Proyecto preliminar para la adecuación del decreto provincial 179/2012

Autor:José Luis Bertini
Cargo:Licenciado en seguridad ciudadana
RESUMEN

En la Argentina se debería formar a los funcionarios penitenciarios y policiales para que protejan y respeten los derechos de los ciudadanos, pero que también como trabajadores sean portadores de derechos, y cuya función se encuentre organizada desde el poder político para que sea desarrollada con un alto grado de profesionalismo, y sus derechos y condiciones laborales se encuentren amparados... (ver resumen completo)

 
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Antecedentes

La seguridad ciudadana se inserta como un aspecto fundamental dentro de la sociedad del siglo XXI, en donde el Estado Argentino debe proteger a sus habitantes y brindarles la seguridad para que puedan hacer uso y goce de sus derechos, garantías, libertades y bienes. De esta manera, el individuo podrá desenvolverse cotidianamente con el menor nivel posible de amenazas, prevaleciendo el bienestar de la sociedad y colocando a la persona y no al Estado como centro de la seguridad.

En la actualidad, la Argentina está inmersa en la comunidad internacional y justamente a partir de ello, se ha comprometido en un marco jurídico -a través de tratados internacionales- a respetar los Derechos Humanos (DDHH). A raíz de esta cuestión, el país asumió el compromiso de satisfacer las necesidades y de respetar los derechos de todos los habitantes por igual, a través de la delegación de poder que él mismo ha hecho en sus funcionarios, como responsables de conducir el aparato estatal.

A partir de este marco sociohistórico surge la necesidad de una democratización de las Instituciones del Servicio Penitenciario y de las Policía, ambos de la provincia de Buenos Aires para poder formar funcionarios responsables, de acuerdo a las exigencias que demanda la sociedad y por sobre todo, orientados hacia la importancia del respeto de los derechos de los ciudadanos, pero también hacia sus propios derechos.

En este sentido, el Estado y la sociedad tienen la obligación de formar trabajadores penitenciarios y policiales. Por eso, “…debemos preguntarnos sobre la responsabilidad social, cuando hombres y mujeres son no formados adecuadamente para el desempeño de una práctica de extrema sensibilidad social, que pone en juego la vida de los otros y la propia.” (ALVAREZ: 2008)

Es necesario crear un funcionario público propio de un estado de derecho, característico de una vida en democracia, más si se tiene en cuenta que “…existen sistemas de organización y estructuración de estas instituciones que son poco compatibles con la democracia constitucional (…) Por ello debemos insistir en una formación en seguridad que debe ser profesional y comprometida con los valores democráticos”. (ALVAREZ: 2008)

No hay que dejar de lado que “la Seguridad a la que se debe aspirar es aquella que garantice los valores esenciales de nuestras sociedades, es decir, la democracia representativa, los derechos humanos, el desarrollo y el bienestar de todos los ciudadanos”. (ALVAREZ: 2008)

En la Argentina se debería formar a los funcionarios penitenciarios y policiales para que protejan y respeten los derechos de los ciudadanos, pero que también como trabajadores sean portadores de derechos, y cuya función se encuentre organizada desde el poder político para que sea desarrollada con un alto grado de profesionalismo, y sus derechos y condiciones laborales se encuentren amparados por legislaciones nacionales e internacionales.

FUNDAMENTACIÓN

Las Condiciones Laborales y el medio ambiente de trabajo en que desarrollan sus funciones los trabajadores del Servicio Penitenciario y de las Policías de la provincia de Buenos Aires son muy graves y de mucha precariedad, y no se puede pretender soluciones mágicas a corto plazo, sino más bien un trabajo planificado y con una mirada multiagencial.

Existe un conflicto en las condiciones laborales de estos trabajadores ya que el contexto institucional, social y económico es desfavorable. Un conflicto que puede ser explicito, implícito, y hasta reprimido, pero si no se toman medidas profundas ese conflicto siempre va a existir y va a estar allí.

El trabajador no puede apoyarse en la Institución cuando hay un conflicto, por ello hay que hacer que los trabajadores comiencen a participar para dominar su actividad. Cambiar la estructura mental de los componentes de las Instituciones involucradas es muy difícil, pero sí es más fácil cambiar a las Instituciones. Y en eso juega un papel muy importante el Estado y las decisiones políticas que se adopten.

Desde la provincia de Buenos Aires se está tratando la problemática de las condiciones laborales de sus trabajadores. En este sentido se sancionó la Ley 14226 que crea la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP), reglamentada con Decreto 120; y a través del Decreto Nº 1238/12, promulgó la Ley Nº 14.408, que crea en el ámbito de la provincia de Buenos Aires los Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad en el Empleo del Sector Privado. En ambos establecen la participación conjunta de todos los actores laborales como la más eficaz herramienta para alcanzar más altos niveles de Salud y Seguridad en el marco del empleo.

En el mismo sentido el Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli promulgo el Decreto 179/12. En éste se crea la Comisión de Salud y Seguridad para el Servicio Penitenciario Bonaerense y las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Esta Comisión está conformada por representantes de los Ministerios de: Justicia y Seguridad, Salud, y Trabajo, y tiene como objetivo prioritario preservar la vida y la salud de sus trabajadores. Es muy importante como punto de partida, porque es el primero en su tipo que toma en cuenta al trabajador del servicio penitenciario y al policía, y su situación laboral, pero no prevé la participación de éstos, aunque tampoco la prohíbe.

Si bien el Decreto tiene intenciones muy meritorias y la comisión seguramente va a estar conformada por profesionales y especialistas de cada Institución con una formación y experiencia en su área incuestionables, el autor considera que es insuficiente . Esto es porque la función que van a desempeñar va a estar sólo dirigida a detectar necesidades en lo general, con el convencimiento que con ello dará solución a la situación compleja y precarizada del trabajo que realizan tanto los trabajadores penitenciarios como los policiales. Como resultado la intervención...

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