Procuración del Tesoro de la Nación - DICTAMEN PTN N° 156\/15

Fecha de la disposición:25 de Noviembre de 2015
 
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AUTOMOTORES. Desarmado y venta de autopartes. Reglamentación. Resolución. Bloque de legalidad. Clausura preventiva. Fuerzas de seguridad. CONSTITUCIÓN NACIONAL. Tutela judicial efectiva. Fundamento. Principio de legalidad. Alcance. La clausura preventiva habilitada por la Resolución de la (ex) Secretaría de Seguridad Interior del (ex) Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos N.º 196/06 no es una sanción, sino una mera medida de prevención, tendiente a salvaguardar y a otorgar eficacia a los procedimientos de investigación llevados a cabo por las autoridades competentes en el marco de las facultades atribuidas. En tal sentido, dicha Resolución se halla en línea con el bloque de legalidad dentro del cual se inscribe y la aplicación que deviene y su vigencia, no resultaría contraria a los principios, derechos y garantías contenidos en la Constitución Nacional. La clausura preventiva plasmada por la Resolución de la (ex) Secretaría de Seguridad Interior N.º 196/06 ha sido prevista dentro del bloque de legalidad formado por la Ley N.º 25.761 y su reglamentación, el que sanciona determinadas actividades delictivas relacionadas con el desarmado de automotores y la venta de autopartes. De este modo sólo se ha limitado a especificar puntualmente determinadas atribuciones de las fuerzas de seguridad, entre ellas, la de proceder a clausuras preventivas cuando se verifiquen los supuestos allí establecidos, todo ello dentro del marco de la normativa penal de fondo y de forma vigente. De allí que esta medida, que sólo podrá ser ejecutada por personal policial y/o de las fuerzas de seguridad, tiene por objeto preservar elementos probatorios dentro del marco de la posible comisión de un delito. Esta previsión, así entendida, se encuentra en línea con las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación. La clausura preventiva establecida en la Resolución de la (ex) Secretaría de Seguridad Interior N.º 196/06 resulta ajustada al marco de legalidad dentro del cual fue dictada y, por ende, no podría ser tachada de inconstitucional, en tanto sea aplicada por la policía o las fuerzas de seguridad por la posible comisión de un delito, con el objeto de evitar la destrucción y/o el ocultamiento de prueba y dando inmediata intervención al juez competente. Ello a fin de garantizar en todo momento el resguardo de las garantías constitucionales, en especial, las del debido proceso contenidas en el artículo 18 de nuestra Ley Fundamental, y el principio de la tutela judicial efectiva. El principio de la tutela judicial efectiva supone la posibilidad de ocurrir ante los tribunales de justicia y obtener de ellos sentencia o decisión útil relativa a los derechos de los particulares y que requiere, por sobre todas las cosas, que no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que pudieran eventualmente asistirle, sino por medio de un proceso conducido en legal forma y que concluya con el dictado de una sentencia fundada (v. Fallos 327:4185). La configuración de un delito por leve que sea, así como su represión, es materia que hace a la esencia del Poder Legislativo y escapa de la órbita de las facultades ejecutivas. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe (art. 19 de la Constitución Nacional). De ahí nace la necesidad de que haya una ley que mande o prohíba una cosa, para que una persona pueda incurrir en falta por haber obrado y omitido obrar en determinado sentido. Y es necesario que haya, al mismo tiempo, una sanción legal que reprima la contravención para que esa persona deba ser condenada por tal hecho (art. 18). Estos dos principios fundamentales y correlativos en el orden penal, imponen la necesidad de que sea el Poder Legislativo quien establezca las condiciones en que una falta se produce y la sanción que le corresponde, ya que el Poder Ejecutivo solamente puede reglamentar la ley, proveyendo a su ejecución, pero cuidando siempre de no alterar su sentido. En tal sentido, la Resolución de la (ex) Secretaría de Seguridad Interior del (ex) Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos N.º 196/06, en tanto faculta a las fuerzas policiales y de seguridad a clausurar en forma preventiva los lugares donde se detecten infracciones a las normas que regulan el desarmado de automotores y la comercialización de repuestos usados, no viola el principio de legalidad penal, ya que tanto la tipificación de la conducta punible como sus sanciones fueron puntualmente definidas por el legislador en la Ley N.º 25.761. Dictamen N.º 156/15, 2 de julio de 2015. Expte. PTN N.º S04:0039173/14. Ministerio de Seguridad (Dictámenes 294:15). Expte. PTN N.° S04:0039173/14 N.° original 464/14 MINISTERIO DE SEGURIDAD BUENOS AIRES, 2 de julio de 2015. SEÑOR SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, PLANEAMIENTO Y FORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD: Se remiten las presentes actuaciones a esta Procuración del Tesoro de la Nación a fin de que se expida sobre la vigencia y constitucionalidad de la Resolución de la (ex) Secretaría de Seguridad Interior del (ex) Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos N.° 196/06 (B.O. 24-5-06), en tanto faculta a las fuerzas policiales y de seguridad a clausurar en forma preventiva los lugares donde se detecten infracciones a las normas que regulan el desarmado de automotores y la comercialización de repuestos usados. - I \u2013 ANTECEDENTES 1. A fojas 1/13, la Dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes de la Secretaría de Seguridad de ese Ministerio dirigió una nota a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esa Cartera de Estado en la que sostuvo, en lo esencial, que: a) El Decreto N.° 1742/12 (B.O. 25-9-12) había establecido las competencias de esa repartición, entre las que...

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