Publicaciones de la Sección Suplemento de 12 de Octubre de 2017

AÑO CVIII/ LA PLATA, JUEVES 12 DE OCTUBRE DE 2017 Nº 28.133

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

S U P L E M E N T O D E 10 P Á G I N A S

Decretos y Sociedades

DECRETOS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Decreto

Número: DECTO-2017-522-E-GDEBA-GPBA

BUENOS AIRES, LA PLATA

Miércoles 4 de Octubre de 2017

Referencia: Expediente 2166-2523/17

VISTO lo actuado en el expediente N° 2166-2523/17 correspondiente

a las actuaciones legislativas E-337/16-17, y

CONSIDERANDO:

Que por el referido expediente tramita un proyecto de Ley, a través

del cual se propicia derogar el Decreto Ley N° 8904/77 -Ley Arancelaria

que regula el ejercicio de la profesión de abogados y procuradores en la

provincia de Buenos Aires- y crear un nuevo régimen actualizado a los

tiempos que corren;

Que la iniciativa, entre otras cosas, dispone una reforma de índole

integral, estableciendo el carácter de orden público de sus disposiciones

y consagra el carácter alimentario de los honorarios profesionales;

Que, por otra parte, el proyecto dispone en su artículo 18, en lo que

aquí importa, que: “Sin perjuicio de la acción directa de los profesionales

de una parte contra la vencida en costas, no son exigibles salvo pacto

en contrario, los honorarios regulados contra el litigante patrocinado o

representado, cuando los servicios profesionales de sus abogados o

procuradores hubieran sido contratados en forma permanente, mediante

una retribución periódica que exceda el que corresponde a trabajos

ordinarios de asesoramiento y cuya importancia, en el transcurso del

tiempo, implique una justa compensación de sus derechos. Sí lo serán

aquellos que fueran impuestos en el orden causado, ya sea por decisión

judicial o por acuerdo de partes (…) Los honorarios regulados en

procesos en que sea parte el Estado u organismos públicos y en los que

las costas sean a cargo del tercero, son de exclusiva propiedad del

profesional; Estos honorarios, por su carácter alimentario, podrán ser

participados hasta el 20 % con otros letrados del mismo organismo. Si

existiera acuerdo o reglamento anterior a la regulación deberá adecuarse

al límite establecido por el presente”;

Que el artículo 155 de la Constitución provincial otorga al cargo

de Fiscal de Estado el carácter de inamovible y pone en cabeza de él la

defensa del patrimonio del Fisco, entre otras funciones;

Que el Decreto-Ley N° 7543/69 –Ley Orgánica de Fiscalía de

Estado-, en su artículo 1º, rearma lo prescripto por el Constituyente al

decir que “El Fiscal de Estado representa a la Provincia, sus organismos

autárquicos y cualquier otra forma de descentralización administrativa, en

todos los juicios que se controviertan sus intereses, cualquiera fuera su

fuero o jurisdicción conforme lo dispone la presente ley”;

Que, asimismo, el artículo 3° de dicha norma dispone que “El Fiscal

de Estado podrá sustituir la representación en juicio de la Provincia tanto

dentro como fuera de la competencia territorial de ésta, en funcionarios de

la Fiscalía con título habilitante, quienes actuarán conforme con las leyes

reglamentarias de la profesión;

Que por el artículo 6° del mentado Decreto-Ley se establece que los

mencionados representantes sustitutos deberán ajustarse en todos los

casos a las instrucciones que les imparta el Fiscal de Estado;

Que de lo expuesto se colige que los profesionales actuantes en

sustitución del Fiscal de Estado no ejercen la profesión del mismo modo

que un abogado particular, ya que se encuentran bajo una subordinación

administrativa, técnica-jurídica y económica, actuando bajo las directivas

del titular del organismo, rigiendo su actuación profesional de acuerdo a la

Ley N° 5177 del ejercicio profesional de la abogacía, con las limitaciones

dispuestas en la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado y, por tanto, éste es

su régimen estatutario;

Que actuando bajo una relación de empleo público, gozan de otros

benecios que los profesionales liberales no poseen;

Que sentado lo que antecede, el Estado Provincial no puede ser

considerado por las leyes arancelarias, por su actividad, nes y cantidad

de pleitos en trámite, como un locatario de servicios jurídicos sino que

por su envergadura tiene su propia organización afectada a tales nes;

Que, asimismo, la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado establece dos

relaciones estatutarias diferenciadas: una para los abogados que forman

parte de la administración pública – relación de empleo público- y otra,