Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala A, 11 de Septiembre de 2018, expediente CIV 114118/2010/CA002

Fecha de Resolución11 de Septiembre de 2018
EmisorCamara Civil - Sala A

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA A

114118/2010

., F.L.c.M.S.A. y otros s/ Daños y perjuicios

Expte. n.° 114.118/2010

Juzgado Civil n.° 71

En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: “., F.L.c.M.S.A. y otros s/ Daños y perjuicios”, respecto de la sentencia de fs. 680/691, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿SE AJUSTA A DERECHO LA

SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores:

S.P.–.H.M.-.R.L.R..

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR.

SEBASTIÁN PICASSO DIJO:

  1. La sentencia de fs. 680/691 rechazó la acción promovida por F.L.R. contra M.S.A. y C. del Paraná Club de Campo S. A. (en adelante, C.d.P., con costas a cargo del primero de los mencionados. Asimismo, el Sr. juez de grado hizo lugar a la demanda contra C. de Buenos Aires Comercializadora de Tierras S. A. (en adelante,

    C. de Buenos Aires) y la condenó a abonar al actor, dentro del plazo de diez días, la suma de U$S 82.782,70 con más la de $ 10.000 en concepto de daños y perjuicios, así como intereses y las costas del juicio.

    El pronunciamiento fue apelado por la demandada condenada, quien a fs. 747/750 se queja por la condena a restituir,

    pues considera que no estaría obligada a devolver la parte del dinero que recibió

    la codemandada M.S.A. Además cuestiona el importe que fue condenada a abonar en concepto de cláusula penal, ya que entiende que el incumplimiento contractual se debió a la imposibilidad de llevar a cabo la escrituración por causas atribuibles a ciertos órganos administrativos, dado que no se consiguió la Fecha de firma: 11/09/2018

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    aprobación del plano definitivo. Esta presentación fue respondida por el Sr. R. a fs. 770/778.

    Por su parte, el actor se agravia a fs. 756/768

    por el rechazo de la demanda respecto de M.S.A. y de C. del Paraná,

    y da razones en cada caso. Se queja también por la suma reconocida en concepto de cláusula penal. La presentación fue respondida por C. de Buenos Aires y M.S.A. a fs. 779/781.

    El Sr. fiscal ante esta cámara dio su opinión a fs. 788/791, y consideró que en el caso es de aplicación la ley 24.240.

  2. Memoro que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino que pueden centrar su atención únicamente en aquellos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (art. 386, Código Procesal).

    Adicionalmente creo menester poner de resalto que, si bien a partir del 1 de agosto de 2015 ha entrado en vigor el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, los hechos ventilados en el sub lite (y por consiguiente, tanto la constitución de la relación contractual invocada en la demanda como la resolución del contrato) han acaecido durante la vigencia del Código Civil derogado. Por consiguiente –en atención a que no estamos ante cuestiones regidas por normas imperativas- el caso debe juzgarse a la luz de la legislación anterior, que mantiene ultractividad en este supuesto (art. 7, Código Civil y Comercial de la Nación; vid. K. de C., A., La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 148; R., P., Le droit transitoire, D., París, 2008, p. 390 y ss.).

    A lo dicho se agrega que resultan de aplicación en el caso las normas que integran el régimen tuitivo del consumidor.

    Sin embargo esta conclusión no modifica el hecho de que las disposiciones del Código Civil y Comercial no rigen el presente caso, pues tanto la celebración del contrato como el incumplimiento fueron anteriores a la entrada en vigencia de dicho cuerpo legal. En este sentido es pertinente poner de resalto que el art. 7 de aquel cuerpo normativo no dispone la aplicación retroactiva de la nueva ley sino su aplicación inmediata. En consecuencia, las acciones por reparación de daños causados en la relación de consumo con anterioridad al 1° de agosto de 2015 se rigen por la ley 24.240 (K. de C., A., La aplicación del Código Fecha de firma: 11/09/2018

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    Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Segunda parte, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2016, p. 218).

    Sin embargo, incluso en los aspectos que continúan siendo regidos por la legislación derogada, las disposiciones del Código Civil y Comercial constituyen una valiosísima pauta interpretativa, en tanto condensan las actuales tendencias doctrinales y jurisprudenciales y expresan además la intención del legislador de nuestros días (esta sala, 25/6/2015, “.,

    J.M.c.B., C.R. y otros s/ Daños y perjuicios”; ídem,

    30/3/2016, “F., C.E.c.D.P., V.G. y otro s/ Daños y perjuicios”, expte. n.° 11.725/2013; 11/10/2016, “., J.O.c.A., A.B. y otro s/ Nulidad de acto jurídico” y “A., A.B. y otro c/

    R., J.O. s/ Restitución de bienes”, exptes. n.° 47.289/2001 y 38.328/2003;

    ídem, CAC y C, Azul, sala II, 15/11/2016, “F., R.A.c.F.M., y otra s/ Desalojo”, LL 2017-B, 109, RCCyC 2017 (abril), 180; G.,

    J.M., “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, LL 16/11/2015,

    3).

