Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 24 de Junio de 2009, expediente L 92769

Presidentede Lázzari-Negri-Pettigiani-Kogan
Fecha de Resolución24 de Junio de 2009
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 24 de junio de 2009, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresde Lázzari, N., P., K.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 92.769, "Quezada, J.S. y otro contra C.. de Trabajo San Marcos y otro. Despido".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo nº 1 de Mar del P. hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especifica.

La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

  1. En lo que interesa para la resolución del litigio, el tribunal del trabajo consideró no demostrado el importe de la remuneración denunciado por cada uno de los accionantes y desestimó la demanda promovida por J.S.Q. y D.A.F. contra "Cooperativa de Trabajo San Marcos Ltda." y "Ocean Sur S.R.L." en cuanto le habían reclamado el cobro de las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013.

    Si bien -acogiendo en este punto la tesis actoral y en conclusión que arribó firme a esta instancia- resolvió ela quoque entre las partes existió una relación laboral, (ello porque la cooperativa de trabajo coaccionada "sólo tenía la apariencia de tal", y sus pretendidos asociados eran, en rigor, trabajadores dependientes cuya tarea se hallaba dirigida a cubrir las necesidades de la codemandada "Ocean Sur S.R.L.", con la cual compartía el establecimiento -razón por la cual condenó solidariamente a las demandadas a abonar a los actores las indemnizaciones derivadas del despido injustificado, así como los rubros remuneratorios adeudados, ver sent., fs. 254/257-) consideró, que los montos salariales denunciados por los actores ($ 300 semanales para F. y $ 200 semanales para Q., demanda, fs. 31/33) "carecían de sustento fáctico" y, en consecuencia, procedió a liquidar dichos rubros sobre la base del salario que -según el Convenio Colectivo de Trabajo n° 161/75- correspondía a la categoría de cada uno de los accionantes ($ 204,24 para F. y $ 200 para Q., aunque en este último caso sustituyó el importe convencional por el salario mínimo legal, que era superior a aquél, ver fs. 256 y vta.).

    Luego, partiendo de tal conclusión, el tribunal juzgó que la intimación que los actores formularon para que se registrara la relación laboral en los términos del art. 11 de la ley 24.013 resultó "incorrecta", en tanto los datos enunciados por los actores "no se ajustaron a lo que surge demostrado en autos" (sent., fs. 256) y, en consecuencia, desestimó la procedencia de las indemnizaciones por falta de registración consagradas en los arts. 8 y 15 del mismo cuerpo legal.

  2. Contra dicha parcela del decisorio, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 39 de la ley 11.653; 52 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que identifica (fs. 269/277).

    Plantea los siguientes agravios:

    1. En primer lugar, cuestiona el importe del salario determinado por el tribunal de grado.

      En ese sentido, afirma que -al haber considerado que los actores no lograron probar el salario denunciado y fijado la cuantía de la remuneración en base al Convenio Colectivo 161/75- el juzgador violó el art. 39 -segunda parte- de la ley 11.653, en cuanto establece que, en los casos en que se controvierta el cobro de remuneraciones en dinero o en especie, la prueba contraria a la reclamación corresponderá al empleador.

      Señala, asimismo, que -al decidir de ese modo- ela quoha transgredido la doctrina legal que esta Suprema Corte ha establecido en los numerosos precedentes que invoca.

      Añade que el tribunal incurrió en absurdo al atribuirle a los actores la carga de demostrar el monto de las remuneraciones, lo que resulta poco menos que imposible en atención al marco de irregularidad en que -según se verificó con la pericia contable y se consideró demostrado en el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR