Prólogo

• Páginas: 9-11
• Autor: Manuel E. Rodríguez Juárez

PRÓLOGO

La presente obra surge de la necesidad de los abogados

que transitamos a diario los pasillos de los tribunales, de

aclarar algunos conceptos y puntos oscuros que ofrece el

trámite del juicio abreviado, instaurado a partir de la re-

forma al Código Procesal Civil y Comercial realizada por

la ley 8465.

Este instituto, conjuntamente con la regulación de la

intervención de terceros en el proceso civil, constituye una

de las novedades introducidas por la reforma, ya que el

resto del articulado mantiene, en líneas generales, los pro-

cedimientos e instituciones previstos y regulados en el Có-

digo anterior.

Creemos honestamente —como lo expresé cuando la

hoy ley 8465 era un simple proyecto de reforma— que aquí

el legislador ha cometido uno de sus errores más groseros,

al haber trasplantado instituciones del Código Procesal

Civil y Comercial de la Nación, sin su respectiva sistemá-

tica, y al equivocar los principios procesales que tenía en

mente en el momento de realizar la reforma. Una de las

razones por las cuales se impulsó el cambio fue la insopor-

table duración de los procesos civiles, que terminaba pro-

vocando mayores injusticias que la injusticia misma que

se pretendía reparar acudiendo ante el órgano jurisdiccio-

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los cuales hacíamos referencia más arriba] en forma total y

definitiva”.2

La diferencia respecto del procedimiento del juicio or-

dinario es simplemente la distinta “cuantía” de las preten-

siones discutidas, que en el procedimiento abreviado son

de menos de cien jus. Se trata entonces de una cuestión de

política legislativa a partir de la cual el legislador le con-

cede un interés social menor a la cuantía que se discute

para lograr la pronta culminación de ese tipo de causas.

Pero la resolución que ponga fin al procedimiento, luego

de su integral tramitación, será definitiva, es decir, del tipo de

resoluciones que causan “estado” y tienen, por tanto, el ca-

rácter de cosa juzgada material.

Debemos, sin embargo, dejar en claro que el legislador

no ha tenido en cuenta únicamente el criterio económico

para determinar cuándo un procedimiento debe tramitar-

se por juicio abreviado, sino también razones cualitativas

que atienden a la naturaleza de las cuestiones a debatirse

y que infra se describen.

2. PROCESOS DE EJECUCIÓN

El proceso de ejecución es aquel que parte de un título

o de una sentencia que goza de una presunción de auten-

ticidad, cuya ejecución se pretende directamente. Como

bien se ha señalado, tiene su origen en la mixtura del pro-

cessus executivus del derecho romano, que privilegiaba la

coacción al servicio del acreedor, y del derecho germano,

que repudiaba la violencia en la defensa de los derechos

privados3.

2Palacio, Lino Enrique - Alvarado Velloso, Adolfo, Código Procesal Civil y

Comercial de la Nación. Comentado, concordado y anotado, t. 7, Santa Fe,

Rubinzal-Culzoni, p. 156.

3Podetti, Ramiro J., Tratado de las ejecuciones, Bs. As., Ediar, 1952, p. 73.