    Finalmente, no desconozco que el art. 303

    del Código Procesal fue derogado por el art. 12 de la ley 26.853. Sin embargo, en virtud del art. 15 de aquella norma, tal disposición recién entrará en vigor a partir de la efectiva integración y puesta en funcionamiento de los tribunales que allí se crean, razón por la cual hasta ese momento continúa vigente la doctrina plenaria.

    Ello, a su vez, es coherente con lo decidido por el máximo tribunal nacional en la acordada n.° 23/2013.

  3. Antes de entrar en el tratamiento de los agravios creo necesario hacer un relato de los hechos del caso.

    El día 31/8/2000 el Sr. R. firmó contrato con M.S.A., por el cual adquirió una acción clase B y la parcela denominada provisoriamente con el n.° 188 del club de campo ubicado en el Cuartel Quinto del partido de Z., provincia de Buenos Aires (fs. 389/393 de los autos n.°

    63.502/2003, caratulados “O., J.J. y otros c/ M.S.A. s/

    Medidas precautorias”, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n.° 71, que en original tengo a la vista). El precio se fijó en U$S

    63.679, de los cuales correspondían U$S 44.575,30 al valor de la parcela y U$S

    19.103,70 al de la acción clase B (cláusula 4ª).

    En virtud del contrato de fideicomiso celebrado con fecha 13/2/2003 entre M.S.A. (fiduciante) y C. de Fecha de firma: 11/09/2018

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    Buenos Aires (fiduciario), el 24/3/2003 la primera de las mencionadas transmitió

    el dominio fiduciario del terreno a la nombrada en segundo término, para que esta última vendiese las distintas parcelas (llamadas “chacras”) del club de campo denominado C. del Paraná (fs. 313/335 y 336/351 de la causa n.°

    99.078/2003, caratulada “O., J.J. y otro c/ M.S.A. s/ Cobro de sumas de dinero”, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n.° 59, que en original tengo a la vista). M.S.A. se quedó con la comercialización de las acciones clase B, y C. de Buenos Aires, con la de las chacras (fs. 114 y vta).

    Ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas a su respecto por M.S.A., y ante la firma del contrato de fideicomiso recién mencionado, el día 6/11/2003, el actor –junto a otras personas-

    inició una acción para exigir el cumplimiento de lo convenido, el ajuste del precio y daños y perjuicios, y desconoció el fideicomiso constituido con C. de Buenos Aires (vid. fs. 40/53 de la causa n.° 99.078/2003). En esas actuaciones el Sr. R. y M.S. y C. de Buenos Aires llegaron a un acuerdo con fecha 19/9/2005, en cuya virtud se resolvió el contrato firmado el 31/8/2000 (fs.

    633/635 de estos autos). El importe que debía restituirse al Sr. R. (un total de U$S

    63.679) fue retenido por M.S.A. y C. de Buenos Aires y se lo imputó

    al pago del precio de otro contrato cuyo objeto consistía en la adquisición de una nueva acción clase B y de la parcela denominada provisoriamente como “Chacra n.° 30”, de una superficie superior a la anterior (fs. 636/641, estas actuaciones).

    En este último convenio se especificó que M.S.A. cedía una acción clase B por la suma de U$S 19.103,70 y que C. de Buenos Aires vendía la fracción de terreno por un precio de U$S

    44.575,30 (fs. 636/637 de este expediente, cláusulas 1ª y 4ª).

    Respecto de la acción, M.S.A. se comprometió “a que, conjuntamente con la Escritura Traslativa de Dominio de la CHACRA que el Comprador adquiere por medio del presente, la Vendedora,

    propietaria de acciones Clase B de CHACRAS DEL PARANA CLUB DE CAMPO

    SA, procederá a efectivizar la transferencia y nominación de una acción clase B,

    escritural, con derecho a un voto por acción, a favor de quien resulte adquirente de cada una de las chacras. Asimismo se deja expresamente previsto que chacra y acción a forman un todo inescindible” (sic, cláusula 3ª del contrato recién citado).

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    Asimismo, en la...

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