Propuestas para una reforma legal en materia de fiscalización estatal

Autor:Vanasco, Carlos A.
 
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Propuestas para una reforma legal en materia de fiscalización estatal

por Carlos A. Vanasco

1. Introducción

Una ley de sociedades es un instrumento esencial del derecho a través del cual la comunidad de un país intenta crear condiciones de orden y desenvolvimiento adecuados para la empresa emprendida por un grupo de personas que ha acordado llevar adelante una actividad económica. Ese interés del derecho y de la comunidad es el que ha inspirado al legislador para sancionar un conjunto orgánico de normas destinadas a regular específicamente las relaciones internas y externas del grupo, estableciendo a través de ellas ciertas reglas, algunas de carácter indisponible por los particulares y otras directamente dispositivas, que son adoptadas teniendo en cuenta dos circunstancias esenciales: una, la experiencia dada por la práctica comercial llevada a cabo en forma grupal, que ha ido conformando una serie de soluciones que se consideran adecuadas para dar dinamismo y efectividad a la actividad comunitaria; otra, la necesidad de que dentro del grupo, sus integrantes encuentren soluciones razonablemente aceptables a sus más descollantes diferencias, nacidas precisamente de la plurilateralidad del negocio jurídico conformado.

La existencia, pues, de una ley de sociedades queda justificada precisamente por la necesidad de que, por las razones expuestas, el derecho destine normas que se han de agrupar como sistema coordinado y metodizado, tendiente a cumplir los fines superiores de servir de orden jurídico especial, dentro del general, mediante el cual se intenta imponer reglas útiles de actuación común en una comunidad política y jurídicamente organizada.

Ahora bien, mediante ese orden jurídico especial ­sociedad, derecho societario, régimen jurídico de las sociedades, o como se lo quiera denominar­ se busca, como se ha visto, por un lado, crear condiciones de estabilidad y de paz dentro del grupo humano afectado a una actividad económica, intentando evitar desavenencias y rencillas propias del carácter pluripersonal del emprendimiento, que podrían llevar a injustas situaciones de hecho o de derecho; por otro lado, dotar a ese grupo de una serie de herramientas, también jurídicas, con las cuales ha de poder solucionar los conflictos que se suscitaren en su seno y permitir, por último, que se desenvuelva exteriormente en el mundo económico y jurídico en que ha de actuar, en forma dinámica, optimizando su eficacia en mira del cumplimiento de sus objetivos.

Tras la búsqueda de estas finalidades, el derecho ha tenido que sancionar, dentro del régimen jurídico societario, una serie de disposiciones de aplicación imperativa por los particulares, pues a través de ellas se intentan satisfacer los fines perseguidos con la instauración del sistema normativo que regula en lo específico la

* Publicado en "Centenario de la Inspección General de Justicia", Ministerio de Justicia de la Nación, 21/11/93. Ponencia presentada en el Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, y V Congreso de Derecho Societario, Córdoba, 1992.

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seguidos con la instauración del sistema normativo que regula en lo específico la materia.

Esos instrumentos son, fundamentalmente: a) la tipicidad; b) la organicidad; c) la personalidad, y d) el principio mayoritario.

Interpretamos que ésta ha sido la opción de y para nuestra comunidad organizada, al haber el legislador elegido para ella una ley de sociedades con el alcance y las finalidades antedichas, que presenta las características de un ordenamiento no dispositivo en cuanto a los instrumentos jurídicos precedentemente mencionados y adoptados para su aplicación. La otra alternativa hubiera sido haber regulado el contrato de sociedad como un negocio jurídico más dentro del ordenamiento general, tratando sólo de imponer reglas destinadas a que las partes no concluyan sus negocios en forma ostensiblemente injusta para alguna de ellas, lo que constituye, en general, la finalidad de las normas imperativas que regulan los negocios jurídicos celebrados por los particulares.

Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con algunas otras legislaciones ­especialmente la angloamericana­, se dotó a la ley de un fuerte tinte reglamentarista mediante la inserción de normas indisponibles, no todas ellas así calificadas por la propia ley y, por ello, no fácilmente identificables, lo que apareja algunas dificultades de interpretación por la especialidad de la materia, a lo cual sólo tienen acceso aquellos debidamente informados de su finalidad y economía.

Desde otro punto de vista, advertimos que la existencia de una ley o de un ordenamiento sistemático y reglamentarista de normas destinado a regular el fenómeno societario, tiene también por finalidad evitar las diferencias que podrían suscitarse entre los socios, de no mediar ciertas estructuras y soluciones establecidas a priori y sobre la base de la experiencia pasada, que se han adoptado por ley precisamente para prevenir los litigios y eludir la consiguiente lesión a los múltiples intereses comprometidos con la actividad grupal desarrollada.

