Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 20 de Abril de 2011, expediente 10153/10

Fecha de Resolución20 de Abril de 2011

Poder Judicial de la Nación -1-

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Expte. nº 10153/10

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 73066 SALA

V. AUTOS:” “RADIO Y

TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO C/ HAMID AMED ABDUL

S/ JUICIO SUMARISIMO” (JUZGADO Nº 36).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 20 días del mes de abril de 2011, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA M.C.G.M. dijo:

1) A fs. 135 la parte demandada apela la sentencia definitiva de fs. 43/44 que admitió la demanda y accedió al pedido de exclusión de tutela gremial del hoy recurrente, con el fin de intimarlo en los términos del art. 252 L.C.T. Es de destacar que el accionado había sido declarado rebelde a fs. 28. A fs. 138/141 se expresaron agravios;

a fs. 144/149 se contestó el traslado del memorial.

Se dio intervención al Ministerio Público (fs. 152 y 156).

2) Si bien el Sr. H. planteó nulidad del procedimiento a fs. 95/102, tal cuestión quedó resuelta a fs. 113/114 pues, de conformidad con lo que surge de fs. 156,

corren por cuerda los autos homónimos correspondientes a recurso de hecho planteado por el demandado (expte. nº 50.353/2010), y en los cuales se desestimó esa queja; por tanto quedó firme lo resuelto a fs. 113/114 de las presentes actuaciones.

La apelación interpuesta -a fs. 134- en subsidio de la revocatoria planteada a fs. 133/134 contra la providencia de fs. 126, fue desestimada conforme fs. 136 segundo párrafo.

3) Sentado todo ello, surge de fs. 43/44 que la magistrada a quo para resolver como lo hizo, luego de hacer notar la situación de rebeldía en que -a la fecha de dictado de esa sentencia- se hallaba el accionado, destacó la buena fe procesal exhibida por la parte actora que acompañó una constancia extendida por la gerencia de asuntos legales que exhibe la comunicación personal al demandado de la existencia de estos actuados (ver fs. 39/40), pese a lo cual aquel no compareció a estar a derecho; consideró luego en atención a lo dispuesto por el art. 356 C.P.C.C.N., que debía tenerse por admitida la veracidad de los hechos pertinentes y lícitos denunciados en la demanda, que el Sr.

  1. tiene 73 años, que se encuentra en condiciones de acceder a la jubilación y que ante la ausencia de cuestionamiento relacionado con la procedencia y legitimidad en el caso, de conformidad con el art. 52 de la ley de asociaciones profesionales, debía admitirse el pedido de exclusión. Declaró las costas a cargo de la parte demandada y reguló los emolumentos de los profesionales intervinientes por la parte actora (Dres.

    A.A.S. y M.E.A. $ 8.000; Dr. D.M.K. $ 550

    por fs. 42).

    El apelante dedica buena parte de su apelación (fs. 138 vta./139 vta.) a la cuestión procesal de la notificación de la demanda, respecto de lo cual me remito a lo Poder Judicial de la Nación -2-

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    expresado en el punto anterior; tal como señala el Sr. Fiscal G.. ante esta Cámara en su dictamen de fs. 158, no resultan admisibles las argumentaciones del memorial en tanto,

    en definitiva, están dirigidas a neutralizar los efectos de una rebeldía que ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

    También cuestiona la aplicación del art. 356 C.P.C.C.N. (fs. 139 vta./140

    vta.) con argumentos que, a mi juicio, no enervan en modo alguno la viabilidad de tal normativa al caso de autos, ya que es en oportunidad de contestarse la demanda cuando el demandado debe reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en el inicio, la autenticidad de la documentación que se le atribuyere y la recepción de las cartas y telegramas que aparezcan a él dirigidos cuyas copias se acompañen. Dicho artículo determina que el silencio -en el que encuadra el caso-, las respuestas evasivas, e incluso “… la negativa meramente general…”, podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran.

    En tales condiciones, no hallo objeción a la sentencia apelada y coincido con el Dr.

    E.O.Á. en que a esta altura por todo lo expuesto precedentemente, “…no existe espacio adjetivo para un debate fáctico…” (fs. 158).

    A fs. 140 vta./141 el apelante considera errónea la sentencia porque en su opinión, aunque se tenga por probado que el trabajador se encuentra en condiciones de jubilarse, ello no es causal para justificar la exclusión de la tutela gremial. Al respecto,

    también coincido con el Sr. Fiscal G.. -quien se remite a la copia de fs. 157- pues la demanda promueve la exclusión de tutela a los efectos de poder intimar válidamente en los términos del art. 252 L.C.T. (ver fs. 9). En casos anteriores ya he indicado que la empleadora no tiene facultades para proceder per se a cursar una interpelación en los términos de dicha normativa y que la iniciativa empresaria (en este caso el empleador es una sociedad del Estado) requiere transitar por el proceso de exclusión en forma previa (entre otros “Asociación Civil Hospital Británico de Buenos Aires c/ Bais, A.L. s/ juicio sumarísimo”, sentencia definitiva nº 70.198 de esta Sala de fecha 6-11-2007), lo que aquí se formaliza mediante la demanda. En tales condiciones, ante las circunstancias del caso concreto en lo que respecta a los aspectos fácticos a lo que ya me he referido, y a partir del marco que proporcionan los agravios vertidos, es mi opinión que la sentencia de 1ª instancia debería confirmarse.

