Publicaciones de la Sección Judicial de 25 de Enero de 2016

PÁGINA 617

PROVINCIA DE BUENOS AIRES | BOLETÍN OFICIAL LA PLATA, LUNES 25 DE ENERO DE 2016

Sección Judicial

Remates

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JUAN CARLOS MARIUCCI

POR 3 DÍAS - El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1

del D. J. Quilmes hace saber por intermedio del presente

edicto, por tres (3) días que el Martillero Público Juan

Carlos Mariucci, (Mat. 034 D.J.Q.) rematará EL DÍA 23 DE

FEBRERO DEL AÑO 2016, A LAS TRECE HORAS (13:00)

en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Depto.

Judicial Quilmes ubicado e n calle H. Primo N° 277

Quilmes, el 50% indiviso de cada uno de los siguientes

inmuebles en la Ciudad y Partido de Quilmes, calle

Garibaldi N° 339/41, de esta Localidad, 1) N. Catast. Circ.

I; Sección L; Manzana 46; Parcela 1a; Sub-parcela 4; pro-

pietario Antonio Perugia,; Matrícula 67063; estado de ocu-

pación: local desocupado en la actualidad chapa munici-

pal N° 341, buen estado de conservación. Deudas: Tasas

por S. Públicos Urbanos, salud Acción Soc. (T. 15) cta.

101261484/3 al 27/8/2015 $ 33983.78, T.12 cta.

386003084-3 $ 4488,68. A. y S. Argentinos, $ 12352,90,

Arba 086-237409-6 deuda 25/11/2015 $ 1085. Cert.

Deuda Expensas $ 5173,62, V. Fiscal 48333. 2) N. Catast.

Cir. I Secc. L, Manzana 46, Parcela 1a Sub parcela 7; pro-

pietario Antonio Perugia, Matrícula 67063, local comercial

funcionado como remisería, buen estado de conserva-

ción, ocupada por Mirian Sánchez DNI 20.723.145, quien

dice ser inquilina hace un año y ocho meses. Tasas por S.

Públicos Ur banos, salud Acc ión Soc. (T15) cta .

101261487/4 $ 4858,67, al 27/8/2015. T 12, sin deuda.

Cta. 386003087/4 saldo al 12/08/2015. A y S Argentinos

sin deuda, Arba 086-237412, sin deuda; Cert. Deuda

Expensas $ 951.20. V. Fiscal $ 21864. Se fija como lugar

de exhibición de los inmuebles el domicilio de las unida-

des, el día 22 de febrero de 2016, de 12 a 13.30 hs. La

venta se realizará al contado, y al mejor postor, fijándose

como base de salida a remate: UF4 $ 16522,33 y UF7 $

7473,66. (art. 566 CPCC). Seña: 30 % del valor total de la

venta y a cuenta del precio; Comisión; 3% (art. 54 inc. Ley

10.973) a cargo por cada parte (compradora y vendedora);

1% del sellado a cargo del Comprador; aporte 1,50% art.

38, Inc. B; Ley 7.014; La subasta fue mandada llevar a

cabo en los autos “Bernetti Orlando Gino y Otra c/ Antonio

Perugia Construc ciones S.A . y O tros s/ Daños y

Perjuicios“ Exp. 9953, que tramita por ante el Juzgado en

lo Civil y Comercial N° 1 de Quilmes. Dr. Fernando Ernesto

Rodríguez, Juez. Quilmes, 29 de diciembre de 2015.

Martín José Sainz, Secretario.

Qs. 89.017 / ene. 21 v. ene. 25

CASA CENTRAL C.C.

POR 5 DÍAS - En IPP PP-03-02-004002- 14/00 cara-

tulada “Cortez, Ismael Ramón y otros s/ Amenazas agra-

vadas - Amenazas agravadas - Amenazas - Hurto -

Encubrimiento” de trámite por ante este Juzgado de

Garantías N° 4 de Mar del Tuyú, a cargo del Dr. Diego

Olivera Zapiola, Secretaría a cargo del autorizante, de este

Departamento Judicial de Dolores, a fin de notificar al

imputado CORTEZ ISMAEL RAMÓN cuyo último domici-

lio conocido era en calle 54 esquina 13 N° 5402 de la loca-

lidad de Mar del Tuyú, la siguiente resolución: “Mar del

Tuyú, 26 de octubre de 2015. Autos y Vistos: Para resol-

ver la solicitud de sobreseimiento interpuesta por el Sr.

