Las provincias y la política petrolera

 
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El gobierno nacional ha tomado la iniciativa de una revisión del marco legal que rige para el sector petrolero. Un proyecto de reforma de la ley de hidrocarburos ha tomado estado público y es motivo de discusión con los gobernadores de las provincias petroleras. La realidad de un grave y costoso desbalance energético ha motivado este proceso de revisión de las políticas aplicadas desde 2012 hasta ahora. Lo fundamental es hacerlo bien para no agravar lo que se ha hecho mal.Varias décadas atrás, el petróleo y el gas fueron excluidos de las disposiciones del Código de Minería. Por su importancia energética, y a diferencia del carbón, fueron encuadrados en una ley especial y sometidos a la jurisdicción nacional. Al igual que lo establecido en aquel Código para los minerales de primera categoría, se dispuso que los yacimientos petrolíferos fueran propiedad del Estado nacional y no del superficiario. Siendo YPF en aquel entonces una empresa pública y, además líder, el pensamiento predominante llevó a diseñar un esquema de control de la política sectorial por parte del gobierno nacional.La reforma constitucional de 1994 modificó aquel criterio y determinó que, en adelante, serían las provincias las propietarias de sus yacimientos. Sus gobiernos los concesionarían para su exploración y explotación. Desde entonces, las provincias no sólo cobran regalías, sino que también otorgan y regulan las concesiones. La privatización de YPF en esa misma época pareció quitar a la Nación toda injerencia institucional en este sector. Sin embargo, a través del control de las tarifas de gas y de los derechos de exportación del crudo, el gobierno nacional manejó la economía de la actividad. La creación de Energía Argentina SA (Enarsa) reforzó en el mismo sentido el manejo centralizado de la política petrolera desde la Casa Rosada, incluso de las importaciones de gas y combustibles líquidos.Contra estos ímpetus del gobierno central, las provincias petroleras comenzaron por su lado con iniciativas fiscalistas y estatistas. Se crearon empresas públicas locales y se obligaba a los adjudicatarios de áreas a asociarse con ellas, cediéndoles el 10 por ciento del capital contra ningún aporte (modalidad denominada "el acarreo"). También se elevaron abusivamente las alícuotas de impuestos provinciales. Las conversaciones del actual presidente de YPF con posibles inversores extranjeros dejaron en claro que por ese camino se corría el riesgo de ahuyentarlos, aun en la hipótesis de resolver los...

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