Procesal penal: medidas de coerción

Páginas:279-280
 
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II
Procesal penal. Medidas de coerción
Sumario
§1.- Trib. Crim. 1, causa 495/10, o.i. 2398, r ta. 30 de julio 2011 . Rechazo de morigeración de l a prisión
preventiva. Conversión de la naturaleza de la prisión preventiva una vez que ha mediado condena aunque esta no
se halle firme. Status jurídico de la privación de libertad de un condenado. La presunción de certeza que emana de
una condena aunque no se encuentre firme.
§1.- Rechazo de morigeración de la prisión preventiva. Conversión de la naturaleza de la
prisión preventiva una vez que ha mediado condena aunque esta no se halle firme. Status
jurídico de la privación de libertad de un condenado. La presunción de certeza que emana
de una condena aunque no se encuentre firme
Si bien la sentencia que afronta actualmente L. B., no se halla firme, no es menos cierto que este tribunal ha debido
arribar a un nivel de certeza convictivo para disponer la condena en orden al mérito de las pruebas colectadas (arts.
210, 373 y 375 del C.P.P.B.A.). En este andarivel, destaco que no se h allan conjurados los peligros procesales que
la normativa ritual impone como valladar para la concesión de morigeraciones a la prisión preventiva. Así debe
señalarse que, si bien en esta etapa ya no es preciso garantizar una investigación de los hechos idónea, pues se ha
superado la etapa investigativa, se mantienen los riesgos acollarados al aseguramiento de la presencia del imputado
en el procedimiento penal y a segurar una eventual ejecución de la pena. Estos riesgos procesales s on de igual
entidad epistémica que los señalados por la defensa, esto es, el obstaculizar las diligencias de instrucción.
Ello se concretiza en que el sub examine importó una pena no firme en el contexto de un delito de homicidio,
planificado y mediante el uso de un instrumento contundente con el que se propinaron diversas lesiones de
gravedad a la víctima que concluyeron con su deceso, a más de ello, cabe anotar que existía una r elación previa
con la víctima de tinte contractual. El evento denota una particular violencia y desprecio por la vida humana.
Asimismo, y ello conectado con las pautas de mención, la pena en expectativa es un dato a tener en cuenta, pues ya
no puede mensurarse en abstracto, sino que es posible colegir la magnitud de la pena en expectativa a través de una
prognosis cierta. No puede soslayarse que las sentencias no firmes cuentan con una presunción de certeza que
fluye de su propia mecánica de conocimiento basada en la certeza de sus asertos (Sala III de la Cámara Nacional de
Casación Penal, causa 5359, “Peralta, Claudio Gabriel s/ recurso de casación”, rta. 10 de n oviembre 2004). En
definitiva, se le impuso al causante una pena de 16 (dieciséis) años de prisión (fs. 820/821).
Obsérvese que el hecho que nos convoca acaeció en julio de 2008, siendo juzgado en el mes de junio de 2011. La
aprehensión del causante había sido prácticamente inmediata. Que, conforme lo preceptuado por el art. 7, numeral
5, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “toda persona detenida o retenida (…) tendrá derecho a
ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”.
Ahora bien, este juzgamiento que exige la preceptiva supraconstitucional en orden a la observancia del plazo
razonable se ha producido efectivamente en autos. En su mérito, n o puede predicarse que L. B., al día de h oy no
cuenta con un pronunciamiento que haya valorado su situación material frente a la acusación que le fuera
formulada y a la s pruebas producidas a lo largo del juicio. Este h a sido el criterio oportunamente aplicado por la
Corte Europea de Derechos Humanos al determinar que, en el caso sometido a su estudio y que sirve de precedente
a esta causa, ese tribunal debía “establecer si el final del período de detención del que habla el artículo 5 (3) de la
Convención es el momento en que la sentencia condenatoria queda firme o si simplemente basta con la sentencia
de primera instancia. Y se inclina por el segundo caso. Hay un detalle decisivo para esto; es que el declarado
culpable en primera instancia ya se en cuentra en la posición prevista en el artículo 5 (1) (a) de la Convención,
cuando autoriza la privación de la libertad ‘después de la sentencia’”. Agregó el tribunal que “no debe olvidarse
que la culpabilidad de la persona que está detenida durante la apelación o proceso de revisión de sentencia se
declaró en el curso de un juicio realizado en los términos del artículo 6 de la Convención” (Corte Europea de
Derechos Humanos, “Wemhoff v. República Federal Alemana”, publicado en Revista de Derecho Procesal Penal,
Excarcelación. Jurisprudencia, dirigida por Edgardo Alberto Donna, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, p. 346).
Cabe destacar que el texto del art. 5.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos guarda similitud de redacción
con lo preceptuado por el art. 7.5. de la Convención Americana de Derechos Humanos. A idéntica conclusión
arribó la mayoría de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, al señalar que, en el caso sometido a
juzgamiento, no se ha demostrado que en el marco del art. 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos
el derecho a ser puesto en libertad subsiste una vez que el imputado ha sido juzgado por sentencia no firme, lo que
resulta indispensable para prescindir del texto de la ley 24.390, en cuanto establece que los plazos allí previstos no

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