Radares y fotomultas, un 'Estado cazabobos'

Fotomultas en la Avenida General Paz

En la Argentina, no alcanza con trabajar más de la mitad del año para pagar impuestos ; hay que trabajar bastante más para saciar al Estado.

La voracidad recaudatoria encuentra todo el tiempo nuevos atajos para meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos, a cambio -eso sí- de prestaciones y servicios cada vez más deficientes. De esa manera se ha consolidado un "Estado cazabobos" que alimenta, fundamentalmente, las cajas municipales y provinciales. Se trata de un inmenso sistema recaudatorio que funciona a través de radares, fotomultas y supuestas infracciones, montado sobre una arquitectura jurídica que no resistiría ningún test de constitucionalidad. Es un sistema que se padece en silencio, casi sin derecho al pataleo, pero que pega "manotazos" cada vez más grandes sobre el presupuesto de la clase media.

Muchos municipios han encontrado en los radares -de dudosa e incomprobable rigurosidad - una forma de multiplicar ingresos bajo la coartada de la seguridad vial, que, por supuesto, es cada vez más insegura por el pésimo estado de muchas rutas y caminos rurales, además de la deficiencia en la señalética y la demarcación vial. Parece un tema menor, de escala y jerarquía municipal, pero es un indicador -sin embargo- de cómo funciona el Estado en la Argentina y del nivel de arbitrariedad y de atropello que sufren los ciudadanos. Es representativo de una cultura: el Estado es implacable y abusivo para cobrar, mientras exhibe niveles insólitos de morosidad a la hora de prestar servicios esenciales. Cobra cifras exorbitantes, pero falla en controles elementales y no hace lo que tendría que hacer.

Todo el andamiaje legal sobre el que está montado el mecanismo de las fotomultas es jurídicamente insostenible. No reconoce prácticamente el derecho de defensa, prescinde de las normas de cualquier procedimiento jurídico o administrativo, condena de manera automática, aplica sanciones muchas veces desproporcionadas, acomoda las reglas con arbitrariedad, impone mecanismos extorsivos de cobro y establece, como si fuera poco, intereses y punitorios usurarios. Salvo fallos aislados -que los hay, y muy contundentes- la Justicia parece mirar para otro lado frente a un sistema que contradice principios básicos de constitucionalidad. También mira con indiferencia el supuesto "garantismo", aunque se pisoteen de una manera grosera las garantías del debido proceso.

Es frecuente que a la hora de transferir un vehículo o...