Quieren apurar la ley para decomisar bienes de la corrupción

Un texto con severas deficiencias jurídicas sobre una materia que divide aguas en el Congreso e, incluso, en el propio Gobierno es la principal causa que mantiene empantanado en el Senado el proyecto de ley de extinción de dominio.Se trata de la herramienta legislativa con la que se pretende acelerar el decomiso de bienes adquiridos con el beneficio de los denominados delitos de corrupción, el narcotráfico y la trata de personas.

Apurado por los reclamos de los ministerios de Seguridad y de Justicia, reflotó el tema en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1° de marzo, y pidió su pronta sanción.

Sin embargo, el proyecto lleva casi dos años parado en el Senado por la polémica en torno a la vulneración del derecho constitucional a la propiedad, que implicaría la sanción de una ley que habilite el decomiso de bienes sin que exista, al menos, una sentencia en primera instancia.

La vulneración del derecho a la propiedad fue una de las constantes de todas las críticas formuladas por jueces, fiscales y especialistas en derecho que expusieron ante la Comisión de Justicia del Senado sobre el proyecto. luego de que fue aprobado por la Cámara de Diputados, en junio de 2016.

Aquella sanción permitía a los fiscales impulsar el juicio de acción de dominio ante la Justicia Civil, independientemente del resultado del proceso penal. En otras palabras, se habilitaba el decomiso aun sin que existiera una sentencia.

"El proyecto de Diputados era muy malo en materia de garantías individuales. Consideramos que debe haber un proceso razonable para evitar situaciones discrecionales que afecten el derecho a la propiedad", explicó a LA NACION (Río Negro), líder del Bloque Justicialista, cuyo apoyo es vital para que el Senado pueda avanzar en el tratamiento de la iniciativa.

Tras un exhaustivo trabajo jurídico y político, el oficialismo y el PJ llegaron a un consenso y firmaron un dictamen en el que se establecía el acto de procesamiento o la elevación a juicio oral del encausado como el punto de partida para el proceso de decomiso, el cual ya no recaería en un juez civil, sino en uno penal. Además, la acción quedaba en manos de la Procuración del Tesoro y ya no del Ministerio Público Fiscal.

Caída del dictamen

El dictamen se firmó con amplio consenso en noviembre de 2016. Pero el expediente nunca llegó al recinto.

De hecho, el recambio de un tercio del Senado, operado en diciembre último, hizo caer el dictamen, aunque no así el...