Defensor Oficial en favor de sus ahijados procesales Atilio

Alberto García y Ramón Ismael Cortes teniendo a la vista

las actuaciones que conforman la Investigación Penal

Preparatoria 03-02-4002-14; Y Considerando: Primero:

Que a fs. 104/110, el Sr. Agente Fiscal a cargo de la UFID

N° 2, Dr. Martín Miguel Prieto, requiere la elevación a jui-

cio de la presente causa. Segundo: Que a fs. 111/vta. se

notifica de las conclusiones de dicho requerimiento al Sr.

Defensor Oficial, oponiéndose al progreso de la acción

penal a fs. 112/115 vta. solicitando el sobreseimiento de

sus as istidos Atilio Roberto García y Ramón Ismael

Cortes. Expone la Defensa que los elementos colectados

en la presente causa, resultan ser a todas luces insufi-

cientes como para disponer la elevación a juicio de la

misma, correspondiendo el dictado del sobreseimiento

total de los imputados.-Manifiesta el Sr. Defensor Oficial

que El MPF le imputa a Atilio Alberto García la coautoría

penalmente responsable de los Hechos I, II y la autoría

penalmente responsable del Hecho V y a Ramón Ismael

Cortes, la coautoría penalmente responsable del Hecho II

y la autoría penalmente responsable del Hecho III. En este

orden de ideas expresa el representante del Ministerio

Público de la Defensa que de la compulsa del expediente

surgen dudas e incongruencias que deben ser interpreta-

das a favor de sus asistidos, sosteniendo en primer lugar

que no se encuentra acreditada la materialidad ilícita de

ninguno de los hechos investigados, y mucho menos que

sus asistidos resulten autores o coautores, en su caso, de

los mis mos, entendiendo que corresponde dictar su

sobreseimiento en esta etapa procesal.- Manifiesta el Dr.

Leonardo Paladino que el denunciante Bienvenido Silva

Vera y su amigo Gastón Gonzalo Gómez refieren una serie

de sucesos de los cuales la única probanza son sus

dichos, toda vez que no ha habido otros testigos presen-

ciales del hecho, conforme informa personal policial a fs.

6. Por otra parte sostiene el Sr. Defensor Oficial que las

genéricas referencias efectuadas al motovehículo donde

circulaban supuestos agresores -moto negra, sin patente,

110cc. o del arma empleada -color negro, sin siquiera

poder precisar si se trataba de una pistola o de un revól-

ver, o la imprecisa determina ción de los acus ados

“Ramón”; “el cuñado de Ramón” no alcanzan a brindar

una mínima certidumbre sobre la materialidad de un

hecho ilícito y mucho menos, de sus autores; resaltando

que no se han producido en autos diligencias de recono-

cimiento en rueda de personas o de cosas que pudieran

arrojar luz acerca de los extremos referidos.- Asimismo

agrega la Defensa que tanto Silva Vera como Gómez

manifestaron que de serIe exhibida el arma utilizada no

podrían reconocerla (fs. 1/vta. y fs. 5/vta.); entendiendo en

este sentido que el único elemento que enlaza a sus

defendidos con aquellos supuestos que habrían agredido

al Sr. Bienvenido Silva Vera es un informe policial en el

que se los señala como aquellas personas que el denun-

ciante refirió como “Ramón” y “el cuñado de Ramón”. La

Defensa Cita Jurisprudencia al respecto.-En otro orden de

ideas, el Dr. Leonardo Paladino expresa en relación al

encubrimiento endilgado a García (hecho V) que, si bien es

cierto que el motovehículo denunciado habría sido hallado

en el domicilio del encartado, ello no es un indicio que

“per se” permita suponer que el imputado debiera cono-

cer de su existencia o bien pudiera conocer su eventual

procedencia ilícita, destacando que el dolo no se presu-

me, sino que debe demostrarse. Aduna el Sr. Defensor

Oficial que para la configuración del delito de encubri-

miento hace falta la presencia del dolo específico de reci-

bir, adquirir u ocultar un objeto proveniente de un ilícito, el

sujeto activo, por lo tanto tiene que tener un pleno y efec-

tivo conocimiento de la procedencia ilícita, no resultando

suficiente para tener por acreditada la autoría la sola

tenencia de la “res furtiva”, como ocurre en el caso que

nos ocupa. Cita Jurisprudencia. Asimismo expresa el

representante del Ministerio Público de la Defensa que el

MPF debe probar los extremos de la acusación para

poder mantenerla, no como carga sino como imperativo

de su función específica, deber que se extiende aún para

las pruebas de descargo. Cita Doctrina y Jurisprudencia.

