PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 25.764 - PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCION A TESTIGOS E IMPUTADOS -, RESPECTO DE INCLUIR OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD POR PARTE DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES.
| Fecha de presentación | 16 Abril 2019 |
| Número de Iniciativa | 1102/19 |
| Comisión | Comisión de justicia y asuntos penales |
| Autor de la iniciativa | Basualdo , Roberto Gustavo |
| Estatus | Archivado |
“2019 Año de la Exportación”
(S-1102/19)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
ARTÍCULO N° 1: Incorpórese el artículo N ° 8 Bis de la LEY N° 25.764
CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCION A
TESTIGOS E IMPUTADOS, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“ART. 8 Bis: Deberá el personal afectado al programa, garantizar
rigurosamente el secreto y confidencialidad de toda información a la
que acceda en el ejercicio de sus funciones, respecto de las personas
y grupo familiar objeto de protección en la presente ley. Dicha
obligación de secreto es extensiva a las autoridades judiciales,
funcionarios y personas que por su cargo, función o tarea tomen
conocimiento de la información mencionada, extendiéndose incluso
luego del cese del cargo, función o tarea.”
ARTÍCULO N° 2: Incorpórese el artículo N° 8 Ter de la LEY N° 25.764
CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCION A
TESTIGOS E IMPUTADOS, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“ART. 8 Ter: Será sancionado el incumplimiento al artículo anterior con
las penas establecidas en el artículo 157 bis del Código Penal, sin
descontar la respectiva responsabilidad civil y disciplinaria.”
ARTÍCULO N° 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La presente iniciativa legislativa viene a fortalecer aspectos sensibles
de la Ley 25.764 del año 2003 que creó el programa Nacional de
protección a testigos e imputados que depende de la Secretaría de
Justicia. Dicha ley encuentra como objeto de tutela jurídica a testigos e
imputados (colaboradores de justicia o arrepentidos) que a causa de
su trascendental aporte a una investigación judicial de competencia
federal (narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo, delitos de lesa
humanidad cometidos en el período 1976/1983, trata de personas) y
que, en consecuencia, vean un riesgo para si y su familia sea en su
integridad física, moral o incluso en sus vidas.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba