Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 11 de Mayo de 2021, expediente FGR 033008736/2005/TO02/CFC015

Fecha de Resolución11 de Mayo de 2021
EmisorCAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FGR 33008736/2005/TO2/CFC15

REGISTRO N° 613/21

la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de mayo del año 2021, integrada la S. IV de la Cámara Federal de Casación Penal por el doctor J.C.–.- y las doctoras Angela E.

Ledesma y L.E.C. –Vocales-, asistidos por el secretario actuante, reunidos de manera remota de conformidad con lo establecido en las Acordadas 27/20 de la C.S.J.N. y 15/20 de la C.F.C.P., para resolver el recurso de casación interpuesto en esta causa FGR

33008736/2005/TO2/CFC15, caratulada “VITON, G. y otros s/recurso de casación”; de la que RESULTA:

I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, el 27 de febrero de 2020, dictó

sentencia: “1) CONDENANDO a A.A.C., de condiciones personales obrantes en autos, a la pena de TRES (3) AÑOS Y SEIS MESES DE

PRISION, inhabilitación por doble tiempo del de la condena, accesorias legales y costas del proceso,

por considerarlo PARTICIPE PRIMARIO penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia (art.

144 bis — inciso 1, último párrafo- en función del art. 142 —inciso 1- del CP, t.o. ley 14.616, con la modificación de la ley 21.338) cometido en 1

oportunidad (caso "F.O.") y aplicación de tormentos agravada por resultar la victima perseguido político (art. 144 ter — segundo párrafo-

del CP, agregado por ley 14.616) (mismo caso),

Fecha de firma: 11/05/2021

Firmado por: L.C., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: A.E.L., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: C.J.C., JUEZ DE CAMARA DE CASACION 1

Firmado por: M.F.O., PROSECRETARIO DE CAMARA

hechos que concursan materialmente entre sí (art. 55

CP)”.

II. Contra esa decisión, interpuso recurso de casación la Defensa Pública Oficial de A.A.C., el que fue concedido por el a quo -en cuanto a su admisibilidad formal- y mantenido oportunamente ante esta instancia.

III. La parte fundó la procedencia de la vía recursiva en ambos incisos del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, al sostener que la sentencia adolece tanto de vicios in procedendo como de una errónea aplicación de la ley sustantiva.

Luego de fundar la admisibilidad del remedio, expuso que el tribunal no efectuó ninguna consideración respecto a cuál fue el aporte individual realizado por su asistido en la comisión de los delitos investigados.

A continuación, expresó que el único argumento en el que se basó la aplicación de la figura de tormentos fue calificar el accionar, o falta de accionar, de C. como realizado con dolo eventual.

En tal sentido, destacó que “se pretende sostener que C. a los quince (15) días posteriores al golpe de estado de 1976, debió

advertir que O. bajo las circunstancias supra descriptas, y habiendo pasado por dos lugares de detención posteriores a su fugaz paso por la Comisada de Cipolletti, y puesto a disposición el PEN, sería sometido a torturas. Este y no otro es el Fecha de firma: 11/05/2021

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razonamiento que surge de la sentencia puesta en crisis”.

Continuó afirmando que la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos o D., incorporada a nuestra Constitución Nacional en el art. 75 inc. 22, define en su art. 1 a la tortura como “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión…”.

Explicó que el artículo citado habla de “infringir intencionalmente”, por lo que se requiere conocimiento y voluntad. Destacó, a partir de ello,

que el aspecto subjetivo del delito en cuestión es doloso y precisa para su configuración una vinculación de dolo directo, por lo que no admite su comisión mediante dolo eventual.

Manifestó, a continuación, que “la víctima — F.O. — no fue trasladado a un Centro clandestino de detención, luego de su paso por la Comisaria de Cipolletti. No fue torturado previo a su ingreso en la comisarla, ni durante su estadía allí. Tampoco lo fue en la Prisión Regional del Sur,

lugar de alojamiento inmediatamente posterior a su paso por Cipolletti. Ingresó a la Unidad 9 del SPF y fue anotado a disposición del PEN. Mi asistido C., bajo aquellas circunstancias descriptas,

no tenía ninguna posibilidad de suponer que este sería torturado”.

