Sentencia nº AyS 1997 II, 1003 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 27 de Mayo de 1997, expediente P 59997

PonenteJuez GHIONE (SD)
PresidenteGhione-San Martín-Laborde-Hitters-Pettigiani
Fecha de Resolución27 de Mayo de 1997
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

DICTAMEN DE LA PROCURACION GENERAL:

La Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de San Isidro resolvió denegar la libertad de H.A.R. y de J.E.G.. A.. 1º, 2º y 9º de la ley 24.390; 7º punto 5º de la ley 23.054 (fs. 335/337 vta.).

Contra este pronunciamiento interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la defensora oficial de los procesados (fs. 345/350 vta.).

Denuncia la violación de los arts. 2 y 3 -por inaplicación- y 24 del Código Penal, 7 y 8 de la ley 24.390 y 31, 75 inc. 12 y 16 de la Constitución Nacional.

En mi criterio el recurso no puede prosperar.

Tengo comprometida opinión, a partir del dictamen emitido en causa P. 59.457 "Sueldo, C.R. s/Rec. de revisión", del 8-5-95, en el sentido de considerar inaplicables en el ámbito de la Provincia las disposiciones de la ley 24.390.

Sostuve en el precedente indicado que "...como emerge del propio texto de la ley 24.390, así como también de su mensaje de elevación por el Poder Ejecutivo y del debate parlamentario, la normativa atañe exclusivamente a los procesados, no a los condenados con sentencia firme. Aquéllos son los únicos sujetos mencionados en los arts. 1 y 2, y a ellos se refieren los textos siguientes (3 a 6). Naturalmente, no podrían articularse objeciones en cuanto a que tal diferenciación entre procesados y penados violentaría la garantía de igualdad, pues obviamente es posible otorgar tratamiento desigual a quienes se encuentran en categorías o situaciones diversas.".

"Ahora bien, la modificación del art. 24 del Código Penal concierne, según el art. 8 del estatuto que nos ocupa (24.390), a una precisa órbita: `para los casos comprendidos en esta ley '. Esos casos resultan ser, precisamente, los regulados en los dispositivos anteriores y en especial, los mencionados en los arts. 1 y 2. Justamente al elevarse el proyecto de ley y al debatirse el mismo en el Parlamento, se hizo mención de la necesidad de afrontar, entre otros, los problemas de superpoblación carcelaria del orden nacional y la lentitud en la resolución de las causas.".

"En esas condiciones, el sistema de cómputo de la prisión preventiva concebido por la nueva normativa y el propio art. 8 en cuanto modificatorio del Código Penal, no deberían recibir aplicación en el ámbito provincial. Por de pronto, está claro que la materia eminentemente procesal de que trata la ley es de la esfera provincial (arts. 75 inc. 12 y 121 Constitución Nacional; 1, 3, 10, 21, 45 y 103 inc. 13 de la Provincial). Y si los arts. 7 y 8 de la ley 24.390 han sido emplazados en función de la regulación procesal nacional -inaplicable en la provincia- no se les puede otorgar ultraactividad abarcando situaciones para las cuales no fueron previstos.".

"Es que la Provincia tiene un sistema propio de regulación procesal de las cuestiones contempladas en la ley 24.390. Ese sistema es el que emerge del art. 437 del Código de Procedimiento Penal y de los arts. 437 bis, ter y quater, incorporado por la ley 11.624, con más el instituto de la excarcelación (ley 10.484 y sus modificatorias) y disposiciones afines. Claramente, los destinatarios de este régimen son distintos a los sujetos comprendidos en la ley nacional, no constituyendo `los casos comprendidos en esta ley '".

"Si bien el art. 9 de la ley 24.390 establece que la misma es reglamentaria del art. 7.5, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), esa reglamentación podrá operar -como toda cuestión procesal- en el ámbito nacional. Porque lo cierto es que en la provincia el legislador también ha reglamentado aquella garantía incluída en el Pacto, y lo ha hecho a través de las...

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