El Procedimiento Contravencional Bonaerense

• Autor: Mario Alberto Juliano
• Páginas: 339-431

CAPÍTULO 5

EL PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL

BONAERENSE

I. INTRODUCCIÓN

El procedimiento contr avencional del decreto ley 8.031/1973

se encuentra regulado a lo largo de cuarenta artículos contenidos

en el título III –Órgano de la Justicia de Faltas y del Procedimien-

to–, el que a su vez se compo ne de nueve capítulos –de los funcio-

narios, de la competencia para la instrucción de los procesos con-

travencionales, de las noticaciones y términos, actos iniciales, del

juicio contravencional, de los medios de prueba y su mérito, de la

sentencia y las disposiciones generales y transitorias–.

Los tipos contravencionales analizados en el capítulo an-

terior son indisimulables por su notoria imprecisión y vaguedad y

por su anacrónica y prejuiciosa carga moralista. Si bien estas ca-

racterísticas no pueden ser ocultadas, al menos sus consecuen-

cias podrían haber sido minimizadas si en el concreto plano de la

realización del derecho nos encontráramos con un procedimiento

que garantizase un debido proceso contravencional, ajustado a

las pautas que en la materia indica la Constitución Nacional y el

derecho internacional de los derechos humanos 443.

443Especícamente los artículos 8.1 y 8.2 de la CADH.

CÓDIGO DE FALTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

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Lamentablemente, nada de ello ocurre. Muy por el con-

trario, el procedimiento contravencional bonaerense constituye

un resumido catálogo de las peores artes en punto al modo de

concretar la realización de los derechos y garantías que protegen

a todo individuo sometido a un proceso de tipo aictivo, de don-

de pueden derivarse consecuencias hasta de carácter corporal,

como concretamente lo es el arresto.

Pueden señalar se entre los peores rasgos del proced imien-

to contravencional bonaerense la total ausencia de poder requi-

rente diferente del encargado de resolver el conicto –esto es, el

Ministerio Público Fiscal–, la acotadísima posibilidad de interven-

ción del defensor, la consideración del imputado como un verda-

dero objeto del proceso y, nalmente, –posiblemente lo más grave

de todo– la unicación del poder requirente y el jurisdiccional en

un mismo órgano –esto es, el juez contravencional– 444.

Tales circunstancias derivan en la imposibilidad de cum-

plir con los recaudos mínimos exigidos para la existencia del de-

bido proceso legal y caracterizados por la Corte Federal como

la necesidad de vericación de “acusación, defensa, prueba y

sentencia” 4 45 para su existencia. Exigencias procesales que, con

la incorporación del denominado derecho internacional de los

derechos humanos al texto constitucional luego de la reforma de

1994, han pasado a revistar dentr o de la categoría de los derechos

fundamentales que protegen a todos aquellos que se encuentran

sometidos a procedimientos de carácter represivo.

En verdad, el procedimiento contravencional bonaerense

poco y nada tiene de procedimiento, al menos en lo que contem-

444“Como se podrá apreciar, nos encontramos ante un procedimiento anómalo y aberrante,

en el cual el jefe o subjefe de Policía se convertían, en determinados momentos, en jueces de la

Constitución. Otra de las irregularidades contenidas en la ley citada consistía en que, al ser la

misma Policía la autoridad preventiva o de constatación, el jefe o subjefe terminaba siendo juez y

parte, con todas las secuelas distorsivas que ello implicaba para los justiciables, como también

para sus abogados”, Genoni, Eduardo Héctor: Régimen de Faltas de la Provincia de Buenos Aires,

Buenos Aires, B de F, 2002, pág. 6.

445Ello así desde los conocidos casos: “Tarifeño, Francisco”, del 28 de diciembre de 1989;

“García, José A.”, del 22 de diciembre de 1994; y “Cattonar, Julio P.”, del 13 de junio de 1995,

con el momentáneo retroceso en esta doctrina experimentado en “Marcilese, Pedro Julio y otro s/

homicidio calicado”, causa 15.888/98”, fallo del 15/8/2002, para retornar luego –con el cambio

de composición operado en la Corte a partir de 2003–, a la doctrina tradicional a partir del caso

“Mostaccio, Julio Gabriel s/homicidio culposo”, fallo del 17/2/2004.

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poráneamente debe entenderse por un proceso legal y debido 4 46,

y es probable que obedezca a la naturaleza intrínseca de la ideo-

logía del decreto ley 8.031/1973, donde, en pos del mantenimiento

de una paz y un orden social determinados, los individuos eran

reputados como meros objetos del disciplinamiento, los cuales

debían someterse a los objetivos trazados por la ley, que en este

orden de cosas, resultan ser de superior importancia y relevancia

que las personas mismas. Únicamente en un marco referencial de

esta índole puede admitirse un modo de realización del derecho

donde se prescinda en forma total de los más elementales princi-

pios que en materia procesal, hoy por hoy, resultan reconocidos

en el derecho vigente.

El procedimiento contravencional bonaerense –el Código

en su totalidad– no admite enmiendas parciales, y la única solu-

ción a la problemática que propone es su reformulación integral.

No obstante ello, tomando en consideración los intereses que se

encuentran en juego –la libertad y fortuna de nuestros coprovin-

cianos–, estimamos que, aun dentro del marco del irregular decre-

to ley 8.031/1973, es posible optimizar su aplicación, para ponerlo

en sintonía con mecanismos más apegados al estado constitucio-

nal de derecho. Ello por la vía de lo normado en el artículo 3 del

decreto ley 8.031/1973, que dispone la aplicación supletoria del

Código de Procedimiento Penal (ley 11.922) para todas aquellas

cuestiones que no se encuentren expresamente previstas por la

ley. Es en ese sentido que, a los nes de salvar un ápice de lega-

lidad, debe entenderse factible girar las actuaciones al Ministerio

Público Fiscal para que – aún encontrándose fuera de sus deb eres

explícitos, pero no de los que l e son naturales– se pronuncie sobr e

los méritos de la causa c ontravencional e indique el temperamento

a seguir –ya sea acusando o solicitando el archivo de las actua-

ciones–.

446“El procedimiento previo establecido por la Constitución no es cualquier proceso que pue-

dan establecer, a su arbitrio, las autoridades públicas competentes para llevarlo a cabo (…) Al

contrario, se debe tratar de un procedimiento jurídico, esto es, reglado por ley, que dena los

actos que lo componen y el orden en que se los debe llevar a cabo (…) Pero el procedimiento

reglado que exige la Constitución tampoco es cualquier procedimiento establecido por la ley, sino

uno acorde con las seguridades individuales y formas que postula la misma ley suprema (juez

natural, inviolabilidad de la defensa, tratamiento del imputado como inocente, incoercibilidad del

imputado como órgano de prueba, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia epistolar,

juicio público a decidir por jurados en la misma provincia en la que se cometió el delito), regulando

así las pautas principales a las que deberán ajustarse las leyes de enjuiciamiento penal, que ellas

se ocuparán de regular con minuciosidad”, Maier, Julio B. J.: Derecho Procesal Penal Argentino,

tomo 1b, Buenos Aires, Hammurabi, 1989, págs. 250-251.