Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 28 de Agosto de 2018

Fecha de Resolución28 de Agosto de 2018
EmisorCorte Suprema de Justicia
Cita555/18
Número de CUIJ21 - 1383568 - 0

Reg.: A y S t 284 p 458/470.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dieciocho se reunió en acuerdo la Corte Suprema de Justicia de la Provincia integrada por los señores Ministros Daniel Aníbal Erbetta, R.H.éctor Falistocco, María Angélica G., M.L.N., E.G.S., y el señor Juez de Cámara doctor J.P.C.é, con la Presidencia del titular R.F.G.érrez, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "RABINOWICZ, SAMUEL C/ BUSTAMANTE, J.A. Y OTROS -EJECUCIÓN HIPOTECARIA- (EXPTE 102/14) S/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (EXPTE. C.S.J. CUIJ NRO. 21-01383568-0). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores G.érrez, S., Falistocco, G., Erbetta, N. y Cifré.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Presidente doctor G.érrez dijo:

  1. Surge de las constancias de autos -en lo que resulta de estricto interés al caso- que el señor S.D.R. inició demanda de ejecución hipotecaria contra el señor A.B., la señora Nélida A.G.érrez y la señora Blanca Elidia Sola. En fecha 31 de octubre de 2001 el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Décima Nominación de la ciudad de Rosario resolvió mandar llevar adelante la ejecución contra los accionados hasta tanto la parte actora se haga íntegro cobro de la suma reclamada de dólares estadounidenses doce mil veintisiete con ochenta centavos, con más los intereses señalados en los considerandos. Asimismo ordenó la venta del inmueble hipotecado en pública subasta, con costas a la parte demandada.

    A f. 159 comparecieron J.A.B. y Nélida A.G.érrez y solicitaron la aplicación del "procedimiento especial de emergencia establecido por la ley provincial nro. 13116, a fin de que VS practique la liquidación del total adeudado y establezca la forma de pago, con el objeto de cancelar la deuda" que originó el presente proceso sin la pérdida de su vivienda única, familiar y permanente. Manifestaron cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 2 y 3 de la normativa citada y solicitaron suspensión de todos los términos que estuviesen corriendo contra su parte y que se les notifique por cédula su reanudación, dado que los autos se encontraban en préstamo "desde hace años".

    En fecha 28 de octubre de 2010 el Juez decretó que atento a lo informado por mesa de entradas "intímese al Dr. J.J.é Sánchez para que en el término de dos días reintegre los mencionados autos al Juzgado bajo apercibimiento de ley. Suspéndanse los términos que estuvieren corriendo. N.íquese por cédula" .

    Reintegrados los autos en fecha 21 de agosto de 2012 el Magistrado ordenó que se reanuden los términos oportunamente suspendidos y dispuso la notificación por cédula o personalmente. M.ó además -entre otras cuestiones- que debiendo sustanciarse el trámite impuesto por la ley 13116 debían ambas partes acompañar una liquidación detallada y actualizada de la deuda, con las especificaciones del artículo 4, luego de lo cual se convocaría a una audiencia y se aplicaría el resto de las disposiciones.

    En fecha 30 de agosto de 2013 se presentó la parte actora y acusó la caducidad de la solicitud de aplicación de la ley 13116 al presente proceso, atento a que transcurrió más de un año sin que los incidentistas impulsaran el planteo.

    Corrido traslado del pedido de caducidad, el sentenciante en fecha 26 de diciembre de 2013 resolvió declarar la caducidad del incidente de liquidación y establecimiento de la forma de pago deducido en aplicación de la ley 13116; decisión que fue recurrida por los codemandados B. y G.érrez.

    La Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, mediante pronunciamiento de fecha 9 de junio de 2015, resolvió -por mayoría- rechazar el recurso de apelación intentado y confirmar el pronunciamiento del Juez A quo.

  2. Contra dicho decisorio interponen los perdidosos recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055.

    Luego de relatar los antecedentes del caso refieren al cumplimiento de los recaudos formales, afirmando -entre otros aspectos- que la decisión que recurren pone fin a su planteo, causándoles un gravamen irreparable al resolver la caducidad del procedimiento de la ley provincial 13116 y, por las consecuencias que implica, reviste el carácter de definitividad exigido por la ley 7055.

    Sostienen que en la resolución cuestionada se omite aplicar el derecho vigente en relación a la causa. Ello así, al entender que el Tribunal A quo no consideró el procedimiento establecido en la citada ley 13116, que es autónomo, de emergencia y orden público, cuyo objetivo es tutelar el derecho a la vivienda y al que no se le aplican las normas contenidas en el Código de rito local.

    Posteriormente se agravian porque la Alzada realiza una aplicación distorsionada del artículo 238 del Código Procesal Civil y Comercial al sostener que la regla contenida en dicha norma -el trámite de ejecución de sentencia no caduca- solamente es aplicable a favor del actor y no del ejecutado. A criterio de los recurrentes, esa diferenciación constituye una afirmación dogmática sin sustento normativo que vulnera los derechos de defensa y de igualdad de las partes. Asimismo, se agraviaron de que los sentenciantes interpretaran que el planteo de los deudores no haya estado directamente vinculado a la ejecución forzada, cuando se trata de una cuestión estrechamente relacionada con la misma.

    También puntualizan que el Tribunal omite aplicar el artículo 239 del D. citado, en cuanto dispone que "en ningún caso, se decretará la perención cuando el pleito se hubiera paralizado por fuerza mayor o disposición de la ley". Añaden que el presente trámite se encontraba paralizado por lo ordenado en el artículo 3 de la ley 13116, como así también por resolución judicial con motivo de la retención de los autos en poder del actor.

    Por otra parte, expresan que la Sala no tomó en cuenta hechos notorios cuya debida consideración habrían conducido a una solución diferente e incurrió en exceso ritual manifiesto. Aseveran que la falta de debida notificación de la devolución de estos autos, luego de estar en poder del actor por más de seis años, durante los cuales estuvo paralizado el trámite, constituyeron hechos ineludibles para resolver la presente cuestión. Agregan que por orden del J. se suspendieron en fecha 28.10.10 todos los términos que estaban corriendo, y la notificación de la reanudación fue ordenada que se haga por cédula, lo que nunca se cumplió hasta el traslado de la caducidad.

    Destacan que la carga de impulsar el trámite renacía con la notificación de la reanudación de términos suspendidos y que apenas ocurrido ello, su parte no dejó de instar, liquidar y acompañar documentos; como así también que lo ocurrido pone en evidencia la violación de su derecho de defensa y la mala fe de la contraria.

    Por último, expresan que el pronunciamiento impugnado se apartó de antecedentes dictados por esta Corte y por el máximo Tribunal nacional, referentes a la cuestión del acceso y protección de la vivienda, derechos que, además, son tutelados por tratados internacionales con jerarquía constitucional.

  3. ...

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