Como primera conclusión podemos decir, en consecuencia, que una ley de sociedades es un importantísimo elemento de prevención de conflictos internos y externos de la agrupación económica humana, con el que se intenta evitar que esos conflictos lleguen a los tribunales para ser solucionados luego de su aparición ­y no antes­, con la gravedad que ello apareja para los intereses de los socios y de los terceros vinculados con la actividad emprendida por aquéllos, para mencionar sólo los más descollantes agravios que esos conflictos pueden producir en el ámbito privado.

Ahora bien, la misma ley de sociedades argentina, como lo hacen otras legislaciones específicas extranjeras, contempla la existencia de un organismo de control para las sociedades por acciones. No parece apropiado desarrollar aquí las razones históricas o de política legislativa que han llevado a incorporar a la normativa societaria argentina tal fiscalización estatal, por lo que obviando tal aspecto sólo diremos que desde hace muchos años este control se encuentra incorporado a nuestro sistema legal societario y su abrupta desaparición, sin una sustancial modificación de todo el ordenamiento vinculado con las sociedades por acciones, dejaría obviamente desquiciado el régimen normativo, por la simple y sencilla razón de que éste constituye un ordenamiento sistemático en el que todas sus disposiciones hallan íntima vinculación y conforman un complejo normativo que da un equilibrio adecuado al

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sistema y lo hace lógico, razonable y, sobre todo, útil y válido en su aplicación para el fin que tiene destinado satisfacer, esto es, servir de sensible instrumento para la solución de posibles conflictos internos y externos del grupo social. En otras palabras, beneficiar al hombre en sus quehaceres y actividades económicas, cuando decide emprenderlas en comunidad, brindándole una herramienta provechosa y no una traba que le ponga obstáculos a su desenvolvimiento.

Lo que no se ha advertido, o al menos no ha sido suficientemente evaluado, y es necesario tener en cuenta para cualquier modificación de la ley, es que la autoridad administrativa de control, junto con la ley, es también un recurso institucional tendiente fundamentalmente a la prevención de los conflictos entre socios y entre éstos y terceros, con lo que se salvaguardan los intereses privados de todos ellos, se procura el mantenimiento de la empresa como unidad económica productiva y se evita la proliferación de costosos litigios tendientes a solucionar esos conflictos recién luego de producidos.

Si no se tiene claro este objetivo para propiciar cualquier reforma legal, ésta no ha de satisfacer los verdaderos intereses que debiera tener en cuenta toda ley, a saber, un verdadero beneficio para los hombres que conforman la comunidad destinataria de aquélla, que son, en este caso, los empresarios y comerciantes y no los llamados operadores jurídicos, que son quienes llevan a cabo las diligencias y trámites vinculados con las formalidades a cumplir para la constitución y funcionamiento de las sociedades por acciones.

Las razones que se han aducido para la supresión lisa y llana de los organismos de control, excepto para las sociedades que recurren a la suscripción y al ahorro público, no son, a nuestro juicio, convincentes, por cuanto todas ellas se sustentan en causas pragmáticas y no estrictamente jurídicas y se vinculan en casi todos los casos con trámites y procedimientos formales más que con cuestiones de fondo o sustanciales, y algunas de ellas son contradictorias con ciertas posiciones adoptadas por quienes las invocan. En efecto, se alegan distintos motivos para propiciar la reforma de la ley en este aspecto, y muchas veces en los argumentos que se esgrimen se entremezclan y se confunden las funciones de control de constitución de las sociedades por acciones y de las reformas de su estatuto y capital (arts. 167 y 300), con las de fiscalización posterior, permanente o restringida (arts. 299 y 301), cuando son dos aspectos que es necesario considerar separadamente, ya que cada una de tales intervenciones de la autoridad pública responde a distintas causas y finalidades.

2. El control de legalidad

El primero de estos controles es el de constitución y reformas de las sociedades por acciones.

En general, y en cuanto a la fiscalización del acto constitutivo, quienes la cuestionan invocan diferentes motivos: constituye un inconveniente para la rapidez de la constitución de una sociedad o para la inscripción de sus reformas (en el orden práctico); que es un resabio del sistema de la autorización para la constitución de sociedades por acciones (en el orden histórico); que el control de funcionamiento es inocuo y no cumple...

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