Fecha de firma: 11/05/2021

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Por otro lado, señaló que la decisión cuestionada adolecía de falta de fundamentación y que alcanzaba sus conclusiones a partir de una generalización “emanada de un razonamiento en abstracto, impreciso y por tanto, desvinculado de las específicas modalidades del caso y de un análisis crítico de los elementos de prueba,

tornando su escueto razonamiento en aparente fundamentación”.

Indicó que el acto de determinación de la pena fue realizado sin valorar las circunstancias personales actuales de C., apartándose de las normas legales que estrictamente rigen la cuestión.

Agregó que debían considerarse “la cantidad de años transcurridos entre la comisión de los hechos atribuidos (todos del año 1976) y este juicio de cesura, la personalidad actual de mi asistido y los informes socio ambientales e historias clínicas, los que dan cuenta no sólo de la inexistencia de esa suerte si no también y fundamentalmente de la resocialización buscada por la pena”.

Sostuvo, asimismo que su asistido “estuvo detenido en la Unidad 9 de Neuquén, por más de nueve (9) años sin haber gozado de ningún beneficio de la Ley 24660 en la presente causa. Debió atravesar un tratamiento psicológico riguroso en dicho establecimiento, sumado a los cuidados lógicos por la edad respecto de su salud. Su concepto y conducta siempre fue excelente, sin haber sido impuesto de ninguna sanción disciplinaria, tampoco tuvo problemas de convivencia. Habiendo recuperado su Fecha de firma: 11/05/2021

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libertad acompañó los últimos días de vida de su esposa quien atravesó una larga enfermedad y finalmente falleció recientemente”.

En ese mismo sentido, entendió que debió

tomarse a modo de atenuante “el excesivo tiempo transcurrido desde los hechos que se juzgan hasta el momento, con la consiguiente restricción de derechos continuada que ha sufrido mi defendido por causas ajenas a su persona”

Por esos motivos solicitó que se hiciera lugar al recurso planteado, se dejara sin efecto la aplicación de la agravante impuesta y, en subsidio,

se disminuyera el monto de la pena establecido.

Hizo reserva del caso federal.

VI. a. Que, en la etapa procesal prevista por los artículos 465, cuarto párrafo, y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, la Defensa Pública Oficial de C. se presentó y manifestó

que la imputación del delito de aplicación de tormentos se basó exclusivamente en el cargo funcional que su defendido detentaba al momento de los hechos. Indicó que de esta circunstancia no podía desprenderse que aquél hubiera tenido conocimiento y voluntad de que la víctima iba a ser sometida a torturas.

Destacó que la figura bajo estudio supone la existencia de dolo directo y que en el caso era necesario demostrar que C. efectivamente conocía y tenía voluntad de que O. fuera torturado en otras dependencias.

Por otro lado, indicó que la autoría Fecha de firma: 11/05/2021

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Firmado por: M.F.O., PROSECRETARIO DE CAMARA

tampoco podía configurarse en un supuesto de coautoría por dominio funcional del hecho, porque aquélla requería que se identificara cuál fue la contribución concreta aportada por el imputado, lo que no se habría visto verificado en el caso.

En ese mismo sentido, señaló que al no precisar el aporte concreto objeto de reproche se avasallaron los derechos de defensa y de debido proceso.

  1. En dicha oportunidad se presentó el representante del Ministerio Público Fiscal y peticionó el rechazo del recurso interpuesto.

    En relación a la falta de fundamentación del auto impugnado, sostuvo que estos argumentos “ya fueron evaluados por la instancia y fueron reiterados por el Tribunal Oral al momento de expedirse por la condena del imputado sin que se adviertan las falencias argumentativas que intenta demostrar la defensa. En efecto, surge de la resolución impugnada que se remitieron a la interpretación de los hechos y su subsunción efectuada por la mayoría fijada por el tribunal superior, además de la fundamentación esgrimida en la audiencia por el Ministerio Público Fiscal”.

    En relación a las críticas efectuadas a la mensuración de la sanción, apuntó que “la defensa no logra demostrar la arbitrariedad que alega, ni la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del C.P.,

    ello por cuanto el tribunal tuvo en cuenta la proporción con la naturaleza y gravedad de los delitos por los que fue condenado, sin que se Fecha de firma: 11/05/2021

    Firmado por: L.C., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

    Firmado por: A.E.L., JUEZ DE CAMARA DE CASACION

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    Firmado por: C.J.C...

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