    4) Las costas de alzada deberían imponerse a cargo del apelante (art. 68

    C.P.C.C.N.) y regularse los honorarios de los Dres. C.L.R.M. (patrocinante del Sr. H., y A.A.S. y M.E.A. -en conjunto- (letrados apoderados parte actora) en las sumas de $ 1.400 y $ 2.000

    respectivamente (arts. 1, 6, 7, 9, 14 y conc. de la ley 21.839).

    EL DOCTOR O.Z. dijo:

  2. Por análogos fundamentos, adhiero a la propuesta sugerida por mi distinguida colega preopinante respecto a las denominadas "Crítica I" y "Crítica II" efectuadas por el Poder Judicial de la Nación -3-

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    demandado a fs. 138 vta./140 vta.

    II) En cambio, disiento de la solución adoptada por la Dra.

    G.M. respecto de la cuestión substancial planteada por el recurrente.

    Considero que la situación descripta en el art. 252 de la L.C.T.

    (t.o.) no constituye "justa causa" en los términos del art. 48 de la ley 23.551.

    En tal sentido, me permito reproducir la parte pertinente de un artículo de doctrina que sustenta esta posición:

    "…Si realizamos una exégesis literal del concepto de "justa causa", en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo, podemos concluir que el mismo solamente es utilizado en este ordenamiento jurídico al regular la injuria como causa del despido directo o indirecto (art. 243), y al enunciar los requisitos de validez de las suspensiones dispuestas por el empleador (arts. 218 y 219)."

    "Sin embargo, la Ley de Contrato de Trabajo reconoce al empleador el poder de denunciar motivadamente la relación de trabajo en otros supuestos, con el correlativo derecho a la exención total o parcial de toda contraprestación dineraria."

    "La duda que se plantea es si estos motivos legales de denuncia de la relación de trabajo encuadran estrictamente en el concepto de "justa causa" exigido por la ley 23.551 como presupuesto de fundabilidad del despido del representante sindical propuesto por el empleador…"

    "…Lo que no me parece tan claro es que constituya una "justa causa" fundante de la exclusión de tutela la prevista en el artículo 252 de la LCT

    (t.o.)…"

    "…R.M. ("Despido en caso de estabilidad gremial", en Revista de Derecho Laboral, Nº 2000-I, p. 203) y S. ("La protección de la actividad gremial", en Alvarez, B., F.M., L., G., L., J.,

    Rial, R.M., S., S., V. y V.P., "Derecho Colectivo de Trabajo", 1ª ed., La Ley, Buenos Aires, 1998, p. 338) consideran que esta situación configura una "justa causa" de despido fundante de la pretensión de exclusión de la estabilidad sindical."

    "Discrepo respetuosamente con el criterio sustentado por los mencionados autores".

    "La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de resolver un conflicto similar en el año 1968."

    "Las normas en juego eran, por un lado, el artículo 81 del decreto-ley 19.937/46, y, por el otro, los artículos 40 y 41 de la ley 14.455."

    "Me parece importante su transcripción para una mejor comprensión de la cuestión resuelta por nuestro más Alto Tribunal."

    El decreto-ley 13.937/46 había creado el régimen de Poder Judicial de la Nación -4-

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    previsión para el personal de la industria y afines. Su artículo 81 disponía:

    Este decreto-ley no excluye ni suspende ninguna de las prestaciones y beneficios establecidos por las leyes 9688 y 11.729, los estatutos profesionales complementarios y demás disposiciones legales que rigen los contratos de trabajo

    .

    Únicamente en los casos de cesantía o despido de obreros en condiciones de obtener jubilación ordinaria íntegra, una vez vencidos los plazos fijados en los artículos 103 y 104, según sea el caso, el principal quedará eximido de la indemnización por antigüedad que prevén las leyes y estatutos referidos, pero deberá

    cumplir con las obligaciones de preaviso o de indemnización por falta del mismo, de conformidad con dichas disposiciones legales.

    El artículo 40 de la ley 14.455 establecía en la parte pertinente:

    Los trabajadores que por razón de ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones legalmente reconocidas o en organismos que requieran representación gremial, dejaran de prestar servicios en sus empleos, tendrán derecho a la reserva del mismo por parte del empleador, y a ser reincorporados al finalizar el ejercicio de sus funciones sindicales, no pudiendo ser despedidos durante el término de un año a partir de la cesación de sus funciones…

    .

    Es decir, se trataba del conflicto entre una norma que otorgaba...

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