Procuración del Tesoro de la Nación - DICTAMEN PTN N°172\/15

Fecha de la disposición: 2 de Diciembre de 2015
 
EXTRACTO GRATUITO

CONTRATACIÓN DIRECTA. Abogado extranjero. Cláusulas contractuales. Contrato intuitu personae. ABOGADOS. Designación. Contratación. Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación. REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO. Cuerpo de Abogados del Estado. PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN. Dictamen. Cuestión técnica. Cuestiones de oportunidad mérito y conveniencia. CONTRATACIÓN DIRECTA. Abogado extranjero. Especialistas en la materia. Régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional. Aplicación. Fundamento. Efectos. En el contrato a suscribirse entre el Estado Nacional y un estudio jurídico extranjero resulta necesario que se establezca la responsabilidad propia y exclusiva del cocontratante, quien actuará inexcusablemente sin relación de dependencia con el Estado Nacional. Asimismo, resulta conveniente la inserción de una cláusula relativa a la intransferibilidad del contrato, toda vez que las obligaciones asumidas por los letrados integrantes del estudio a contratar, revisten el carácter de intuitu personae. En lo que respecta al objeto del contrato debería especificarse el deber de información que es menester en este tipo de contrataciones por parte de los abogados que actúan en representación del Estado Nacional, a través de la producción de informes y otros documentos que le sean exigidos por la autoridad contratante a fin de intercambiar información y coordinar la estrategia y posición a sostener en la actuación judicial. Es necesario, además, que el convenio a suscribir contemple la obligación de los profesionales de no ser patrocinantes o apoderados en causas contra el Estado Nacional o sus entes descentralizados. Por último, se debe establecer la posibilidad de rescisión contractual. Conforme lo determina el artículo 16 de la Ley N.º 12.954, ninguna repartición nacional puede nombrar asesor letrado ni otra clase de funcionario que específicamente ejerza función para la que se precise el título de abogado, sin oír previamente a la Dirección del Cuerpo de Abogados del Estado; ésta examinará si la función que quiere encomendarse al funcionario encuadra dentro de las que corresponden al cuerpo. La Ley N.° 24.946, en su artículo 66, determina que a los efectos de dar cumplimiento al artículo 27 \u2013primera parte- de esta ley, salvo los casos en que por ley se autorice un régimen especial, el Estado Nacional y sus entes descentralizados serán representados y patrocinados ante los tribunales judiciales y organismos jurisdiccionales y administrativos nacionales y locales, por letrados integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado dependientes de los servicios jurídicos de los respectivos ministerios, secretarías, reparticiones o entes descentralizados. El artículo 66, cuarto párrafo, de la Ley N.º 24.946 determina que cuando situaciones excepcionales o casos especiales lo hagan necesario, la representación del Estado en juicio podrá ser ejercida por otros abogados contratados como servicio de asistencia al Cuerpo de Abogados del Estado, previo dictamen favorable del Procurador del Tesoro de la Nación. Los procedimientos que establecen la intervención previa de la Procuración del Tesoro de la Nación, tienen por finalidad posibilitar el ejercicio efectivo del control que, sobre la designación de los integrantes o colaboradores del Cuerpo de Abogados del Estado le compete a su Director (v. Dictámenes 275:259, 370; 276:4, 24). No resulta de su competencia expedirse sobre cuestiones que no sean estrictamente jurídicas, tales como las que se refieren a la equidad o inequidad de las fórmulas contractuales, así como también a los aspectos técnicos y a razones de oportunidad, mérito y conveniencia (v. Dictámenes 244:555; 246:64 y 477). Toda vez que se trata de la contratación de un estudio jurídico del exterior para la prestación de sus servicios profesionales en el extranjero, supuesto no contemplado en las normas aplicables en nuestro país en materia de contrataciones administrativas, frente al vacío normativo cabrá ajustar el obrar administrativo a los principios generales aplicables en materia de contratación de servicios. En tal sentido, en situaciones análogas y al amparo del régimen de contrataciones vigentes en cada caso, se admitió la contratación directa de los servicios de estudios jurídicos para la asistencia del Estado Nacional en el extranjero. El Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, instituido por el Decreto N.° 1023/01, en su artículo 25, inciso d), apartado 2, permite la utilización del régimen de contratación directa para la realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA