Tribunal del Trabajo n° 5, Quilmes, Salario encubierto. Caballo como cosa riesgosa (II)

 
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  1. - El mismo Veredicto, tuvo por demostrado que el trabajador a consecuencia del siniestro referido, ostenta padecimientos y minusvalías laborativas, que en suma determinan un 40,8% de incapacidad por daño psicofísico en relación causal con el siniestro denunciado en autos, descartándose la pre-existencia de tales dolencias a la fecha del siniestro (art. 375 CPCC). El perito interviniente aconsejó además, a fin de evitar un agravamiento en la condición del trabajador, un tratamiento sicológico con frecuencia semanal, durante dos años, con valor estimado de $ 120 por sesión al mes de febrero de 2013.

    Han resultado verificados los siguientes padecimientos en relación causal con el siniestro investigado:

    1. fractura bimaleolar de tobillo derecho con alteración articular, hipotrofia muscular, limitación funcional, presencia de material de osteosíntesis y edema crónico, con asignación de una pérdida de capacidad laborativa física del 20,8% sobre la total obrera.

    2. reacción vivencial anormal neurótica con manifestación fóbica, grado II, ponderable en un 20% sobre la total obrera.

      4.- A fin de comenzar con el encuadre jurídico del caso sometido a juzgamiento, me adelanto a señalar que si bien el accidente ocurrió en septiembre de 2009, la consolidación de la incapacidad no pudo ocurrir si no hasta finalizados los tratamientos médicos -que comprendieron una intervención quirúrgica- brindados por prestadora de la ART hasta el año 2010. Recién luego de lo cual el Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, dictó el Decreto 905 “Declarando que la lesión de carácter grave sufrida por elo Subteniente del Subescalafón General Manuel Roberto Cáseres , legajo 147.185, con fecha 13 de septiembre de 2009, resulta imputable al servicio, por haberse producido con motivo o en ocasión del mismo, sin que haya mediado culpa o negligencia del agente, debiendo encuadrarse dentro de las previsiones del artículo 339 de la ley 13982, aprobada por el Decreto N° 1050/09”.

      Establecido esto, no hay duda de que el derecho aplicable es la ley 24557 y que el caso de autos se encuentra comprendido dentro de las previsiones del decreto modificatorio del año 1694/2009.

      4. 1.- Dicho esto, cabe anotar que la parte actora –conforme términos de traba de litis- planteando la inconstitucionalidad de la Ley de Riegos del Trabajo (en adelante LRT), efectuó su reclamo incluyendo en el basamento a la ley civil.

      4.2. Los antecedentes fácticos argüidos, debidamente probados, avalan encuadrar el caso en el esquema de la responsabilidad civil.

    3. Por un lado, por ser propietario el Fisco provincial del animal que ocasionó el daño (art. 1124 del CC).

    4. Pero, también, por valorar que la actividad en que el trabajador debía desempeñarse, era una actividad riesgosa en sí misma en los términos del art. 1113 del CC, hábil para potenciar el riesgo del animal. .

      c) Y, desde otro ángulo, por incumplimiento al deber de prevención, constitutivo de conducta omisiva de la empleadora autoasegurada (art. 75 de la LCT, ley 24557, legislación sobre higiene y seguridad en el trabajo, art. 1109 del CC.)

  2. - Es indudable entonces, aún desde distintos ángulos y por diversos basamentos jurídicos (arts. 75 LCT, 1109, 1113, 1124 y conc. del CC) que debería hacerse lugar a la demanda, respecto a la indemnización correspondiente a la minusvalía ostentada por la parte actora con origen en el accidente de trabajo sufrido.

    Mas, como lo señala la misma demanda, la ley 24557 actúa en relación al progreso del reclamo, como una barrera infranqueable para la reparación integral pretendida, apoyada aquí en lo sustancial en la veda a toda otra reparación no prevista por la ley 24557, según norma el art. 39.

    En esta temática, la postura de la corte provincial es clara. A partir del precedente “Castro c. Dycasa” (causa L 81216, sent. del 22-X-2003), para abordar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley, previamente debe corroborarse que exista una desproporción numérica entre los sistemas reparatorios de la ley de riesgo y la ley civil (ver también casos “Abaca”, L 80735, sent. del 7-III-2005; “Yaman”, L81826, sent. del 11-V-2005, entre otros) de modo tal de permitir establecer la existencia o inexistencia de perjuicio para la víctima; y -en caso afirmativo- el posterior juicio de razonabilidad, ya que no es correcto que la justicia se pronuncie acerca de cuestiones abstractas, o sea aquellas en las que no exista un interés para las partes.

    De conformidad al esquema de la ley de riesgo, considerando el cálculo pericial efectuado, valorando la aplicación al caso del decreto modificatorio del año 2009, para el 40,8 % de incapacidad por daño sicofísico, correspondería liquidar una indemnización de $ 131829,28 en el esquema de la LRT.

