Un proyecto urgente que deroga partes de la ley de medios y del marco legal del 4G

A 48 horas de la definición de la con la que el gobierno prevé recaudar US$ 2000 millones y los usuarios esperan finalmente poder hablar por celular, el gobierno nacional presentó un proyecto de ley de telecomunicaciones para reemplazar el decreto de facto que las rige desde 1972. La iniciativa lleva el pomposo nombre de y podría no ser todo lo que parece.

El marco regulatorio de las telecomunicaciones es uno de los más activos en el mundo, donde existen autoridades de aplicación que velan por el cumpliendo de normas extensas sobre las que se dictan disposiciones prácticamente a diario. Fuera de esa normalidad estuvo hasta ahora la Argentina, en donde se dictaron muy pocas resoluciones en la materia en los últimos once años mientras simultáneamente y por decreto se lanzaron millonarios planes oficiales, como la televisión digital estatal o la red federal de fibra óptica. Ahora, con un proyecto de 76 artículos (la ley de medios tiene 166 y decenas de notas al pie), el gobierno propone derogar de hecho un aspecto clave de la ley de medios, que ya tiene cinco años, y cambiar completamente la base jurídica de una licitación que se resuelve mañana. Hasta el propio secretario de Telecomunicaciones, Norberto Berner, reconoció que "es una ley corta, de sólo "25 carillas".

Con una redacción enredada, el Art. 9 del proyecto deroga el inciso d) del Art. 25 de la ley de medios, que impedía a las empresas prestadoras de servicios públicos dar servicios audiovisuales. Esa posibilidad estaba contemplada en el proyecto original de la ley de medios pero fue eliminada para que los bloques de Proyecto Sur, Libres del Sur y el Partido Socialista aceptaran dar el quorum en la Cámara de Diputados para tratar esa norma en 2009. Ahora, Telefónica, Telecom y Claro podrán dar TV por cable al quedar "exceptuadas" del cumplimiento de aquella disposición. No está claro si, como exige la ley de medios, ese servicio prestado por las telefónicas estará limitado a 24 localidades (razón por la cual Cablevisión, del grupo Clarín, debe partirse en tres partes para adecuarse a esa norma). La entrada de las telcos -como se las conoce en el sector- al negocio del cable podría ser grave para las pymes cableoperadoras que ya tenían que competir en igualdad de condiciones con el gigante DirecTV (adquirida por el más grande aún ATyT) y ahora deberán hacerlo también con las telefónicas.

Además, la iniciativa presentada ayer deroga el decreto-ley 19.798, firmado por el dictador...