Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 9 de Mayo de 2018, expediente L. 119527

PresidenteKogan-de Lázzari-Pettigiani-Soria
Fecha de Resolución 9 de Mayo de 2018
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 9 de mayo de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresK., de L., P., N., S.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.527, "Q., S.G. contra Galeno ART S.A. Enfermedad accidente".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la acción incoada, imponiendo las costas a la demandada (v. fs. 282/292).

Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 317/330 vta.).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

  1. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda entablada por el señor S.G.Q. contra Mapfre Argentina ART S.A. (hoy Galeno ART S.A.) en cuanto procuraba el cobro de la prestación dineraria por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en la ley 24.557, condenando a esta última a abonarle la suma que indicó comprensiva del RIPTE establecido por la ley 26.773, con más los intereses calculados según la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema de Banca Internet Provincia (v. fs. 282/292).

    Para así decidir, consideró probado que el actor padece una "reacción vivencial anormal depresiva, con manifestación de ansiedad, angustia y fobia de grado III-IV y evolución crónica" que, incluidos los factores de ponderación, le provoca una incapacidad parcial y permanente del 19,80% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 283 y vta.).

    A la hora de resolver, en lo que aquí interesa, sostuvo que resultaba claro que las prestaciones en dinero debían ser ajustadas por el índice RIPTE aun a las contingencias anteriores a la entrada en vigencia de la ley 26.773

    Por otro lado, declaró la inconstitucionalidad del decreto 472/14, en cuanto consideró que dicha norma, al excluir de la aplicación del RIPTE a situaciones que deben entenderse incluidas, alteró la sustancia de la ley 26.773, incurriendo en un exceso que la propia Constitución nacional no admite (art. 99, inc. 2). Ello así, en tanto sostuvo que, del análisis de los apartados 5 y 6 del art. 17, era clara la voluntad del legislador de establecer que el índice RIPTE operara respecto de todas las prestaciones en dinero por incapacidad permanente (v. sent., fs. 288 y vta.).

    En consecuencia, estableció la suma en concepto de prestación dineraria correspondiente, a la que le adicionó el índice RIPTE con sustento en el citado art. 17 apartado 6 de la referida ley.

    Finalmente, el juzgador de origen dispuso aplicar al monto de condena intereses desde su exigibilidad -1-IX-2011- y hasta su efectivo pago conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires por imposiciones mínimas de mil pesos ($1000) a treinta días mediante el sistema de Banca Internet Provincia, previo dejar sentada su discrepancia con la doctrina legal establecida por este Tribunal en la causa L. 108.164, "A.", a la que, sin embargo, brindó acatamiento (v. sent., fs. 289).

  2. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia la violación de los arts. 63 de la ley 11.653; 1, 11 apartado 4 inc. "b", 14 apartado 2 inc. "b" y 26 de la ley 24.557; 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; decreto 1.694/09; 2, 3, 699 y 701 del Código Civil; 10 y 163 de la Constitución provincial; 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita.

    Los agravios que porta la impugnación son los siguientes:

    II.1. En primer lugar, critica el incremento de la cuantía de la condena que, por aplicación de la ley 26.773, se dispuso en el fallo de grado.

    Sostiene que del art. 17 apartado 5 de la citada ley se desprende que su aplicación se proyecta respecto de aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir del 26 de octubre de 2012, esto es, la fecha de entrada en vigor de la normativa.

    Agrega que el apartado 6 del art. 17 resulta complementario de lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto y en cuanto establece que las incapacidades permanentes previstas en la ley 24.557 se ajustarán a la fecha de su entrada en vigencia. Por ello, infiere que el precepto no se aplica a los juicios en curso, sino -afirma- sólo prescribe el modo de ajuste de las prestaciones a partir de aquel momento.

    A su vez, argumenta que el art. 8 regula sobre la posterior actualización semestral y los arts. 10, 11, 12 y 13 establecen un sistema de igual naturaleza respecto de las alícuotas que deben abonarse a las aseguradoras.

    A esta altura, alega que la interpretación formulada por el tribunal de grado importa la aplicación retroactiva de la norma, resultando violatoria del art. 3 del Código Civil y contraponiéndose con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

    Asevera que la ley 26.773 en nada difiere con los anteriores decretos 1.278/00 y 1.694/09, en tanto en estas últimas se sostuvo que no eran de aplicación retroactiva, sino que regían para las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera con posterioridad a su entrada en vigencia; por lo tanto -concluye-, el sentenciante debió aplicar la ley 24.557 con las reformas del decreto 1.694/09.

    II.2. En segundo término, y desde otro ángulo, manifiesta que el señalado mecanismo de ajuste sólo puede ser aplicado a las compensaciones de pago único y a los "pisos" de los arts. 14 y 15 de la ley 24.557, pero no respecto de aquellas prestaciones liquidadas según las fórmulas de las citadas normas.

    Explica que el RIPTE -al igual que el ingreso base mensual- refleja el aumento de los salarios, por lo que sólo puede ser utilizado para incrementar los elementos de la indemnización que no tienen incorporada la variación de las remuneraciones, mas no respecto de aquellos que son móviles.

    II.3. Por otro lado, cuestiona la forma en que el tribunal calculó los intereses moratorios.

    Señala que los cómputos sobre la base del monto de capital con inclusión de la suma en concepto de RIPTE, por lo que -afirma- la decisión viola el art. 1 de la ley 24.283 e incurre en una doble actualización de valores.

    II.4. Finalmente, critica la parcela del fallo por la que se la condena a abonar intereses conforme la tasa pasiva denominada "digital".

    En sustancia, afirma que el tipo utilizado no se ajusta a la doctrina legal de esta Corte que emerge de los precedentes L. 94.446, "G."; C. 101.774, "P." (sents. de 21-X-2009) y L. 108.164, "A." (sent. de 13-XI-2013); entre otras.

  3. El recurso es procedente con los alcances que habré de señalar.

    III.1. El principal agravio ensayado, vinculado con la aplicación del mecanismo de actualización previsto en la ley 26.773, ha de prosperar.

    En tal sentido, habré de reproducir aquí -en lo pertinente- los fundamentos expuestos por esta Corte al resolver en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), oportunidad en la que presté mi adhesión al voto de mi colega doctor G., ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso.

    III.1.a. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O. de 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5:

    "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".

    Es indudable que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones pertinentes, la reforma de la ley 26.773 ha mantenido el criterio adoptado por las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00 y 1.694/09), relativo a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito). Luego, deben reputarse aplicables al referido cuerpo legal -en principio, y salvo que la nueva legislación haya establecido alguna excepción puntual a dicha regla- los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos a la aplicación en el tiempo de sus antecesoras (los citados decs. 1.278/00 y 1.694/09).

    III.1.b. Definido lo anterior, cabe analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de "ajuste" de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando eventualmente incluso a las contingencias acaecidas con anterioridad a su sanción.

    El referido art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1 de enero del año 2010".

    A su vez, a los fines de contextualizar el mecanismo al que hace referencia el citado art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 es indispensable tener presente el art...

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