    En cuanto a las pautas a considerar para determinar el “quantum” indemnizatorio en materia civil, habitualmente adhiero a la doctrina emanada del precedente “Arostegui”, que al fijar una indemnización reparatoria integral, con sustento en el Código Civil, indica que deben valorarse en cada caso, las circunstancias puntuales que correspondan, tales como grado de incapacidad, edad de la víctima y otras que surgieran de las probanzas rendidas, más allá del seguimiento estricto de puras fórmulas matemáticas que pudieran conducir a resultados disvaliosos; siendo que – por otra parte- como lo ha reconocido nuestro superior tribunal, los jueces no estamos atados a tales cálculos matemáticos y debemos resolver en justicia dando razón de nuestra decisión.

    En este caso, en el que se ha fijado la disminución de la capacidad laborativa de la parte actora en un 40,8 % sobre la total obrera y considerando que al momento del otorgamiento de alta laboral con incapacidad contaba la víctima con 43 años de edad, teniendo una expectativa de vida promedio de 32 años hasta cumplir los 75 años que informa INDEC como expectativa de vida promedio para el grupo etario y que era de estado civil soltero al momento del siniestro (ver constancias parte de ingreso fs. 138 aportada por la propia demandada con el conteste) propongo, en esta primera aproximación, a los efectos comparativos “supra” aludidos, asignar en el esquema “Arostegui” a la reparación del daño material sufrido (arts. 75 LCT, 1074 a 1076, 1109 y 1113 del CC), como mínimo base la suma de $ 408.000, a la fecha de este pronunciamiento. Considero al establecer este monto que, si bien es éticamente imposible asignar un “precio o valor” a la vida humana, el fijar una suma exigua contradice todo criterio de justicia. En atención a ello es que entiendo que –como mínimo- la determinación de indemnización para un 100% de incapacidad de un ser humano, no puede ser inferior a $ 1.000.000, suma esta a la que he arribado luego de considerar los salarios vigentes en el país para concluir que el valor de la vida humana no puede ser inferior a los parámetros que abajo indico, so pena de resultar en una reparación exígua, injusta y vejatoria de los intereses que intentan proteger, en el caso: la vida humana

    Valorando que el salario promedio de la industria al mes de junio de 2013 (no hay datos publicados de períodos más recientes) en la actividad privada se ubica en los $ 5000 según se elaborara en base a estadísticas del INDEC (fuente: http://www.primerafuente.com.ar/noticia/el-salario-promedio-en-el-sector-privado-se-ubico-en-los-5-000) que coincide con el salario básico de camioneros primera categoría de julio mismo año (fuente http://www.camioneros-ba.org.ar/planillas/escala_julio2013_1.jpg) , la suma de $ 1.000.000 representaría 15 años de remuneraciones básicas sin adicionales; mientras que en el sector bancario, con un salario básico sin adicionales de $ 8953 (fuente: http://www.finanzasblog.com.ar/salarios-bancarios/) representaría ocho y medio años de remuneraciones; y en el caso de un trabador de la minería que se considera el salario más elevado de la argentina, ubicado en la suma de $ 17632 en el mismo tiempo (fuente: http://www.totalrewards.com.ar/web/index.php?option=com_content&view=article&id=99:guia-de-salarios-un-trabajador-min ) representaría aproximadamente cuatro años y cuatro meses de remuneraciones.

    Otras formas de cálculo, darían como resultado, tomando el caso de salario promedio de la industria (SPM):

    - SPM $5000 x 40,8 % de incapacidad x 29 años x 13 remuneraciones: $ 769.080,00

    - Fórmula Méndez, de uso habitual en la Justicia: $ 661.404,54

    En el esquema que he venido desarrollando, que atiende a razones de equidad, se fijaría como mínimo base, la reparación por daño material en la suma de $ 408.000, a la fecha de este pronunciamiento. A dicha suma, correspondería adicionar la indemnización por daño moral, que resulta indemnizable cuando se demanda por la normativa civil (SCJBA. "Sarmiento O. C/ Textil...," 30/6/81, TSS. 1982-51) y que usualmente se estima en un 20%, en la suma de $ 81.600. La reparación integral pretendida por el reclamante, ascendería de tal modo a la suma de $ 489.600, a la fecha de este pronunciamiento.

    Aplicando la llamada fórmula Méndez al caso del Sr. Cáseres, la liquidación sería de $ 521.084,92 (fuente: http://www.garciaalonso.com.ar/vuotto.php#resultados ) , que con más el daño moral fijado usualmente en el 20% ($ 104217), ascendería a $ 625301,92. Valorando la fecha de la Resolución 905 (23.8.10) donde se admite la causalidad entre el siniestro y la gravedad de la lesión sufrida por el agente (ver fs. 404/5), con aplicación de la tasa pasiva consensuada por las partes de autos, la suma antedicha con más intereses al 1.3.14 sería de $ 777539,44.

    A su vez, el cálculo efectuado en el esquema de la LRT, de $ 131829,28 con más intereses a tasa pasiva, ascendería a la fecha a la suma de $ 163924,39.

    La simple comparación de los resultados obtenidos, pone en evidencia que la liquidación por la ley de riesgos representa -aproximadamente- un 17% de la liquidación practicada por la ley civil en el caso...

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