Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 14 de Noviembre de 2018, expediente L. 115831

PresidenteKogan-Soria-Negri-Pettigiani-de Lázzari-Mancini-Natiello
Fecha de Resolución14 de Noviembre de 2018
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 14 de noviembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresK., S., N., P., de L., M., N., se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 115.831, "R., A.M. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especifica (v. fs. 270/287 vta.).

Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 309/318 vta.).

Oído el señor S. General (v. fs. 367/370), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ) ¿Corresponde anular de oficio la sentencia de fs. 272/287 vta.?

    En caso negativo:

  2. ) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

    V O T A C I Ó N

    A la primera cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

    1. El tribunal de trabajo interviniente declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y acogió la demanda promovida por la señora A.M.R. -en representación de su hijo menor M.E.O.- contra la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía -con fundamento en la disposiciones del Código Civil- la reparación integral de los daños y perjuicios derivados del fallecimiento del señor J.O.O. (esposo y padre de aquéllos) acaecido el día 24 de enero del año 2002 mientras desempeñaba tareas como policía bajo dependencia de la accionada. En ese orden, dispuso que el Estado empleador sólo debía responder por la porción del daño no cubierta por la Ley de Riesgos del Trabajo, mientras que Provincia ART S.A. -citada al proceso como tercero- debía hacerlo en los límites de la tarifa impuesta por dicho régimen (v. fs. 272/287).

    2. Al responder la vista que oportunamente le confirió el señor Presidente de esta Suprema Corte en relación al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (v. fs. 309/318 vta.), el señor S. General propuso anular oficiosamente la sentencia de grado.

      A su entender, las señoras juezas que intervinieron en segundo y tercer término en el orden de votación no expresaron su opinión "respecto de todos y cada uno de los tópicos que conformaron la propuesta decisoria" formulada por el magistrado que abrió el acuerdo (v. fs. 369 vta.). Sobre esa premisa arribó a la conclusión de que dicho pronunciamiento había sido dictado con inobservancia de las exigencias contenidas en el art. 168 de la Constitución provincial, que impone a los jueces que integran los tribunales colegiados dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir (v. fs. 367/370 vta.).

    3. El primer interrogante planteado merece respuesta negativa.

      En mi opinión, la sentencia del tribunala quoes válida y debe ser comprendida y evaluada a partir de una lectura integral de sus términos.

      Desde esa perspectiva de análisis, parece indudable que las señoras juezas doctoras B. y D.S. (que adhirió a la primera) con sus respectivos sufragios comparten la decisión propuesta por el señor juez doctor Gramuglia, que declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y ordenó reparar integralmente los daños que sufrió M.E.O. por la muerte de su padre. También, en cuanto dispuso que el Estado empleador demandado sólo debía responder por los daños no cubiertos por el régimen especial, mientras que Provincia ART S.A. -citada como tercero- debía hacerlo en los términos impuestos por dicha normativa.

      En efecto, no resulta razonable presumir que la señora jueza doctora B. omitió expresar su opinión al respecto, cuando el contenido de su voto evidencia que -aunque discrepando con las pautas de cotejo que deben utilizarse para verificar la eficacia reparatoria de los regímenes legales (LRT y Cód. C..) y sus consecuencias indemnizatorias- acompañó aquella decisión al declarar que "del resarcimiento integral considerado como procedente en el caso -$ 190.968,10- habrá de deducirse el importe de $ 165.241,24 que corresponde reparar a la aseguradora de riesgos del trabajo bajo los parámetros de la Ley 24.557, encontrándose la diferencia de $ 25.456,86 a cargo del empleador" (v. fs. 286 vta.).

      Dicho señalamiento corrobora que la falta de adhesión expresa a la propuesta decisoria del juez preopinante fue consecuencia de un mero error material subsanable en el propio contexto de la sentencia.

      He señalado en la causa L. 82.773, "Potenza" (sent. de 22-X-2008), que la finalidad de la declaración de nulidad no es -ni lo podría ser- el resguardo de "las formas en sí mismas", o "las formas por las formas mismas", ya que ellas aparecen -en modo primordial- como un vehículo para que las partes puedan impugnar debidamente el fallo y por ende para resguardar el derecho de defensa.

      También destaqué en dicho precedente, que la anulación de oficio no obedece a puro formalismo, sino a la necesidad de no aplicar al recurrente las consecuencias procesales de defectos a los que pudiere ser inducido por la técnica usada en la sentencia.