Expresa la Defensa que teniendo en cuenta las derivacio-

nes del principio de inocencia” in dubio pro reo” y “favor

rei”, la duda no autoriza el paso a la siguiente etapa. Cita

Jurisprudencia. Finaliza el Dr. Leonardo Paladino soste-

niendo que la requisitoria Fiscal no conforma un cuadro

probatorio apto como para disponer la elevación a juicio

de la causa, entendiendo que corresponde el dictado del

sobreseimiento total de los imputados en esta oportuni-

dad procesal. Tercero: Función de la etapa intermedia Del

juego armónico de los Arts. 23 incs. 5, 336 y 337 del ritual

dimana la función de la etapa intermedia en el proceso

penal, analizados desde el prisma de la interpretación lite-

ral, como lo señala Julio BJ. Maier la que no consiste sólo

en captar el sentido de la oración, sino que utiliza méto-

dos auxiliares, teniendo en cuenta el contexto de la expre-

sión, lo que transmite la regla a los destinatarios (interpre-

tación objetiva), así como la “voluntad del Iegislador”

(interpretación subjetiva). La expresión de motivos intro-

ducida por la Ley N° 13.183, se fundamentó en “La admi-

nistración racional del proceso, evitando planteos dilato-

rios a fin de otorgar mayor acceso a la justicia en los casos

complejos o de alta conflictividad”, todo ello a fin de ace-

lerar el proceso, simplificar su trámite y concentrar los

planteos de las partes. (voto Dr. Marcelo Augusto Madina;

Plenario Ordoñez Alejandro Oscar si Infr. Ley N° 23.737;

causa 11.247, Excma. Cámara de Apelación y Garantías

en lo Penal de Mar del Plata; 19/6/07). La fase intermedia

en la que nos encontramos “se funda en la idea de que los

juicios deben ser preparados convenientemente y se debe

llegar a ellos luego de una actividad responsable”. Por tal

razón, un proceso correctamente estructurado tiene que

garantizar, también que la decisión de someter a juicio a

un imputado no sea apresurada, superficial o arbitraria”

(Introducción al Der. Procesal Penal, Alberto Binder: capl.

XVIII). La requisitoria de elevación a juicio trata básica-

mente del mérito de la causa para pasar a debate y exige

una “probabilidad preponderante”, la que según Binder se

traduce en una “alta probabilidad” o promesa juramenta-

da de que el hecho será probado en el juicio. (Introducción

al Der. Procesal Penal, Alberto Binder: Ad. Hoc. pág. 225).

Y sin perjuicio que es sin duda el debate oral el centro del

proceso penal, sin embargo corresponde al Sr. Juez de

Garantías el control de la investigación preliminar, de

manera que si el requerimiento fiscal resulta infundado, la

apertura del juicio deviene improcedente (cfr. Binder

Alberto “Introducción al Der. Procesal Penal”. Págs.

245/253 Edit. Ad-Hoc, 2da. Edición, Bs. As. 1999). Es por

ello que esta etapa “intermedia” debe soportar no sólo el

control formal sino también uno sustancial. Y el requeri-

miento es fundado siempre que la promesa de elevar,

ofrezca prueba suficiente, útil y pertinente. Cuarto: Que de

conformidad con lo estatuido por el Art. 337 del C.P.P,

deben analizarse las causales, en el orden establecido en

el art. 157 del mismo cuerpo legal, luego de lo cual arribo

a las siguientes conclusiones: A) Habida cuenta la fecha

de iniciación de estos actuados, (Hechos I, II y V, 4 de

septiembre de 2014, Hecho III, 11 de junio de 2014 y