La procuradora deberá declarar como acusada por la compra de un edificio

 
EXTRACTO GRATUITO

El juez federal Julián Ercolini citó ayer a indagatoria a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, acusada de haber direccionado la licitación para la compra de la nueva sede del Ministerio Público Fiscal.

Ercolini firmó la citación ayer, minutos antes del inicio de la feria judicial, tres días después de haber recibido el dictamen del fiscal del caso, Eduardo Taiano, que sostuvo que había elementos para sospechar que su jefa había simulado una licitación que no fue tal y recibido "dádivas" en el marco de la compra del edificio Cangallo, donde ella tiene ahora su despacho.

Gils Carbó fue citada para el 31 de agosto próximo. Su declaración cerrará una ronda de indagatorias que incluye a otros diez acusados.

Esta citación se conoce cuando la relación entre la procuradora y el Gobierno atraviesa su momento de mayor tensión. Mauricio Macri, desde que asumió, le reclama la renuncia a Gils Carbó y la acusa de militar para proteger al kirchnerismo. Sin los votos para someterla a juicio político, explora distintos caminos para sacarla de su cargo. Ella se niega a irse si no es removida por un jury y denuncia un "hostigamiento".

Esta causa -la primera en la que la procuradora es citada a indagatoria- investiga la compra del edificio de Perón 667, donde funcionó hasta su venta la sede del grupo Bemberg. El Ministerio Público pagó, en 2013, $ 43.850.000.

Según Ercolini "existe motivo bastante para sospechar" que Gils Carbó y un funcionario que trabajaba bajo sus órdenes y hoy está suspendido, Guillermo Alfredo Bellingi "diagramaron un complejo entramado" para simular una licitación que estuvo direccionada.

Bellingi es medio hermano de Juan Carlos Thill, hombre que cobró 2.969.252 pesos de comisión como consecuencia de esta operación, a pesar de que no tenía experiencia en el rubro inmobiliario. En total, se pagaron 7.579.121 pesos en comisiones, lo que representa "un porcentaje inusual y significativamente superior al utilizado en el mercado inmobiliario", advirtió el juez.

Gils Carbó alega que la licitación fue real y muy publicitada, que ganó el mejor precio, que se pagó por el edificio un monto menor que lo que indicaba la tasación y que ella desconocía que se hubiera abonado esa comisión. Sostiene además que la pagó la parte vendedora -Arfinsa, de la familia Bemberg-, no el Estado, y que entonces no hay perjuicio.

Para Ercolini, este argumento no es válido. Según el juez, sí hubo un "perjuicio a los intereses de la Procuración"...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA