Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 18 de Mayo de 2011, expediente C 102152

PresidenteSoria-Negri-Genoud-Pettigiani
Fecha de Resolución18 de Mayo de 2011
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 18 de mayo de 2011, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS., N., G., P.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 102.152, "Puig, O.A. y otro contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Revisión de cuentas y liquidaciones bancarias".

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores revocó parcialmente el pronunciamiento de primera instancia y, en consecuencia, hizo lugar a la acción de revisión de cuentas y ajuste de saldo a partir del 13de noviembre de 1995,disponiendo su recálculo a la tasa activa promedio que para operaciones de descubierto en cuenta corriente informe el Banco Central de la República Argentina para los diferentes períodos de aplicación, en concepto de interés compensatorio (fs. 855/868).

Se interpuso, por la entidad accionada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 871/881 vta.).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

1. La Cámara de Apelación Civil y Comercial de Dolores revocó, en forma parcial, el fallo de grado y, en consecuencia, hizo lugar a la acción de revisión de cuentas y ajuste de saldo, a partir del 13 de noviembre de 1995, a la tasa activa promedio que para operaciones de giro en descubierto en cuenta corriente informe el Banco Central de la República Argentina para los diferentes períodos de aplicación, en concepto de interés compensatorio (fs. 855/868).

  1. Contra este pronunciamiento, por apoderado, el banco demandado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en cuyo marco denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 565, 772, 790 y 793 del Código de Comercio; 953, 1071 y 1197 del Código Civil, de la doctrina legal y la conculcación del derecho de propiedad y el debido proceso. Hace reserva del caso federal (fs. 871/881 vta.).

  2. El recurso debe prosperar con el alcance que expondré a continuación.

    1. Dispone el art. 621 del Código Civil que"La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se hubiesen convenido entre deudor y acreedor".A su turno, el art. 622 del citado ordenamiento, refiriéndose a los intereses moratorios, prevé que"El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubieren determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar".

      De los preceptos transcriptos surge con claridad que nuestro derecho admite, por regla, la aplicación de los intereses tanto compensatorios -también llamados lucrativos o retributivos- como moratorios o punitorios a la tasa que las partes hubieren acordado.

      En sentido coincidente, el art. 560 del Código de Comercio establece que"En los casos en que la ley no hace correr expresamente los intereses, o cuando éstos no están estipulados en el contrato, la tardanza en el cumplimiento de la obligación, hace que corran los intereses desde el día de la demanda...",en tanto su art. 565 reza que "Mediando estipulación de intereses, sin declaración de la cantidad a que estos han de ascender, o del tiempo en que deben empezar a correr, se presume que las partes se han sujetado a los intereses que cobren los bancos públicos...".La primera de las normas citadas alude a los intereses moratorios, rigiendo aquellos supuestos en que no media pacto ni disposición legal sobre el punto. La segunda, prevé una tasa legal para el caso de que las partes hubieren convenido la aplicación de intereses sin determinar la tasa. Ello, claro está, implica que si hubiese tasa pactada, debe aplicarse la convenida.

      Rige, entonces, el principio de la autonomía de la voluntad en materia de intereses, en virtud del cual las partes pueden pactar tales accesorios, como así también las tasas a aplicar en concepto de compensatorios y moratorios o punitorios (arts. 621, 622, 1197, C.C. y 565, Cód. de Comercio; conf.mi voto en Ac. 95.758, sent. del 9-XII-2010).

      De ahí que no corresponde que los tribunales se arroguen facultades a los fines de crear tasas que reemplacen a las pactadas libremente, estableciendoen abstractoy sin ponderar las circunstancias que presente cada crédito en discusión, alícuotas o topes máximos a los que deben reducirse los accesorios acordados por los contratantes (conf. R., J.C., "Ejercicio del control de la tasa de interés", en Suplemento Especial de "La Ley", Intereses, julio de 2004, pág. 105 y ss.; R., A.A.N. (dir.)-A., D.F. (coord.), "Código de Comercio comentado y anotado", E.. "La Ley", Bs. As., 2005, t. 1, pág. 1019; P., R.D., "Tasa de interés y facultad morigeradota del tribunal", L.L.C., 2006, 147).

      Tal situación es, por cierto, distinta de la que acaece en materia de intereses moratorios en ausencia de convención expresa de las partes o disposición legal. En estos supuestos, a tenor de lo normado por el art. 622 del Código Civil sí incumbe a los jueces fijar la alícuota de los intereses que debe abonar el deudor (conf. Ac. 77.434, sent. de 19-IV-2006, causa L. 87.925, sent. de 24-VIII-2005; mi voto en C. 94.913, sent. de 25-VIII-2010).

    2. Lo expuesto no implica, desde ya, desconocer las facultades judiciales de morigerar la tasa de interés convenida en los negocios privados cuando aquélla resulte contraria a la moral y buenas costumbres por abusiva, usuraria o confiscatoria, solución adoptada por numerosa jurisprudencia con base en lo preceptuado por los arts. 21, 953, 954, 1071 y concordantes del Código Civil y, en su caso, de lo normado por el art. 37 de la ley 24.240. Vale recordar aquí que, conforme ha dicho la Corte Suprema de la Nación, la obligación del deudor no puede exceder el crédito actualizado con un interés que no trascienda los límites de la moral y...

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