      No resulta ser este el caso, donde la parte interesada no ha sido inducida a error y accedió a esta instancia extraordinaria con el objeto de recurrir el pronunciamiento de grado sin cuestionar los votos de las señoras juezas doctoras B. y D.S..

    4. Por lo expuesto, considero que -contrariamente a lo dictaminado por el señor S. General- no corresponde decretar la anulación oficiosa de la sentencia dictada en la instancia ordinaria.

      Voto por lanegativa.

      Los señores Jueces doctoresS.yN., por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora K., votaron la primera cuestión también por lanegativa.

      A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor P. dijo:

      1. al voto de mi distinguida colega doctora K., con excepción de lo expuesto en los párrafos sexto y séptimo del punto III, en tanto considero que resulta suficiente -para dar respuesta a la cuestión planteada- lo manifestado en lo restante del mismo.

      Con el alcance indicado, voto por lanegativa.

      Los señores Jueces doctoresde LázzariyM.,por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora K., votaron la primera cuestión también por lanegativa.

      El señor Juez doctorN.,por los mismos fundamentos del señor Juez doctor P., votó la primera cuestión también por lanegativa.

      A la segunda cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

    5. En el veredicto el órgano judicial de grado, tras analizar el material probatorio aportado a la causa, declaró acreditado que el día 24 de enero del año 2002 el sargento O. había perdido la vida "en ocasión de ejercer su condición de policía" durante un acto de servicio (v. fs. 270 y vta.).

      En la etapa de sentencia, con apoyo en la doctrina legal que esta Corte estableciera en la causa L. 80.406, "F." (sent. de 29-IX-2004), juzgó que la actividad laboral del Sargento O. se hallaba comprendida dentro de la expresión "cosa riesgosa" a la que hace alusión el art. 1.113 del Código Civil (v. fs. 275/276).

      Luego, descartó que en el caso se hubiera verificado la circunstancia prevista en la parte final del segundo párrafo de la citada norma legal, es decir, la actuación de terceros por quienes no debía responder la demandada. En ese sentido, precisó el juzgador -con cita del voto emitido por la suscripta en el precedente L. 81.930, "D., M.N." (sent. de 25-II-2009)- que "el hecho del tercero, cuando éste sea partícipe necesario del acto de servicio -que en el caso era frustrar el robo de un vehículo en un enfrentamiento armado- no puede ser aprehendido como eximente total o parcial de la responsabilidad del empleador, en los términos del art. 1.113 segundo párrafoin finedel Código Civil, pues el daño causado por el mismo aparece como consecuencia previsible de la acción encomendada estatutariamente al dependiente" (fs. 276 y vta.).

      Con todo, concluyó que en la especie se encontraban configurados los presupuestos necesarios para atribuir responsabilidad objetiva (art. 1.113, Cód. C..) a la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 277).

      En consecuencia, procedió a determinar la cuantía del resarcimiento integral proveniente de la aplicación de las normas del Código Civil ($190.698,10) y tras cotejarlo con el importe de la reparación brindada por la ley 24.557 ($165.241,24), declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la mentada ley (v. fs. 280 vta./281 vta.). En ese contexto, por mayoría, ela quodeclaró que esta última suma debía ser abonada por Provincia ART S.A. y la diferencia no cubierta por el régimen especial ($25.456,86) por la demandada (v. fs. 286 vta.).

      Finalmente, dispuso que el capital de condena, desde la fecha de exigibilidad (26 de enero de 2002) hasta la de su efectivo pago, devengaría intereses de acuerdo a las siguientes pautas:

      1. en el caso de la aseguradora de riesgos del trabajo -conforme con lo dispuesto por la resolución SRT 414/99- a la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuentos de documentos (v. fs. 282/287);

      2. en el de la empleadora, con arreglo a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de plazo fijo a treinta días (v. fs. cit.).

    6. Contra dicho pronunciamiento Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99.; de los arts. 44 inc. "d" de la ley 11.653; 622, 623, 901, 902 y 1.113 del Código Civil; 7, 8 y 10 de la ley 23.928 (según modif. del art. 4, ley 25.561); 17 y 18 de la Constitución nacional; 11, 15 y 31 de la provincial y de la doctrina legal que identifica.

      II.1.a. En primer lugar, cuestiona la tasa de interés activa que ordenó aplicar el tribunal...

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