Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 30 de Marzo de 2023, expediente CCF 005552/2022/CA001

Fecha de Resolución30 de Marzo de 2023
EmisorCamara Civil y Comercial Federal- Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II

RODRIGUEZ GONZALEZ, A.E. c/ OBRA SOCIAL

DE LA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION s/AMPARO

DE SALUD

Buenos Aires, de marzo de 2023.

VISTO: el recurso de apelación interpuesto y fundado por la demandada el día 22.08.22, contra la resolución dictada en fecha 23.05.22; y CONSIDERANDO:

Los doctores A.S.G. y E.D.G. dijeron:

  1. Que el señor Juez de grado hizo lugar a la petición cautelar formulada en autos. En consecuencia, sin perjuicio de lo que oportunamente pudiere decidirse al momento del dictado de la sentencia definitiva en función de los hechos, derecho y probanzas que invoquen y aporten las partes, bajo responsabilidad de la peticionante y caución juratoria que tuvo por prestada con la manifestación efectuada en la presentación inicial (v.

    punto VI) ap. 3), dispuso que, hasta tanto se resuelva la pretensión en autos,

    la OBRA SOCIAL DE LA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA

    NACION deberá garantizar al menor Agustín Ezequiel RODRÍGUEZ

    GONZÁLEZ, la cobertura del 100% de las prestación correspondiente a 2

    sesiones semanales de psicomotricidad en el agua, prescripto por la médica tratante, según especificaciones indicadas en la constancia de fecha 10.12.21, con profesionales propios o contratados por la demandada o, en su defecto, en caso de ser prestadores ajenos a la accionada conforme facturación que deberá ser presentada ante la demandada en la forma que estuviere prevista en la relación contractual que exista entre ella y los prestadores pertinentes, y ser abonada en el término de quince días de presentada cada factura, debiendo continuar en forma ininterrumpida cubriendo el costo de dichas prestaciones, de acuerdo a las indicaciones y por el tiempo que prescriba la médico tratante.

  2. Contra dicha decisión se alzó la demandada. En su memorial, sostiene que no ha denegado ninguna prestación sino que entiende que las recibidas resultan ser suficientes conforme a la patología del menor. En ese entendimiento, afirma que la medida decretada carece de Fecha de firma: 30/03/2023

    Alta en sistema: 31/03/2023

    Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.D.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.S.G., JUEZ DE CAMARA

    todo sustento fáctico y jurídico. Seguidamente, cuestiona la verosimilitud del derecho invocado por su adversario señalando que no hubo incumplimiento ni contravención a la normativa invocada por el accionante.

    Considera que no existe justificativo médico para brindar sin límites la terapia requerida, sino que debe estar limitada el valor de acuerdo con el nomenclador de los aranceles del sistema único de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Por otra parte, interpreta que la resolución en crisis viola sus derechos constitucionales, consagrados por los arts. 14 y 18

    de la Constitución Nacional. Por último, aduce que no se configura el peligro en la demora y que el carácter innovativo de la medida exigía que el juez tomara mayores recaudos para admitir la petición de su adversario.

  3. Inicialmente, es oportuno recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido, en repetidas oportunidades, que los jueces no están obligados a tratar todos los planteos articulados por las partes, sino únicamente los que, a su juicio, resulten decisivos para la resolución de la contienda (conf., C.S.J.N. Fallos: 276:132; 280:320;

    303:2088; 304:819; 305:537 y 307:1121 entre otros).

    IV- Atendiendo los términos en los que ha quedado planteada la cuestión a resolver, cabe señalar que surge de las constancias de la causa la condición de persona con discapacidad del menor (v. Certificado de Discapacidad –C.U.D.- agregado el 2.05.22) así como también que presenta un diagnóstico de “trastorno del espectro autista” (conf. constancias adjuntadas e informe interdisciplinario del mes de julio de 2021 y diciembre de 2021, adjuntado a la presentación del 2.05.22).

    Se encuentra debatido, en el caso, la obligación de la demandada de otorgar la cobertura integral del tratamiento indicado al menor.

  4. Es importante remarcar, que en el sub lite resultan aplicables las disposiciones de la Ley N° 24.901. En este orden de cosas, la norma referida instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1°).

    Fecha de firma: 30/03/2023

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    En lo concerniente a las obras sociales, dispone que éstas tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la Ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2°).

    Entre éstas se encuentran las de: transporte especial para asistir al establecimiento educacional o de rehabilitación (art. 13); rehabilitación (art. 15); terapéuticas educativas (arts. 16 y 17); y asistenciales, que tienen la finalidad de cubrir requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad (art. 18).

    Además, la Ley N° 24.901 contempla la prestación de servicios específicos, enumerados al sólo efecto enunciativo en el capítulo V, que integrarán las prestaciones básicas que deben brindarse a las personas con discapacidad, en concordancia con criterios de patología (tipo y grado),

    edad y situación socio-familiar, pudiendo ser ampliados y modificados por la reglamentación (art. 19). También, establece prestaciones complementarias (cap. VII) de: cobertura económica (arts. 33 y 34), apoyo para facilitar o permitir la adquisición de elementos y/o instrumentos para acceder a la rehabilitación, educación, capacitación o inserción social,

    inherente a las necesidades de las personas con discapacidad (art. 35),

    atención psiquiátrica y tratamientos psicofarmacológicos (art. 37), cobertura total por los medicamentos indicados en el art. 38, estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados por esta ley (art. 39, inc. b).

    La amplitud de la asistencia prevista en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (cfr. arg. arts. 11, 15, 23 y 33).

    Por lo demás, la Ley N° 23.661 dispone que los agentes del seguro de salud deberán incluir, obligatoriamente, entre sus prestaciones las que requieran la rehabilitación de las personas discapacitadas, debiendo asegurar la cobertura de medicamentos que estas prestaciones exijan (art.

    28) -cfr. Sala I, causa 7841 del 7.02.01, entre muchas otras-.

  5. En otro orden de ideas, cabe recordar que el Programa Médico Obligatorio (PMO) fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar (Resolución n° 201/02

    y 1991/05 del Ministerio de Salud).

    Fecha de firma: 30/03/2023

    Alta en sistema: 31/03/2023

    Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.D.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.S.G., JUEZ DE CAMARA

    Es que, como sostuvo este Tribunal –en precedentes análogos al presente-, el PMO no constituye una limitación para los agentes de seguro de salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir a las obras sociales (cfr. Sala I, doctr. causas 630/03 del 15.04.03 y 14/06 del 27.04.06,

    entre otras), y el mismo contiene un conjunto de servicios de carácter obligatorio como piso prestacional por debajo del cual ninguna persona debería ubicarse en ningún contexto (cfr. Sala I, causas 8545 del 6.11.01,

    630/03 del 15.04.03 y 14/2006 del 27.04.06).

  6. En tales condiciones,...

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