Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala H, 9 de Abril de 2018, expediente CIV 039485/2014/CA001

Fecha de Resolución 9 de Abril de 2018
EmisorCamara Civil - Sala H

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA H “Q., E.E. c/ Arcos Dorados S.A. s/Daños y Perjuicios”.- Expte. n°

39.485/2014.- J.. n° 1.-

En Buenos Aires, a los 9 días del mes de abril de 2018, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “Q., E.E. c/ Arcos Dorados S.A. s/Daños y Perjuicios” y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. K. dijo:

Contra la sentencia dictada en primera instancia (fs. 336/344), que hizo lugar a la demanda por la cual E.E.Q. reclam|a los daños y perjuicios sufridos al caer por una escalera de un local de McDonald´s de propiedad de Arcos Dorados S.A., expresan agravios la actora (fs. 364/367), y la demandada (fs. 370/376). La actora contestó el traslado a fs. 378/380 y la demandada a fs. 382/384.

  1. La demandada cuestiona, en primer lugar, que se le haya atribuido la responsabilidad del evento. Sostiene que no se ha probado la ocurrencia del hecho narrado en la demanda y, en especial, que no se acreditó la existencia de una relación de consumo, el riesgo o vicio de la escalera y el incumplimiento del deber de seguridad.

    Asimismo, se queja de que no se haya suspendido el dictado de la sentencia civil a pesar de que hubiere una causa penal. En subsidio, cuestiona la procedencia y los montos indemnizatorios fijados.

    El escrito de expresión de agravios de la actora contiene cuestionamientos respecto del monto de la incapacidad psicofísica, los gastos médicos y de traslado y el daño moral.

    La demandada, al contestar el traslado de la expresión de agravios, solicita que el recurso se declare desierto. Sin embargo, creo que la presentación cuenta con suficientes fundamentos como para avanzar en el análisis de los planteos introducidos.

  2. Antes de continuar con el estudio del caso, y junto con las aclaraciones que formularé en el próximo considerando vinculadas a la prejudicialidad penal, resaltaré

    que, en torno al encuadre jurídico que habrá de regir esta litis, atendiendo a la fecha del Fecha de firma: 09/04/2018 Alta en sistema: 12/04/2018 Firmado por: J.B.F., L.E.A.D.B., C.M.K., JUECES DE CÁMARA #21035681#203081701#20180409133810020 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA H hecho, entiendo que resulta de aplicación lo dispuesto la normativa contenida en el Código Civil, hoy derogado, por aplicación de lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente, sin perjuicio de señalar, claro está, que a idéntica solución se arribaría aplicando las normas pertinentes de este último cuerpo legal.

  3. Comenzaré por el examen de los agravios vertidos en torno a la decisión de avanzar en el dictado de la sentencia civil, a pesar de la falta de conclusión de la causa penal.

    En cuanto a la aplicación de la normativa prevista en el nuevo Código Civil y Comercial relativa a los supuestos de excepción de suspensión del dictado de sentencia civil hasta la conclusión del proceso penal, esta Sala viene sosteniendo que nos hallamos frente a un instituto, cuyos ribetes hacen dificultosa la tarea del intérprete. No puede negarse su naturaleza procesal ya que se trata de normas destinadas al juez como conductas que debe seguir o controlar en el proceso: el juez civil debe suspender el dictado de la sentencia civil en determinados supuestos. A su vez, esa regla cobra sentido posteriormente cuando deben analizarse los efectos que habrá de tener la sentencia penal en la decisión civil, es decir, el juez valorará qué aspectos de la sentencia penal hacen cosa juzgada en el ámbito civil. Desde ese punto de vista, la proyección que la cosa juzgada tiene sobre la decisión de fondo, que es –también– una norma individual no puede ser pasada por alto cuando se trata de decidir sobre la ley aplicable y esta ha cambiado (aunque, se reconoce, solo en algunos aspectos).

    En definitiva, el fundamento doctrinario de la cosa juzgada surge de la naturaleza de norma jurídica individual de la sentencia, que incorpora un bien al patrimonio de quien la obtuvo en su favor y del cual no puede ser privado, ni por otra sentencia, ni por otra ley (CSJN, “R.B., J. c/A., G.”, del 03/12/1947; Fallos 209:405).

    Con esos matices, las significaciones que de la cosa juzgada se derivan tienen trascendencia no solo desde el enfoque procesal sino también desde el derecho de fondo e, incluso, desde la filosofía del derecho. Es por ello que, a los fines de analizar los efectos de la ley en el tiempo, las normas vinculadas a las relaciones entre la acción penal y la civil no pueden considerarse materia netamente procesal de modo de imponer Fecha de firma: 09/04/2018 Alta en sistema: 12/04/2018 Firmado por: J.B.F., L.E.A.D.B., C.M.K., JUECES DE CÁMARA #21035681#203081701#20180409133810020 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA H la aplicación inmediata del vigente Código Civil y Comercial (cfr. esta S.E..

    91.225/2007, “J. c/H.” de fecha 31/08/2015).

    En suma, si se insistiera en determinar la naturaleza de las reglas referidas a las relaciones entre acciones civiles y penales, debería optarse por considerarlas normas duales, como aquellas cuya determinación sustancial procesal es difícil de establecer (F., E.M., El derecho procesal en el Código Civil y Comercial de la Nación, Santa Fe, R.C. editores, 2014, pág. 150).

    En conclusión, entiende esta S. que es de aplicación al caso el régimen previsto al momento del hecho y no la nueva legislación, sin perjuicio de que en este caso, la solución a la que se arribaría con uno u otro código sería la misma.

    Nótese que bajo el imperio del ordenamiento derogado, nuestro más alto tribunal sostenía que resulta improcedente suspender el dictado de la sentencia civil por la existencia de una causa penal en trámite cuando la dilación de esta última ocasiona un agravio a la garantía constitucional del derecho de defensa (CSJN, “Atanor SA c/

    Dirección General de Fabricaciones Militares”, 11/07/2007, en LL 2007-E, p. 13; “Ataka Co. ltda. c /G., ricardo y otros”, 20/11/1973, en RCyS 2004-III, p. 129).

    Así, y en ocasión de expedirse sobre la aplicación del art. 1101 del Cód. Civil, esta S. tuvo oportunidad de destacar que para ello, debía analizarse el contexto de la causa penal a efectos de determinar si se evidenciaba una demora injustificada, una lentitud sin motivo, una tardanza sin razón que por injustificables, son vulnerables de los derechos que se pretenden hacer valer en el juicio civil (in re “P., A. y Otros c/ G., M.C. s/ Nulidad de Testamento”, Recurso Nº: 114970 Fecha: 29-

    09-92 J.. 107).

    En efecto, no debe perderse de vista que en el caso el 1° de abril del 2014 se dispuso la reserva de la causa penal “no restando diligencias que disponer y hasta tanto no surjan elementos que permitan identificar al autor y/o autores del hecho investigado…” (conf. copias agregadas a fs. 119/149). Desde esa fecha no ha habido ningún tipo avance.

    Al ser así y a fin de no vulnerar derechos fundamentales, coincido con el juez de grado en esta parte del fallo.

    Fecha de firma: 09/04/2018 Alta en sistema: 12/04/2018 Firmado por: J.B.F., L.E.A.D.B., C.M.K., JUECES DE CÁMARA #21035681#203081701#20180409133810020 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA H

  4. Seguidamente, me enfocaré en los cuestionamientos vinculados...

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