro que R. se desempeñó en calidad de oficial múltiple –soldador oxigenista (corte de chapa con máquina oxicorte) desde abril de 1986

en la industria que explota la demandada. Gozó de licencia por enfermedad, en el marco del art.208 de la LCT, hasta que el 9 de febrero de 2010 la accionada le comunicó el vencimiento del plazo de licencia referido, y la consecuente reserva del puesto en los términos del art.211 de ese régimen normativo (ver misiva a fs.4).

El actor, a su vez, se resistió a la reserva comunicada, munido de un certificado médico emanado de su médico tratante –por intermedio de la Obra Social de la UOM-, en el cual se dejó constancia de que padece una patología lumbar por protrusiones discales, y se le otorgó el alta para tareas que no demandaran esfuerzos con columna lumbosacra (ver copia a fs.16, de fecha 4/3/2010). La demandada hizo uso de la facultad del art.210 de la LCT y lo envió a su servicio médico para realizar el control (fs.6). El actor concurrió a la revisación pautada para el 10 de marzo, en función de la cual el médico interviniente expresó que, teniendo en cuenta que los estudios presentados por el actor databan de más de un año, era necesario actualizar esos estudios para evaluarlo y dictaminar en consecuencia (ver informe médico laboral en copia a fs.18). El 11 de marzo el actor rechazó el proceder del médico designado por la patronal, al enviarlo a realizar estudios “…que no se compadecen con la obligación de la obra social…” (fs.7), la demandada insistió en intimar al actor “…a que a través de su obra social proceda a nuevos estudios de RNM y de EMG…” (fs.8), lo cual mereció una nueva respuesta del actor explicando que la obra social no accedería a realizar estudios que no hubieran sido indicados por un médico de su plantilla (fs.9). Una vez más, la empresa insistió en ese...

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