Procesan a Cristina por asociación ilícita y le traban un embargo millonario

por corrupción por primera vez. El juez federal Julián Ercolini estableció que integró una junto con ex funcionarios y con su socio Lázaro Báez para apoderarse de dinero público destinado a obras públicas en Santa Cruz. También le embargó bienes por $ 10.000 millones.

Las 52 obras adjudicadas al grupo Báez tienen un valor actualizado de 3000 millones de dólares y, en promedio, un sobreprecio del 15%, es decir, 450 millones de dólares, según lo estableció el juez.

Ercolini procesó también al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex director de Vialidad Nacional Guillermo Periotti y a Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner, entre otros. Además, dictó la falta de mérito de los ex funcionarios Abel Fatala, Ernesto Eduardo Morilla, Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez y Hugo Rodríguez.

está acusada de integrar una asociación ilícita y de cometer fraude contra el Estado, que se castiga con hasta 10 años de prisión, pero no irá presa, pues el juez entiende que no hay peligro de que se fugue ni de que entorpezca la investigación. Además, consideró su falta de antecedentes y que cuando se la requirió estuvo disponible.

Este procesamiento contra Cristina Kirchner se suma al que dictó el juez Claudio Bonadio por administración infiel, porque ordenó vender dólares a futuro a menor precio que el de mercado. Ese fallo está firme y Bonadio se encamina a enviarla a juicio en febrero. En este caso de la obra pública santacruceña se descuenta que Cristina Kirchner apelará. Si a pesar de ello el fallo quedara firme, Ercolini podría elevar el caso a juicio en 2017.

Éste es el primer caso de corrupción donde el juez sostiene que la ex presidenta integró una organización delictiva para beneficiar a Báez, aunque señaló que el empresario le transfirió entre 2009 y 2013 20,7 millones de pesos.

"Se trata de un plan delictivo que se extendió a lo largo de tres mandatos presidenciales -durante 12 años- diseñado desde la cúpula del Poder Ejecutivo con objeto de apoderarse ilegítimamente de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz", dijo el juez. Ercolini sostuvo que la estructura del gobierno se diseñó para cumplir con el plan que trazó la asociación ilícita.

Esta causa fue iniciada por la denuncia del gobierno de Mauricio Macri a partir de una presentación que realizó el actual titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, que...